Edwin Figueroa Benítez

Expediente 655/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
655/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
16/06/2017

Partes del expediente

  • Edwin Figueroa Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    II La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de ocho de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger la carta poder que exhibió como anexo a su escrito de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL DICE: La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de ocho de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger la carta poder que exhibió como anexo a su escrito de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    II.- Visto el oficio de cuenta signado por los Apoderados Legales del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano personalidad que acreditan con copia certificada de la escritura pública número cinco mil ochocientos quince, mediante el cual se apersonan al presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designan delegados y hacen diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, con apego en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al presente juicio de amparo al tercero interesado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Asimismo, se advierte que la autoridad tercero interesada designa delegados; sin embargo, dado el carácter que le reviste en el presente juicio de amparo, no encuadra en los supuestos del artículo 9 de la Ley de amparo, por tanto, se tienen como autorizados. Ahora, en atención a la certificación de cuenta, ténganse por autorizada a Gloria Leticia Nolasco Vázquez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que al resto de las personas señaladas, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al no estar registrado en el referido sistema De conformidad el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el oficio de cuenta. Como lo solicita la autoridad tercero interesada, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, devuélvase mediante oficio la copia certificada del instrumento notarial, en el entendido que en su lugar deberá obrar copia certificada por la Secretaria de este Juzgado. Finalmente, en cuanto a sus manifestaciones a manera de alegatos que vierte la autoridad tercero interesada, no ha lugar a tenerlos por presentados, toda vez que por auto de veintinueve de mayo del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, y anexo consistente en copia certificada de la interlocutoria de cuatro de mayo del presente año y razones actuariales de la notificación a las partes, derivadas del expediente laboral J.5/246/2014, de su índice estadístico. Se estima aplicable por analogía, la tesis aislada XXI.2o.16 K, con número de registro 189948, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Edwin Figueroa Benítez, reclama la omisión de dictar resolución en el incidente de nulidad de actos de requerimiento de pago pago del actuario, en la diligencia de embargo y requerimiento de pago de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por parte de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; sin embargo de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, emitió un acuerdo donde se pronunció respecto de la omisión referida anteriormente, dando contestación a la misma y notificando dicha determinación de manera personal a las partes. A las constancias remitidas por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se invoca en lo conducente, la tesis 226 con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, viola sus derechos humanos al ser omisa en dictar resolución en el incidente de nulidad de actos de requerimiento de pago del actuario, en la diligencia de embargo y requerimiento de pago de nueve de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, la responsable remitió copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio laboral de referencia, donde se advierte que el cuatro de mayo del presente año, emitió acuerdo donde atendió dicha omisión, mismo que le fue notificado a las partes de manera personal el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, emitió acuerdo el cuatro de mayo del presente año, en el expediente laboral J.5/246/2014, de su índice estadístico, donde subsano la omisión reclamada por la parte quejosa. En ese tenor, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues a la fecha ha cesado la omisión que se reclama por parte de la autoridad responsable. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, dictara resolución en el incidente de nulidad el cuatro de mayo del presente año, en el expediente laboral J.5/246/2014, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cinco minutos del treinta de mayo del presente año, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

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