Edwin Orlando Campos Guevara
Expediente 134/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/08/2022
Partes del expediente
- Edwin Orlando Campos Guevara
- Titular o Director del Albergue del "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el acuse de recibo, por medio del cual la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración acusa recibo del oficio 25119/2022 de tres de agosto de dos mil veintidós, del índice de este juzgado federal; en consecuencia, este órgano jurisdiccional toma debido conocimiento de lo anterior. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Juan José González Azcona, secretario que autoriza y da fe.los
- Principal
E...Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental. L*EAR/los
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 134/2022-II-B; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en línea el uno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este Juzgado Federal el mismo día, Jesús Emmanuel Méndez Monroy, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en nombre y representación de Edwin Orlando Campos Guevara, Lourdes Guadalupe Lemus Márquez y los menores de identidad reservada D.A.C.L., C.O.C.L. y W.S.C.L. En auto del uno de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda de amparo. El dos de febrero siguiente, los quejosos Edwin Orlando Campos Guevara y Lourdes Guadalupe Lemus Márquez, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada D.A.C.L., C.O.C.L. y W.S.C.L ratificaron la demanda, por lo que se admitió a trámite mediante proveído de esa misma data (fojas 27 y 28). Asimismo, en autos de cuatro de abril y veinte de mayo de dos mil veintidós (fojas 311 y 330), se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por lo que hace a las autoridades Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México así como del Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; sin que hiciera manifestación alguna al respecto, por lo cual, en el acta de audiencia que antecede, se ordenó continuar con el trámite del juicio en los términos planteados en la demanda. Seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento administrativo migratorio, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: 1. Titular o Director del "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 2. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; 3. Director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de treinta y seis horas en el "Albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, derivada del procedimiento administrativo migratorio relativo a los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022. La deportación y expulsión del país. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La promoción del juicio de amparo respecto de los actos reclamados en el presente asunto es oportuna en cualquier momento, por tratarse de actos de tracto sucesivo, ya que la privación de la libertad de los quejosos en cualquiera de sus modalidades (aseguramiento, alojamiento y/o detención) derivada del procedimiento administrativo migratorio, no se consumó con un solo evento, sino que se prolongó en el tiempo de momento a momento, durante todo el periodo en que fueron alojadas en el albergue o estancia del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables 2. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; y, 3. Director de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, al rendir su informe justificado negaron los actos a ellos atribuidos (fojas 276 y 279), consistentes en la privación de la libertad (aseguramiento, alojamiento y/o detención) en el albergue o estancia del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, derivada del procedimiento administrativo migratorio relativo a los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022; así como su deportación y expulsión del país. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de prueba alguno, para desvirtuar la negativa de las citadas autoridades, por lo que dichos actos deben tenerse por inexistentes por lo que hace a la referida autoridad. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, de las que se advierte que el personal de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria de esa Oficina de Representación llevó a cabo la detención de los quejosos, los canalizó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y los ingresó en el albergue ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, Código Postal 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México; asimismo, que el Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, ordenó el inicio del procedimiento administrativo migratorio respectivo; además, que en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en auto de uno de febrero de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional, se autorizó su egreso; sin que obre en autos constancia alguna de la que se advierta que como resultado de ello se hubiera ordenado la deportación o expulsión de los quejosos; de ahí que se afirme que a la fecha de presentación de la demanda no existían los actos reclamados en estudio. En consecuencia, al no existir los actos reclamados materia de análisis; lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que hace a la referida autoridad. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México (en su denominación correcta) con el carácter de Titular o Director del "albergue" o "estancia" del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; al rendir informe justificado (foja 106) negó la existencia del acto a ella atribuido, que la parte quejosa hizo consistir en la privación de la libertad (aseguramiento, alojamiento y/o detención) de los quejosos en el albergue o estancia del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, Código Postal 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, derivada del procedimiento administrativo migratorio relativo a los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su existencia, ya que manifestó que los quejosos fueron puestos a disposición de esa Procuraduría de Protección por el Instituto Nacional de Migración para intervenir en el cuidado y protección de éstos, como se advierte del oficio INM/OR/MEX/SCVM/163/2022; asimismo, que los quejosos fueron informados que su estadía en las instalaciones del espacio habilitado para personas en contexto de migración sería como una medida de protección debido a que se encontraban sujetos a un procedimiento migratorio y que permanecerían en las instalaciones hasta que su condición migratoria fuera resuelta; motivo por el que se tiene por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Certeza que se justifica con el oficio INM/OR/MEX/SVCM/163/2022, signado por el Jefe del Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, los canalizó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y los ingresó en el albergue ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, Código Postal 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, en tanto se resolvía su situación migratoria irregular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante oficio INM/OR/MEX/SVCM/163/2022, de veintiuno de enero de dos mil veintidós, signado por el personal de la Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, canalizó a Edwin Orlando Campos Guevara, Lourdes Guadalupe Lemus Márquez y los menores de edad con identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L., ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; asimismo solicitaron a esa Procuraduría emitiera un dictamen respecto del grado de vulnerabilidad en que se encontraban los menores, a efecto de intervenir en el cuidado y protección de los mismos, toda vez que se les instauraría procedimiento administrativo migratorio; así como, que se pronunciara respecto a las personas adultas acompañantes y determinara si éstas eran contrarias al interés superior de los menores (foja 115). 2. Acuerdos de presentación de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictados en los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022, por el Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, por el que determinó que Edwin Orlando Campos Guevara, Lourdes Guadalupe Lemus Márquez y los menores de edad con identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L., serían alojados en un albergue temporal del DIF en el que se encontraban, hasta en tanto se realizaran las diligencias de estilo, a efecto de que fuera resuelta su situación migratoria en territorio nacional (fojas 291 y 298). 3. Comparecencias administrativas de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, de Edwin Orlando Campos Guevara, Lourdes Guadalupe Lemus Márquez y los menores de edad con identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L. ante el Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, en la que se les informó su derecho a comunicarse con su representación consular y ser asistido o representado legalmente por la persona que designara, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apatrida, solicitar el retorno asistido a su país de origen, interponer recurso en contra de las resoluciones que emitiera el Instituto Nacional de Migración, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera; manifestaron que era su voluntad que se le notificara a su consulado su situación y que no deseaba la protección de México, refugio ni asilo político, pero que se le ayudara a regresar con su familia en su lugar de origen. En dicha diligencia se determinó que no obstante que renunciaron al derecho de ofrecer pruebas y presentar alegatos, a efecto de no vulnerar sus derechos humanos y procedimentales, se les concedió un término de hasta diez días hábiles para presentar pruebas y alegatos a su favor (fojas 290 y 296). 4. Acuerdos de inicio de los procedimientos de revisión Migratoria número E.A.1S.8.1/OR/MEX/015/PROCEDIMIENTO DE REVISIÓNMIGRATORIA/20-01-2022, en los que se ordenó el inicio de los Procedimientos Administrativos Migratorios (fojas 287 y 294). 5. Constancias de negativa de firma de conformidad de Edwin Orlando Campos Guevara y Lourdes Guadalupe Lemus Márquez, ésta última en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L. (fojas 292 y 299) 6. Informe de egreso de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes notificó a este órgano jurisdiccional que en atención a lo solicitado por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, el dos de febrero de dos mil veintidós, autorizó el egreso de los quejosos quejosa Edwin Orlando Campos Guevara y Lourdes Guadalupe Lemus Márquez, en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L. para continuar el procedimiento migratorio correspondiente en libertad, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal en auto de dos de diciembre del mismo año (foja 259). SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que esta juzgadora advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México refiere que se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al señalar que la parte quejosa carece de interés jurídico porque el acto que reclama no le causa perjuicio. Contrario a lo que aduce la responsable, no se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " Fracción que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte el interés jurídico del quejoso y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Cabe resaltar que el interés jurídico previsto en la disposición legal transcrita consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. Asimismo, tal interés jurídico debe entenderse como aquel que las partes tienen en relación con los derechos o las cosas materia del juicio en que intervienen. Consideraciones que se ven robustecidas con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o. J/87, con número de registro 224803, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Desde esa perspectiva, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6 de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El precepto transcrito contiene el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior, se sigue que para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente su interés jurídico o legítimo, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Establecido lo anterior, debe decirse que la afectación al interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, si el acto reclamado consistente en la privación de la libertad (aseguramiento, alojamiento y/o detención) derivada del procedimiento administrativo migratorio relativo a los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022, contrario a lo que argumenta la responsable, sí afecta de forma directa a los quejosos Edwin Orlando Campos Guevara y Lourdes Guadalupe Lemus Márquez, ésta última en representación de sus menores hijos de identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L., ya que fueron detenidos al no acreditar su legal estancia en el país, canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, e ingresados para su alojamiento en el albergue ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, Código Postal 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiuno de enero de dos mil veintidós y el dos de febrero posterior, fueron puestos en libertad con motivo de la suspensión de plano concedida por este Juzgado de Distrito. De ahí, que no se actualice la causal de improcedencia en análisis. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Novena Época, con número de registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5º, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: Los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en el que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Para corroborar lo anunciado, se precisa que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad (aseguramiento, alojamiento y/o detención) en el albergue o estancia del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, derivada del procedimiento administrativo migratorio relativo a los expedientes E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/223/PAM/2022 y E.A./1S.9/INM/OR/MEX/SCVM/224/PAM/2022. Sin embargo, de las constancias que en copia certificada remitieron las autoridades responsables, las cuales tienen pleno valor probatorio con fundamento en lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que mediante oficio INM/OR/MEX/SCVM/163/2022, el personal de la Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, canalizaron a los quejosos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ingresándolos en el albergue o estancia ubicado en Privada el Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, para su alojamiento y manutención, en tanto se resolvía su situación migratoria en territorio nacional. Asimismo, el Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, ordenó el inicio del procedimiento administrativo migratorio de los quejosos y determinó continuar con su alojamiento dentro del albergue designado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. En ese contexto, se concluye que su ingreso en el albergue del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, ubicado en Privada del Oro 806, Colonia Barrio de San Miguel Apinahuizco, 50040, Sector 28, Toluca de Lerdo, Estado de México, por parte de dicha autoridad y el inicio del procedimiento administrativo migratorio ordenado por el Jefe de Departamento de Control Migratorio de esa Oficina de Representación, para determinar su situación migratoria, aunado a la orden de que los quejosos continuaran en alojamiento en el albergue citado, provocó la privación de la libertad de la que ahora se duelen. Ante tal circunstancia, en proveídos de cuatro de abril y veinte de mayo (fojas 311 y 330), se dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días, manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables a la Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México y el Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México. Sin que lo hubiera hecho por lo que en audiencia se ordenó certificar la continuación del trámite únicamente por los actos y autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda; ello, a su más entero perjuicio Por tanto, al no haberse designado como autoridades responsables a la Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, así como al Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México; y por ende no ser llamadas a juicio, es evidente que dichas autoridades no estuvieron en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos; de tal manera, que no es jurídicamente factible analizarlos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 69, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, número de registro 394064, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." En consecuencia, atendiendo a que la parte quejosa no señaló como autoridades responsables a la Subdirección de Control Migratorio y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, así como al Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, éstos no fueron emplazados a juicio, y se erigen como autoridades inauditas, por lo que se impone SOBRESEER en el juicio con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, visible en la página 113, número de registro 194684, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Sobreseimiento que se hace extensivo a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México, (en su denominación correcta) con el carácter de titular o director del albergue o estancia del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, toda vez que tiene el carácter de autoridad ejecutora y no actuó de motu proprio sino por orden del Jefe de Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Edwin Orlando Campos Guevara, Lourdes Guadalupe Lemus Márquez y los menores de edad con identidad reservada D. A. C. L., C. O. C. L. y W. S. C. L., respecto de los actos reclamados y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en los considerandos cuarto y séptimo de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Georgina Albarrán Macías, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Cotejó Georgina Albarrán Macías
- Principal
L. Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, por auto de veinte de mayo del año en curso, toda vez que éste le fue notificado por lista el pasado veintitrés de mayo del mismo año, a fin de que manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo, por lo que hace a diverso acto y autoridad responsable. En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes
- Eduardo Userralde Nava152/2018
- Eduardo Villafranco Guerrero1584/2019
- Eduardo Zepeda González174/2018
- Educación Divertida S.C.612/2023
- Edwin Carlos Buendia Casas269/2019
- Edwin Ivan López Nava870/2021
- Edwin Rodrigo Ortiz Tapia y Otros.242/2019
- Efrain Crecencio Antonio287/2018
- Efraín Crescencio Antonio115/2021
- EFRAIN FRANCISCO ALVARADO COLIN y Otros.1408/2019
- Efrain Marin Vilchis236/2020
- Efraín Ramírez Fragoso183/2019