Edwin Jasiel Rivera Pavón
Expediente 37/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Edwin Jasiel Rivera Pavón
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y toda vez que ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos:
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Juez Tercero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, que se hace consistir en: el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento 528/15-2016/3F-I, que ordenó girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, a fin de inscribir la anotación marginal respecto al predio ubicado en ****, de esta ciudad. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 37/2023-VII-B. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda de derechos fundamentales y realizar el pronunciamiento correspondiente. Del examen integral del escrito de demanda aparece que contra la resolución reclamada se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, del citado ordenamiento. El precepto enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis de jurisprudencia l.60.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que, por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior, y para una mejor comprensión del asunto en estudio, es pertinente transcribir los artículos 800, 801, 806, 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, relativos al recurso de apelación, que establecen, textualmente lo siguiente: "Artículo 800.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque la sentencia del inferior." "Artículo 806.- Los autos y resoluciones interlocutorias son apelables cuando tienen fuerza de definitivos o causan gravamen irreparable, y cuando la ley lo dispone." "Artículo 807.- Es gravamen irreparable el daño que no puede repararse en la sentencia definitiva o en la resolución interlocutoria que decida un incidente. En este caso se dice que la resolución que causa el gravamen tiene fuerza de definitiva." De los preceptos legales transcritos en el párrafo que antecede, se desprende que en contra de los autos y resoluciones interlocutorias de carácter definitivos o que causen gravamen de manera irreparable, procederá el recurso de apelación. Por ende, respecto al auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, que por esa vía se pretende reclamar, se advierte que causa un gravamen de forma irreparable a la esfera del aquí quejoso. Esto es así, pues dicho auto, restringe el ejercicio del derecho de propiedad, con respecto al predio ubicado en calle Jesús Reyes Heroles, número Noventa, entre calles Tristeza y Tres Hermanos, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, de esta ciudad, y cuyos efectos, no se pueden subsanar o invalidar, en la secuela misma del procedimiento. Sin embargo, como el quejoso no hizo valer el aludido medio ordinario de defensa legal, lo procedente es estimar que en el caso no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, visible en la página 8, registro 2017117, de contenido y rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, la Jurisprudencia 44/2012 (10ª), que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, visible en la página 729, de contenido y rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Se afirma lo anterior, pues el acto aquí reclamado, no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionado con tal principio, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: 1) El acuerdo reclamado, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; pues el acuerdo reclamado fue emitido en un procedimiento civil de divorcio por mutuo consentimiento. 3) El quejoso no puede ser considerado como tercero extraño, ni por equiparación al juicio de origen, pues tiene el carácter de parte actora en el mismo, pues promovió el juicio de divorcio por mutuo consentimiento 528/15-016/3F-I, junto con **; además de que la anotación marginal ahora reclamada fue emitida para asegurar los alimentos fijados dentro de ese procedimiento, precisamente por haber sido controvertidos por el propio quejoso 4) La procedencia del recurso de apelación, no está sujeta a interpretación adicional a lo establecido en el artículo 806, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, el cual es suficiente para determinarla. 5) No se está en el supuesto de excepción que se desprende de los criterios sostenidos en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro 2005039, y rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD."; así como en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), con el título "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", pues las mismas tienen su base en la protección del interés superior del menor y de su derecho a alimentos, y en la especie, el quejoso no tiene ese carácter, ni en el juicio de origen se encuentra vinculado un menor de edad. Por tanto, se reitera, que la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debió promover el recurso de apelación, previsto en los preceptos 800, 801, 806, 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, por medio del cual el acuerdo recamado podía ser modificado, nulificado o revocado. Sin embargo, como el quejoso no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que en el caso, no quedó satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, dicha improcedencia es notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional, y es indudable, si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera la parte quejosa durante la tramitación del juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional, promovida por ********************, en contra del acto que pretende reclamar. Apoya lo anterior, por su contenido la tesis de Jurisprudencia I. 13º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que, debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/1151/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el siete de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Juez Perla Fabiola Estrada Ayala, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo, promovida por ********************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Juez Tercero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, que se hace consistir en: el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento 528/15-2016/3F-I, que ordenó girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, a fin de inscribir la anotación marginal respecto al predio ubicado en ****, de esta ciudad. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 37/2023-VII-B. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda de derechos fundamentales y realizar el pronunciamiento correspondiente. Del examen integral del escrito de demanda aparece que contra la resolución reclamada se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, del citado ordenamiento. *************************Precisado lo anterior, y para una mejor comprensión del asunto en estudio, es pertinente transcribir los artículos 800, 801, 806, 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, relativos al recurso de apelación, que establecen, textualmente lo siguiente: ***************************** De los preceptos legales transcritos en el párrafo que antecede, se desprende que en contra de los autos y resoluciones interlocutorias de carácter definitivos o que causen gravamen de manera irreparable, procederá el recurso de apelación. Por ende, respecto al auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, que por esa vía se pretende reclamar, se advierte que causa un gravamen de forma irreparable a la esfera del aquí quejoso. Esto es así, pues dicho auto, restringe el ejercicio del derecho de propiedad, con respecto al predio ubicado en calle Jesús Reyes Heroles, número Noventa, entre calles Tristeza y Tres Hermanos, de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, de esta ciudad, y cuyos efectos, no se pueden subsanar o invalidar, en la secuela misma del procedimiento. ***************************** Se afirma lo anterior, pues el acto aquí reclamado, no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionado con tal principio, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: ************************************** Por tanto, se reitera, que la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debió promover el recurso de apelación, previsto en los preceptos 800, 801, 806, 807 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, por medio del cual el acuerdo recamado podía ser modificado, nulificado o revocado. Sin embargo, como el quejoso no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que en el caso, no quedó satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que mediante oficio SEADS/1151/2022 de siete de diciembre de dos mil veintidós, se comunicó que en sesión ordinaria celebrada el siete de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Juez Perla Fabiola Estrada Ayala, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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