Edwin Guillermo Nuñez Arredondo

Expediente 1619/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1619/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • Edwin Guillermo Nuñez Arredondo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el acuerdo dictado el diez de octubre de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******************, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, en contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro y otras autoridades, y, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Previamente, conviene precisar que, el hecho de que el suscrito Juzgador haya sido señalado como autoridad responsable, para conocer de la presente demanda de amparo que nos ocupa, a quien se atribuye como acto reclamado, la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, y que en el caso, ante este órgano jurisdiccional no existe procedimiento alguno en el que se hubiere dictado orden de captura en contra del impetrante del amparo por no ser atribución de este Juzgado emitir orden de aprehensión; razón por la cual, no es dable declarar impedimento por tal situación, habida cuenta de que ese supuesto ya lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la contradicción de tesis 73/2003-ps de la que emanó la jurisprudencia 1ª 59/2003, en la que indicó que aun cuando a la vista pareciere que los Jueces de Distrito que son señalados como autoridades responsables, se ubican en el supuesto de impedimento para conocer de la demanda de amparo en que son señalados como autoridades responsables, debe tenerse presente que para que ello se actualice, se requiere que, efectivamente, hayan tenido el carácter de autoridades responsables, esto es, que efectivamente hubiesen dictado, pronunciado, publicado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la ley o el acto reclamado, lo que necesariamente debe estar acreditado en autos, lo que en la especie no acontece, aunado a que el suscrito juzgador, como ya se dijo, no está facultado para emitir ordenes de captura, razón por la cual, es evidente que el acto reclamado estriba únicamente en el proveído de catorce de setiembre de dos mil dieciséis, que se atribuye a las autoridades responsables, Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Querétaro y al Director de Reinserción Social en San José el Alto, Querétaro. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, visible en la foja 122, del Tomo XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra reza: "IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver. En ese orden de ideas, de la certificación de cuenta, se advierte que en el índice de este Juzgado Federal se encuentra radicado el juicio de amparo número 604/2016-III, promovido por *************, en el que señaló como acto reclamado el auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 79/2012, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual se determinó no poner a disposición del ejecutivo al sentenciado, aquí quejoso, ya que es necesario que el mismo se encuentre bajo la potestad y jurisdicción de la propia autoridad responsable (Juez Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro) en un lugar determinado y su ejecución, juicio en el cual, con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, resolución que quedó firme en fecha veinte de mayo siguiente; determinación de la cual se ordena obtener copia certificada a fin de integrarla al presente sumario como hecho notorio. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Así como en la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable a foja 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Ahora, de la sentencia emitida dentro del invocado juicio constitucional 604/2016-III, como hecho notorio, se aprecia que la negativa del amparo se sustentó esencialmente en que el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dio contestación a la solicitud del defensor de ****************, consistente en que éste se pusiera a disposición del ejecutivo sin ser detenido, negándose dicha petición, ya que para hacerlo se tiene que encontrar bajo la potestad y jurisdicción de la responsable (Juez de la causa), en un lugar determinado; ello, en razón a que, por un lado existe una sentencia condenatoria firme en contra del hoy quejoso, en la cual se le negó cualquier beneficio de conmutación de la pena de prisión impuesta; y por otro lado se encuentra pendiente de cumplir la orden de aprehensión (reaprehensión) girada en su contra, de ahí que el procedimiento se encuentra suspenso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro. Por lo que se consideró que el juez responsable estuvo en lo correcto al negar al quejoso ponerlo a disposición del Juez de ejecución a efecto de que resuelva sobre el incidente no específicado de sustitución de la pena de prisión por días multa y analizar en el mismo sobre la prescripción del antecedente penal con el que cuenta, lo anterior, en razón de que el estar frente a una sentencia ejecutoriada en que se negaron los beneficios al quejoso, no queda más que cumplir con ella, siendo que al no hacerlo el sentenciado se encuentra sustraído a la acción de la justicia y, bajo este tenor, sería incorrecto pasar por alto esa circunstancia y solapar su actitud de evadir el cumplimiento de su sanción pretendiendo que se le ponga a disposición del Juez de Ejecución sin estar cumpliendo su pena. Máxime que el Juez de Ejecución sólo se encarga del cumplimiento de la pena privativa de libertad en la que no merezca beneficio alguno y no de dar por cumplida una orden de aprehensión. Conforme a lo expuesto, queda demostrado en forma patente que el único acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo constituye el auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se resuelve dejar sin materia el incidente de modificación de sentencia que promovió ante el Juez de Ejecución, por virtud de que al no estar a disposición del juez de la causa, ya que el juicio está suspendido al emitir una orden de aprehensión para cumplir la sentencia ejecutoriada, consideró el juez de ejecución que todavía no es competente para conocer del incidente planteado pues no se le ha puesto a disposición (al sentenciado) por parte del juez de la causa. Luego, en la especie, a juicio del que esto resuelve, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:.XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como se ve, en el auto de catorce de septiembre de dos mil dieciséis no se dicta ninguna orden de aprehensión en contra del quejoso, sino sólo se resuelve dejar sin materia su incidente planteado, por lo que en su contra procede el recurso de apelación conforme lo dispone el artículo 316, fracción VI del Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, o bien en todo caso, el recurso de reconsideración, de conformidad con el artículo 313 del citado ordenamiento, por lo que el promovente debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio constitucional, sin que esté en el caso de excepción acerca de que con motivo del acto reclamado pueda afectar su libertad personal, pues como ya se vio, ni éste órgano jurisdiccional ni la autoridad responsable han emitido orden de aprehensión en su contra, y el acto reclamado no implica privación de libertad, pues tal situación ya fue materia del juicio de amparo 604/2016-III, en el sentido de que es correcto que al quejoso se le ponga a disposición del Juez de Ejecución una vez que primero se ponga a disposición del juez de la causa (en cumplimiento a la orden de aprehensión que éste giró para cumplir la sentencia ejecutoria) y entonces sí, éste lo ponga a disposición del juez de ejecución. Por ende, al no observar el quejoso, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar el acto precisado con antelación, a través de esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinarios. Es aplicable a lo anterior la tesis visible a fojas 65, del Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "AMPARO, DEMANDA DE, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que el quejoso debe agotar antes de interponer su demanda, todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca; o sea, que es al interesado a quien incumbe observar tal principio antes de acudir al juicio de amparo y no a la autoridad responsable, por lo que consecuentemente, ésta no puede infringir el repetido principio en las resoluciones que emita." Consecuentemente, al no haber agotado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse por improcedente la demanda de mérito. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refieren en el proemio de su escrito, hasta en ante acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído...VI

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