Edwin Sánchez Talavera
Expediente 1934/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1934/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/05/2016
Partes del expediente
- Edwin Sánchez Talavera
- Administrador Local de Auditoria del Servicio de Administración Tributaria en Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Visto el auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, en que se declaró ejecutoriada la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo que promovió Edwin Sánchez Talavera, por propio derecho, contra actos del Administrador Local de Auditoria del Servicio de Administración Tributaria en Toluca, Estado de México y otras autoridades; por tanto, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de veinte de abril de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable, por analogía y por las consideraciones que la sustentan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la voz: REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO SÓLO LO PROMUEVE EL TERCERO PERJUDICADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Octubre de 2010; Pág. 3174]. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión. Se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En términos de la certificación de que se trata y conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó y se concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1934/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil quince (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano jurisdiccional, Edwin Sánchez Talavera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: III.- Se señalan como autoridades responsables ordenadoras: 1.- AL C. ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". 2.- AL C. ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". 3.- AL C. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". 4.- AL C. JEFE DEL MÓDULO TOLUCA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". 5.- A LA SUCURSAL 5070 de banco BBVA BANCOMER S.A. DE C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". Se señalan como autoridades ejecutoras: 3.- Al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". 4.- Al Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama" 5.- Al Gerente de Atención a Autoridades, adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama" 6.- APODERADO DE LA SUCURSAL 5070 de banco BBVA BANCOMER S.A. DE C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, a quien se le imputa la inmovilización de las (sic) cuenta bancaria que se describe en el capitulado de "Ley o Acto que de la Autoridad se reclama". IV.- LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA El acto que se reclama es "EL INCONSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN, CONTRATOS, CHEQUES, CAJAS DE SEGURIDAD, MESA DE DINERO, DEPÓSITO DE VALORES EN ADMINISTRACIÓN Y FIDEICOMISOS EN QUE LA QUEJOSA FUERE FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO EN LA PARTE QUE JURÍDICAMENTE LE CORRESPONDA. Siendo que dicho acto me afecta en el uso de los siguientes productos bancarios y financieros: BANCO TIPO DE CUENTA NÚMERO DE CUENTA/CONTRATO BBVA Bancomer Cuenta de moneda nacional 0199110984 SEGUNDO. Por auto de treinta de noviembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional radicó el asunto con el número 1934/2015, y admitió a trámite la demanda; solicitó los informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, ordenó el trámite del incidente de suspensión de los actos reclamados; señaló hora y día para la audiencia constitucional. La parte quejosa narró los antecedentes del caso y no señaló tercero interesado; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; y, precisó que los actos reclamados son violatorios del artículo 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, mediante proveídos de siete de diciembre de dos mil quince y veintiocho de enero de dos mil dieciséis (foja 31 y 46), se tuvieron por inexistentes a las autoridades denominadas por el quejoso como JEFE DEL MÓDULO TOLUCA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO y GERENTE DE ATENCIÓN A AUTORIDADES, ADSCRITA A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; motivo anterior, por el cual se suspendió toda comunicación con las mismas. Luego, sustanciado en sus trámites el presente cuaderno, la audiencia constitucional, tras diferirse tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos que afectan la libertad personal, cuya ejecución se llevará a cabo donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio se debe precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio, antes de verificar lo relativo a su existencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo ha de observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo contenido es ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son: -El aseguramiento precautorio de cuentas inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos, -Así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Actos inexistentes. El Administrador Desconcentrado Jurídico de México "1" por sí y en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1" y de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" (folios 28 a 30). El Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C", en representación del Presidente, así como la Directora General de Atención a Autoridades, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en México, Distrito Federal (fojas 39 a 42). Alejandro Espinosa Miranda, en su carácter de apoderado legal de la SUCURSAL 5070, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, HERIBERTO ENRÍQUEZ BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (folio 53). Al rendir su informe justificado, respectivamente, negaron la existencia de los actos atribuidos por el aquí quejoso. CUARTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. A partir de la consideración precedente, y en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable, en relación a los actos reclamados, la mismas no quedó desvirtuadas por el quejoso ya que no ofreció prueba idónea para tal efecto, ni objetó el informe rendido por la responsable, por lo tanto, es de establecerse que éste surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante del amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por las autoridades responsables reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar el solicitante del amparo el informe correspondiente, entonces producen el efecto de que como documento público, surtan sus efectos legales. Aunado a ello, la carga de la prueba de la existencia del acto reclamado, estuvo a cargo de la parte quejosa, es decir, existió la obligación por parte de ésta de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia de los actos reclamados. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, su obligación no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior; lo cual, ninguna de esas hipótesis, en la especie no aconteció. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio, ya que del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó medio probatorio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados. La anterior determinación impide a este órgano jurisdiccional analizar el fondo del asunto, dado el sobreseimiento que en el juicio se decretó. Por lo expuesto, fundado y motivado; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edwin Sánchez Talavera, por propio derecho, contra los actos consistentes en el aseguramiento precautorio de cuentas inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos, así como su ejecución.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del suscrito Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312). En otro aspecto, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signados por Alejandro Espinosa Miranda el apoderado legal de la SUCURSAL 5070, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, HERIBERTO ENRÍQUEZ BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, <<personalidad que se le reconoce conforme a las consideraciones contenidas en la jurisprudencial de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce>>, a través del cual rinde informe justificado; en términos del artículo 117 de la ley de la materia dese vista a las partes para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de dar nueva cuenta con éste en la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas mencionadas y como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el señalado en la misiva de cuenta. Ya que en esta fecha no inicia el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes tengan conocimiento del informe de cuenta, a fin de no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil dieciséis, para su verificativo.
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