Edwin Manuel Velázquez Sosa
Expediente 1136/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edwin Manuel Velázquez Sosa
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 3959 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1136/2021-VIII, al que le correspondió el número de toca 190/2021. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos para que obre como corresponda legalmente, el escrito signado por el quejoso Edwin Manuel Velázquez Sosa, mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese una copia de dicho escrito al presente expediente, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, remítase el escrito de cuenta y copia autorizada de las constancias que integran este juicio de amparo 1136/2021-VIII, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, y para darle parte al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicha Superioridad. Finalmente, indíquese al ocursante que no ha lugar a decretar la suspensión del procedimiento que solicita, prevista en el artículo 102 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el proveído que impugna de veintiocho de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo que promovió, motivo por el cual no existe procedimiento alguno que suspender. Notifíquese. (...)
- Principal
AVISO-PARTE QUEJOSA. MESA VIII. Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Edwin Manuel Velázquez Sosa, en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, exhibida con cuatro copias y sin anexos. Se ordena formar el expediente correspondiente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 1878/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el cual no se admitieron pruebas supervenientes, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación, ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo o resolución final del procedimiento, sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando la parte quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso o resolución que ponga fin al procedimiento. Por tanto, la resolución reclamada, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha resolución reclamada no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la sentencia definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse la sentencia correspondiente, o resolución que ponga fin al juicio, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia dictada en el juico de origen, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la resolución reclamada únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Ahora, al margen de que la parte quejosa transcribió en la demanda de amparo las partes conducentes del acto reclamado, es especial la relativa a la materia del recurso e incluso la considerativa que resolvió la controversia planteada -lo que permite corroborar la naturaleza intraprocesal del acto reclamado- no escapa de la atención de este juzgador que también se aduce que esas pruebas supervenientes -que no fueron admitidas- no sólo guardan relación con el juicio en lo principal, sino que también se ofrecieron en un incidente de nulidad de actuaciones; no obstante, ello no es obstáculo para sostener lo conducente del desechamiento de la demanda, pues impera esa naturaleza intraprocesal en el acto reclamado, y en todo caso, será cuando se resuelva esa incidencia cuando podrá advertir si la no admisión de pruebas de la que ahora se aqueja incidió en la esfera de sus derechos procesales y de ser así, al controvertir por los medios legales esa resolución podrá hacer valer esas violaciones procesales, pero no de manera inmediata a través del presente juicio de amparo, que constituye un medio de defensa extraordinario. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edwin Manuel Velázquez Sosa contra el acto del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizada en los términos del artículo 24 de Ley de Amparo, es decir para oír y recibir notificaciones, a Zury Evelyn Castro Sansores; por así solicitarse expresamente en la demanda. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. (.)
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Edwin Manuel Velázquez Sosa, en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, exhibida con cuatro copias y sin anexos. Se ordena formar el expediente correspondiente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 1878/2019, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el cual no se admitieron pruebas supervenientes, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como de imposible reparación, ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo o resolución final del procedimiento, sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuando la parte quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso o resolución que ponga fin al procedimiento. Por tanto, la resolución reclamada, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha resolución reclamada no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución reclamada, máxime que de no ser así las violaciones que alega pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la sentencia definitiva se promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de amparo, al constituirse una violación procesal prevista en la fracción III del artículo 172 de la citada Ley. En otras palabras, el efecto que produce el acto combatido, se actualizaría al dictarse la sentencia correspondiente, o resolución que ponga fin al juicio, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo del acto reclamado, se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia dictada en el juico de origen, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En ese sentido, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues dicho acto reclamado, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la resolución reclamada únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en aquél, pues a través de esa resolución que se emita en el juicio de origen previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Ahora, al margen de que la parte quejosa transcribió en la demanda de amparo las partes conducentes del acto reclamado, es especial la relativa a la materia del recurso e incluso la considerativa que resolvió la controversia planteada -lo que permite corroborar la naturaleza intraprocesal del acto reclamado- no escapa de la atención de este juzgador que también se aduce que esas pruebas supervenientes -que no fueron admitidas- no sólo guardan relación con el juicio en lo principal, sino que también se ofrecieron en un incidente de nulidad de actuaciones; no obstante, ello no es obstáculo para sostener lo conducente del desechamiento de la demanda, pues impera esa naturaleza intraprocesal en el acto reclamado, y en todo caso, será cuando se resuelva esa incidencia cuando podrá advertir si la no admisión de pruebas de la que ahora se aqueja incidió en la esfera de sus derechos procesales y de ser así, al controvertir por los medios legales esa resolución podrá hacer valer esas violaciones procesales, pero no de manera inmediata a través del presente juicio de amparo, que constituye un medio de defensa extraordinario. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edwin Manuel Velázquez Sosa contra el acto del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizada en los términos del artículo 24 de Ley de Amparo, es decir para oír y recibir notificaciones, a Zury Evelyn Castro Sansores; por así solicitarse expresamente en la demanda. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. (.)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Edwin Manuel Velázquez Sosa1276/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa547/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa1133/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa1134/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa680/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa1135/2021
- Edwin Manuel Velázquez Sosa1230/2021
- Edwin Noé Cervantes Uc878/2019
- Edwin Yabir Galindez Ortegón1516/2016
- Edwin Yabir Galindez Ortegón658/2016
- Edwin Yury Vázquez Trujillo1592/2022
- Edy Mendoza Martínez y Otros.701/2019