EDWIN KARIM SAUCEDO GONZÁLEZ y Otros.
Expediente 2166/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2166/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2019
Partes del expediente
- EDWIN KARIM SAUCEDO GONZÁLEZ y Otros.
- Edwin Rubén Saucedo Salas
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su dispositivo 2º, se autoriza la expedición de la copia certificada que solicita, la cual que le será remitida mediante oficio que al efecto se expida.
- Principal
Tepic, Nayarit, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia con sede en Bucerías, Bahía de Banderas Nayarit, y con los anexos que acompaña, a través del cual, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que se estará a la espera del cumplimiento total del mismo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa Brenda del Pilar Reyes Ruiz, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de las gestiones realizadas para lograr la notificación de ésta, como lo acredita con el anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección antedicha a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo de veintinueve de junio del presente año, dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "***
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de diecinueve de septiembre de la presente anualidad (foja 121), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el veinte de septiembre del presente año (foja 122); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinticuatro al veintiséis del mes en cita, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 58 a 80), por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en la impresión de la constancia de revalidación de alcoholes exhibida por la quejosa y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Director General de Ingresos de dicha secretaría, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, en diverso proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 99 a 101). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho del mes pasado (fojas 118 a 120), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el seis de septiembre del año en curso. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,159.02 (nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 02/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, y el seis de septiembre del año en curso se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero fue 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0074. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $67.77 (sesenta y siete pesos 77/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de $9,226.79 (nueve mil doscientos veintiséis pesos 79/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,224.13 (nueve mil doscientos veinticuatro pesos 13/100 moneda nacional), es decir, es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $2.66 (dos pesos 66/100, moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de reintegrarla, así como los que efectúe el peticionario de amparo, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se sobreseyó y se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **
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