Edwin Omar Zúñiga Arenas

Expediente 421/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
421/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Edwin Omar Zúñiga Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de once de los cursantes -fojas 14 y 15-, que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido y acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA AL PROMOVENTE JORGE FERNÁNDO CHÁVEZ ROMERO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Vista la diligencia de notificación de nueve del actual, se advierte que el promovente Jorge Fernando Chávez Romero, manifestó su deseo de dar por concluido este juicio. Al respecto, es preciso destacar que en términos generales el desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Ahora, la intención de abandonar el trámite del juicio, puede efectuarse en cualquier actuación, incluso, en el acto de la notificación, en razón de que las diligencias practicadas por los Actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que cuentan con la capacidad legal para realizarlas y su resultado tiene el valor de prueba plena, ya que el Actuario está investido por disposición de la ley de fe pública. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia Común, página 16, que dice: ACTUARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO, ACTUACIONES EFECTUADAS POR LOS, VALOR PROBATORIO PLENO DE LAS. El Juez de Distrito está obligado a atribuir valor probatorio pleno a las actuaciones realizadas por los actuarios del propio juzgado, según lo previenen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (conforme a los cuales los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan); con mayor razón, desde luego, cuando tales actuaciones no fueron declaradas nulas, en términos de lo previsto por el artículo 32 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, atendiendo a que el promovente Jorge Fernando Chávez Romero, al momento de notificarle el proveído de siete del actual, expresó su deseo de dar por concluido este juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al referido impetrante por desistido de esta instancia constitucional, y en vía de consecuencia, procede tener por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 15, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 70, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 54, de rubro y texto: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que la analista jurídica encargada del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite. "

  3. Principal

    MESA IV. Vista la demanda de amparo electrónica presentada por Jorge Fernando Chávez Romero, a favor de Edwin Omar Zúñiga Arenas, contra actos del Director del Centro de Estudios denominado CECATI Número 188, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 22, Constitucionales, se provee: RADICACIÓN ...fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 421/2016-IV. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO Y SUSPENSIÓN DE PLANO La lectura integral de la demanda de amparo, permite colegir que el promovente de la acción constitucional, destaca que la incomunicación y detención conculcan derechos fundamentales de la parte quejosa, aspecto que lo legitima para impetrar la protección constitucional. Al respecto, el numeral décimo transitorio de la Ley de Amparo en vigor, dice: DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto. La porción normativa transcrita, permite colegir que la aplicación de la Ley de Amparo abrogada, cobra vigencia en los casos en que se reclame un acto que emane de un procedimiento penal sin importar la etapa en que se encuentre. En ese tenor, si en el caso, en los actos reclamados no se aprecia intervención de alguna autoridad judicial, es incuestionable que la ley que habrá de aplicarse en la suspensión del acto reclamado, es la vigente. Bajo esa óptica, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126, de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. ... En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En esa arista legislativa, es necesario proveer en torno a la suspensión de plano de los actos reclamados. Con fundamento en el numeral 126, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LA INCOMUNICACIÓN que sufre el directo agraviado Edwin Omar Zúñiga Arenas, para el efecto de que de inmediato cese el acto destacado. Ahora, en lo que concierne a la detención destacada por el promovente, se acuerda: Con fundamento en los numerales 164 y 165, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano del acto reclamado, en los siguientes términos: a) Si la detención del quejoso es efectuada por la autoridad administrativa señalada como responsable distinta del Ministerio Público, se concede la suspensión para que la parte quejosa sea puesta en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden el Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto, del artículo 16, Constitucional, casos en los que la medida cautelar se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo, del citado artículo 16, de la Carta Magna establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. b) Si la detención obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga de inmediato a disposición del juez correspondiente. En ambos casos, la autoridad responsable deberá indicar en su informe de suspensión de plano la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público o la autoridad judicial. c) Si la detención es por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto, del artículo 16, de la Constitución Federal, o en caso de flagrancia, la suspensión provisional se concede para que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentra, y a disposición de la autoridad ministerial por lo que hace a la continuación de la averiguación previa, debiendo las autoridades responsables dentro del término de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, en caso de tratarse de delincuencia organizada, contado a partir de la detención del impetrante del amparo, consignarlo ante la autoridad judicial en el supuesto de que exista flagrancia o se trate de un delito grave así calificado por la ley, o en su caso ponerlo en libertad de ser procedente. En la inteligencia que la autoridad responsable deberá informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de las determinaciones que preceden. Apercibida que de incumplir con lo que aquí se ordena, se impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA Ahora, en virtud que el directo quejoso se encuentra en el Centro de Estudios denominado CECATI Número 188, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, sitio en que tiene sus instalaciones la autoridad administrativa responsable, se comisiona a cualquiera de las Actuarias judiciales adscritas, para que se constituya en dicho lugar y notifique este proveído al directo quejoso Edwin Omar Zúñiga Arenas. De igual forma, deberá cerciorarse si se encuentra incomunicado y verificar que cese de inmediato dicho acto, incluso se le faculta para que en el momento constate que el quejoso pueda entablar comunicación con su abogado o con algún familiar. En el mismo, sentido, deberá requerirlo al momento de la notificación o para que por escrito, dentro del plazo de tres días, manifieste si ratifica la demanda promovida en su nombre; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada, con apoyo en el artículo 15, de la Ley de Amparo, además, quedarán sin efecto las providencias dictadas. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del numeral 5, fracción IV, de la misma normatividad, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del impetrante el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de dieciséis de mayo de dos mil uno, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN RELEVANTE A LA ACTUARIA JUDICIAL Atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se ordena a la fedataria judicial, se constituya en el sitio donde se encuentra el directo quejoso y de resultar imprecisa la denominación del ente señalado como responsable indague la correcta y lo asiente en la notificación respectiva, a efecto de comunicarle los alcances de la suspensión de plano decretada en este sumario y vincularla a su cumplimiento en los términos y apercibimiento decretado con antelación. Se autoriza al Secretario firmar los oficios de este juicio de amparo.

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