Edwin Santiago Mazari Ayala
Expediente 418/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
- Edwin Santiago Mazari Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Edwin Santiago Mazari Ayala. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 80/2022, con número de orden 101/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, que dio origen al diverso 468/2022 (orden 517/2022), de la estadística de la autoridad oficiante, que le fue enviado para notificar a la parte quejosa el auto de veinte de abril de dos mil veintidós, por el que se le requirió a fin de que ratificara la firma del escrito aclaratorio de demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respetivo, sin que haya necesidad de acusar recibo, pues el mismo no fue solicitado por la oficiante. Quejoso ratifica firma de escrito. Ahora, del contenido de la comunicación que se tiene por recibida en esta fecha, se advierte que el impetrante de amparo, al requerirle si ratificaba la firma que calza el escrito aclaratorio de demanda que presentó el diecinueve de abril de dos mil veintidós, manifestó, que ratificaba el escrito en todas sus partes, reconociendo como suya la firma al calce del citado escrito, lo que se advierte de la diligencia de notificación personal practicada por el fedatario adscrito al Juzgado exhortado: En consecuencia, en atención a lo anterior, se provee lo siguiente: Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causa de improcedencia. En el caso, del estudio integral de demanda se desprende que la parte quejosa en esencia reclama lo siguiente: ". LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, de fecha 15 de diciembre del 2021, QUE CONFIRMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha 13 de Junio del 2021, en contra de *******, por su probable intervención de los hechos que la ley señala como delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 106, relacionado con los numerales 17 y 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos; por considerar violatorio a los Derechos Humanos y al Debido Proceso." Sin embargo, a consideración de quien esto resuelve, respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (...)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será´ de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá´ interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será´ de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá´ presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así´ como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será´ de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computara´, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computara´ a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que del ocurso aclaratorio de demanda se puede advertir que la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día siete de marzo de dos mil veintidós, por consiguiente, es evidente que la demanda de amparo se presentó de forma extemporánea. Ello es así´, ya que la demanda de amparo la presento´ hasta el uno de abril de dos mil veintidós, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, lo que implica que la parte quejosa consintió´ de manera tácita los actos aquí´ analizados, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los mismos, esto, toda vez que refiere que con fecha siete de marzo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto reclamado, por tanto, dicho término debió trascurrir del nueve al treinta de marzo de dos mil veintidós, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo del año en cita, por ser inhábiles; empero, al no hacerlo así´, la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TE´RMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIO´N EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIO´N DEL ARTI´CULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el termino para la interposición de la demanda de garantías será´ de quince días que se computara´ desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Asi´ pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Aunado a lo anterior, únicamente se destaca, para los efectos legales a que haya lugar, que con antelación al presente asunto, el quejoso promovió diverso escrito de demanda, por el mismo acto reclamado y autoridad responsable, el que se encuentra radicado con el número 186/2022, mismo, que por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada, ello al no haber ratificado el escrito por el cual, pretendió subsanar la prevención formulada. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, por ende, SE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se agrega en autos para que obre como corresponda, el escrito del quejoso ****, por el cual desahoga la vista dada en autos y realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado al fallo protector; las cuales se tiene por formuladas y serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre dicho cumplimiento. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de abril de dos mil veintidós. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el doce de marzo de dos mil veinte, se pronunció sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que (fojas 233 a 258): "a) Los artículos 93 ter a 93 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén la tarifa del impuesto predial, no le sea aplicado tanto en el presente como en el futuro a los impetrantes, en la parte normativa que se precisó viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria. b) En consecuencia, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aplique la tasa mínima de dos al millar sobre la base total del predio, establecida para los predios rústicos, que por concepto de impuesto predial erogó la parte quejosa en el recibo pago con folio 02255221 de diez de diciembre de dos mil diecinueve y le devuelva el excedente. c). Se devuelva a los promoventes las cantidades enteradas en aplicación del impuesto adicional de 25%, por tanto, deberá reintegrarse la cantidad que pagaron por concepto de impuestos adicionales, según obra en los recibos de pago 02255221 y 02255223, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, expedidos por el Municipio de Cuernavaca, Morelos. Cantidades que en términos de los artículos 46 y 48 del Código Fiscal del Estado de Morelos, deberán devolverse debidamente actualizadas hasta el momento en que este fallo cause ejecutoria." Determinación, contra la que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, interpuso recurso de revisión, mismo que quedó radicado con el número 291/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por sesión de cinco de abril de dos mil veintiuno, confirmó la resolución recurrida (fojas 313 a 352). Enseguida, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos, requiriéndose el cumplimiento del fallo protector (fojas 353 y 354). Ahora bien, de las constancias exhibidas por las autoridades responsables, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, exhibió en original la comparecencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la que la parte quejosa recibió el cheque 2235, por la cantidad de $4,403.89 (cuatro mil cuatrocientos tres pesos 00/89 moneda nacional), con el fin de devolver la cantidad pagada por el quejoso (foja 389). Así las cosas, este juzgado advirtió que la autoridad responsable no acreditó que se le dejaran de aplicar tanto en el presente como en el futuro al impetrante de amparo los 93 ter a 93 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén la tarifa del impuesto predial, en la parte normativa que se precisó viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, por lo que mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que la ejecutoria constitucional no se encontraba cumplida, razón por la cual, se requirió nuevamente se acatara el fallo protector (fojas 403 a 405). Ahora bien, mediante oficio recibido el tres de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del memorándum ... de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno en el que la Dirección de Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dejó de aplicar tanto en lo presente como en lo futuro los 93 ter a 93 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que prevén la tarifa del impuesto predial, en la parte normativa que se precisó viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, lo cual acreditó con la captura de pantalla del Sistema de Predial y Servicios Públicos Municipales de dicha dependencia (fojas 406 a 409). Ahora bien, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones respecto a la vista concedida en autos (foja 412). En su escrito, el impetrante del amparo medularmente sostiene que a efecto de que se pueda verificar el cumplimiento dado al fallo protector en el juicio de amparo, se debe requerir a la autoridad responsable remita copia certificada de la forma en que se calculó el impuesto predial respecto a los bimestres uno a seis de dos mil veinte, en la cual se debe detallar la tasa aplicada en dicha operación; asimismo, que la sola entrega del numerario erogado relativo al ejercicio dos mil diecinueve, así como la inscripción relativa efectuada por la autoridad hasta el uno de diciembre de dos mil veintiuno de ninguna forma colma los efectos para los cuales fue concedido el amparo. Tiene razón el quejoso en su planteamiento, porque efectivamente, para que este juzgado de distrito logre determinar que la ejecutoria se encuentra cumplida sin excesos ni defectos, la autoridad responsable debe acreditar cabalmente que a partir de la emisión de la ejecutoria de amparo, se dejó de aplicar el impuesto tildado de inconstitucional. Lo anterior es así, toda vez que de la misiva que obra en autos a foja 406 se advierte que el tesorero responsable hasta el uno de diciembre de dos mil veintiuno solicitó a la Direccion de Impuesto Predial diera cumplimiento con lo ordenado por este juzgado, razón por la que la dependencia requerida en esa misma fecha dio respuesta (foja 407) manifestado que se dejó de aplicar a la parte quejosa tanto en lo presente como en el futuro los artículos 93 ter a 93 Ter 11 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, lo que genera incertidumbre respecto a la citada aplicación en la anualidad dos mil veinte, en virtud de que, como se asentó, fue hasta el dos mil veintiuno en que se giró la citada orden de inaplicación. En mérito de lo anterior, este juzgado de distrito determina que la ejecutoria de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA EN SUS TÉRMINOS, por lo que resulta procedente requerir al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, con copia del ocurso presentado por la parte quejosa acredite la forma en que se calculó el impuesto predial respecto al año dos mil veinte, en el que se detalle la tasa aplicada en dicha operación. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
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