Edwin Granados Hernández y Otros.

Expediente 518/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
518/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
18/12/2015

Partes del expediente

  • Edwin Granados Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edwin Granados Hernández, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando cuarto del presente fallo. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en autos, allega copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 223/2015 de su índice, y con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor, tómense en cuenta al momento de resolver este asunto.

  4. Principal

    Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante oficio presentado el veintisiete de julio del año en curso, registrado con el número 18756, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remitió las constancias requeridas del diverso juicio de amparo 223/2015, de su índice; sin embargo, no obran constancia relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora, por lo tanto, a fin de estar en posibilidad de resolver este asunto, solicítese atentamente al Titular del referido Juzgado, de no haber impedimento alguno, tenga a bien remitir las referidas copias certificadas. Tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo.

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