Edwin Esteban Mendoza

Expediente 232/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
232/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2016

Partes del expediente

  • Edwin Esteban Mendoza
  • Edwin Esteban Mendoza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de doce de abril de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene designando como delegados de su parte a los profesionistas que cita en su informe de cuenta. Finalmente, y toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción como titular de este Juzgado al licenciado ..... a partir del uno de marzo del año en curso; lo anterior hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por....., contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado, regístrese bajo el número 232/2016-IV-JV y fórmese expediente impreso y electrónico. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni este Juzgado advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Sin que pase desapercibido para este Juzgador Federal la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero, en el que se declara el inicio gradual de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad, el treinta de septiembre de dos mil catorce, inicia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, siendo sede para el desahogo de las audiencias procedimentales la ciudad de Iguala de la Independencia, ya que el ARTICULO SEGUNDO, fracción VI, establece que en los Distritos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, la sede para el desahogo de las audiencias procedimentales será en esta ciudad capital del Estado de Guerrero, hasta veinte de mayo de dos mil dieciséis. Debe aclararse además que mediante oficio 13910, de tres de agosto de dos mil quince, signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hizo del conocimiento a este Juzgado Federal que mediante decreto número 503, publicado el treinta y uno de julio de dos mil catorce, en el periódico oficial del gobierno del estado, la Sexagésima Legislatura del Congreso Local, emitió la declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero y Declara el Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Guerrero, por lo que con fundamento en el artículo segundo, fracción IV, de la citada Declaratoria, el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor el cinco de agosto de dos mil quince, en los Distritos Judiciales de Morelos, La Montaña y Zaragoza, en virtud de ello, en sesión ordinaria de quince de julio de dos mil quince, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aprobó la creación del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, del Juzgado de Ejecución Penal y de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, todos residentes en Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales a que se hizo referencia, mismos que iniciaron funciones el cinco de agosto de dos mil quince. Por lo que, en el presente asunto al no reclamarse actos emitidos por dichos órganos de nueva creación, no es procedente tramitar el incidente de suspensión en términos de lo establecido en la nueva Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del citado cuerpo de leyes, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los artículos 117, párrafos primero y cuarto, 63 fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo vigente, remitiendo a este juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. Por otra parte, dígasele al Juez responsable que una vez que declare cerrada la instrucción en la causa penal que se le instruye a la quejosa de mérito, suspenda el procedimiento, hasta en tanto reciba notificación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el fondo del amparo; lo anterior, a fin de conservar la materia del juicio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente la tesis III-2° P.46 P., consultable en la página 1019, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Tribunal Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA. LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN. Cuando en el amparo promovido contra el auto de formal prisión, se reclaman violaciones a los artículos 16 y 19 de la Carta Magna, el Juez de instancia debe suspender el procedimiento una vez cerrada la instrucción, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que no se dicte sentencia, pues de pronunciarse ésta, se estaría en el supuesto de considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas y por ende, la improcedencia del juicio de garantías, lo cual no corresponde al designio del legislador, quien tuvo como propósito el preservar la materia del juicio de amparo, es decir, el auto de formal prisión. Luego entonces, el decretar la suspensión del procedimiento es una obligación de la autoridad que conozca del proceso penal incoado al quejoso, sea o no la responsable, porque la ley no hace distinción alguna; para esto, el Juez de Distrito debe comunicar a dicha autoridad, tanto el inicio del juicio constitucional como la obligación de mérito; toda vez que es en la autoridad que conozca del juicio constitucional, en quien recae la tarea, no sólo de aplicar, sino también de verla que se apliquen y cumplan exactamente las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues de lo contrario, sería estéril el propósito del legislador y ese actuar se traduciría en dejar en completo estado de indefensión al quejoso". Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, solicítese a las autoridades responsables que al momento de rendir su informe justificado, precisen si por virtud del delito por el cual se le instruye la causa penal de origen existe alguna persona a quien le recaiga el carácter de víctima u ofendido, que pueda llegar a tener derecho a la reparación del daño o de reclamar la responsabilidad civil, y de ser así proporcione el nombre y domicilio de la misma, si es que de autos se desprenden dichos datos, o en su defecto, diga si no le recae a persona alguna dicho carácter; ello a efecto de proveer sobre la existencia o no de tercero interesado en el presente asunto, conforme a lo expuesto en el citado ordinal 5°, fracción III de la Ley de Amparo en vigor. LEY DE TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. NOTIFICACIONES. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo vigente, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la ley de la materia; así mismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda; ahora bien, este Juzgado de Distrito se reserva notificar a los Agente del Ministerio Público adscritos a los Juzgados responsables, la presentación de la demanda, hasta en tanto este Juzgador tenga conocimiento de que Juzgado responsable emitió el acto reclamado por el quejoso. Por otra parte, y toda vez que los aquí quejosos......., 'manifiesta en sus conceptos de violación, que una vez detenido por elementos de la Policía Ministerial de Estado, le aplicaron malos tratos, vejaciones, lesiones y tortura; por tanto, de conformidad con los preceptos legales 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5º párrafos primero y segundo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, reconocidos por el Estado Mexicano, que tutelan el derecho humano de toda persona a que se le trate con respecto de encontrarse privada de su libertad y no sufrir actos de tortura, lo que es inherente a su calidad de ser humano; 1º, 6º, y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que determinan que toda persona que denuncie haber sido torturada tienen derecho a que las autoridades investiguen inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado; además, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, SE ORDENA DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN adscrito a este juzgado federal, para que conforme a sus atribuciones constitucionales de manera pronta, objetiva e imparcial con debida diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, realice los trámites tendientes a la investigación de los posibles hechos de tortura, para lo cual, se le deberá proporcionar los datos que obran en el juicio de amparo y que al caso sean necesarios para tal efecto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de la Décima Época, con número de registro: 2006483, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) Página: 561, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo vigente. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRONICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en su demanda de garantías. AUTORIZADOS. Como lo solicita el impetrante en el escrito inicial de demanda, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas nombradas en el escrito de cuenta.

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