Edwin Estanislado Matul Garcia
Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Edwin Estanislado Matul Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término concedido a las partes en proveído de cinco de este mismo mes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por las responsables a la sentencia protectora de derechos fundamentales, sin que alguna de las partes haya formulado razonamiento alguno. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA Para ello, primeramente es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida por este juzgado, para el siguiente efecto: 1.- Dejara insubsistente la resolución de plazo constitucional de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el proceso penal 145/2017 (antes 437/2014), en la que decretó formal prisión al aquí quejoso, al considerarlo probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Dimas Ayala Gómez y su ejecución. 2.- Y en su lugar, dictara otra en la que, con plenitud de jurisdicción, efectuara un nuevo análisis de todos y cada uno de los medios aportados en el indagatoria y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, se pronunciara nuevamente sobre la identidad del aquí quejoso con el sujeto activo contra quien se ejercitó la acción penal y resolviera conforme a derecho. 3.- Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 Número Tres, en esta ciudad, al devenir de un acto declarado inconstitucional y no reclamarse por vicios propios Sentencia de amparo que al no haber sido recurrida en revisión, mediante proveído de veintitrés de junio del presente año, se declaró firme y se requirió a las responsables su cumplimiento (foja 298). En acatamiento al fallo protector de derechos fundamentales, la jueza responsable remitió copia certificada de: a).- Auto de veintinueve de junio actual, dictado en la causa penal de referencia (foja 303), en que dejó insubsistente la resolución reclamada y, b).- De la nueva resolución de plazo constitucional (foja 306) de la que se advierte que, con plenitud de jurisdicción, efectuó un nuevo análisis de los medios aportados en la indagatoria y consideró que al no establecerse identidad del aquí quejoso con el sujeto activo contra quien se ejercitó la acción penal, decretó en su favor auto de libertad con las reservas de ley. c).- Por su parte, el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, en esta ciudad, comunicó que dejó en libertad al aquí impetrante del amparo (fojas 381). Por lo anterior, se estima que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con los efectos de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, en la medida que tal forma de resolver no fue controvertida, con fundamento en el artículo José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 251 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico 1 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguense a los autos los oficios suscritos por la Jueza Primero del Ramo Penal y por el Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número tres, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que se acompaña, con lo que manifiestan dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copia simple de las comunicaciones enviadas por las autoridades oficiantes, con las cuales manifiestan haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que en caso de ser omisas, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/2318/2022 de trece de junio de la presente anualidad, en razón al primer periodo vacacional que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintidós, aprobado por la citada comisión a la Titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia pronunciada en estos autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables Juez Primero del Ramo Penal y Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente de la legal notificación de este proveído, se sirvan informar a este Juzgado Federal, la forma en que hayan dado cumplimiento a la referida ejecutoria, debiendo remitir copia certificada de las constancias en donde lo acrediten. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 Apercibidas que de no hacerlo dentro del término que se señala, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el artículo 258 de la ley de la materia, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para los efectos a que alude el referido numeral 192 de la Ley de Amparo, esto es, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 668/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 26425/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, presentado el ocho siguiente ante la Oficialía de Partes de este juzgado, remitió en grado de incompetencia por razón de turno el juicio de amparo indirecto 643/2021 de su índice, promovido por Edwin Estanislado Matúl García, contra el acto reclamado al Juez Pimero del Ramo Penal en esta ciudad, que hizo consistir en la resolución de plazo constitucional de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 145/2017 (antes 437/2014), que decretó auto de formal prisión en su contra al ser considerado probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Dimas Ayala Gómez. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno por conocimiento previo, la demanda de amparo correspondió a este juzgado de Distrito y en auto de nueve de diciembre del año pasado, ordenó su registro bajo el número 668/2021 de nuestro índice, aceptó la competencia declinada y la admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional y a la parte tercero interesada; por cuanto ya obraban los informes justificados de las responsables, únicamente se dio vista con ellos a las partes para los efectos legales conducentes; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y en consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente. TERCERO.- Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; circunstancia se fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. Lo que se adecúa al presente asunto al encontrarse en estado de resolución, toda vez que se encuentra celebrada la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos de ejecución de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En este considerando se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran el juicio de amparo, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consiste en: Al Juez Primero del Ramo Penal, en esta ciudad: 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XIX, abril de 2004, consultable en la página 255. ? La resolución de plazo constitucional de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 145/2017 (antes 437/2014), que decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Edwin Estanislado Matúl García, al ser considerado probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Dimas Ayala Gómez. Al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, en esta ciudad: . La ejecución material de dicha resolución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que así deberán tenerse para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por la autoridad jurisdiccional responsable, consistentes en copia certificada de la causa penal de referencia. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por lo tanto, se tiene plenamente probado el acto reclamado a la mencionada autoridad y, por ello, procede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de 2 Registro: 394182, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Página: improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertirse alguna que en el caso se actualice, ni las partes las invocaron, se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados ya precisados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. QUINTO. Estudio de fondo. Es esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, aunque para arribar a esta conclusión haya tenido que suplirse parcialmente la queja deficiente en su favor, prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, por las consideraciones que enseguida se explican. 3 Registro: 205800, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, Página 60. Cobra aplicación a lo expuesto en lo conducente, la tesis 2a. VIII/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, visible en la página doscientos sesenta y siete, Tomo III, de febrero de mil novecientos noventa y seis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos. En principio, cabe reiterar que el acto reclamado en esta vía constitucional lo constituye la resolución de plazo constitucional de doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 145/2017 (antes 437/2014), que decretó auto de formal prisión en contra del quejoso Edwin Estanislado Matúl García, al ser considerado probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Dimas Ayala Gómez y su ejecución. Pues bien, en principio debe decirse que, dada la naturaleza del acto combatido, es necesario analizarlo a la luz del sistema penal mixto o tradicional conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero del decreto respectivo, el cual es del tenor siguiente: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Del artículo trascrito, se desprende que los requisitos básicos y necesarios para la emisión de un auto de formal prisión, son los siguientes: a) Que se exprese el delito que se le imputa al acusado, b) El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél, y c) Que se establezcan los datos que arroje la averiguación previa, y a su vez, sean bastantes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Asimismo, es menester señalar que para el dictado de un auto de formal prisión, no sólo debe cumplirse con los requisitos exigidos por el citado precepto constitucional, sino además, aquél debe reunir, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los derechos humanos de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, como lo son: a) Que conste por escrito, b) Que proceda de una autoridad judicial, c) Que se encuentre fundado y motivado; y, d) Que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 20/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, Tomo XII, octubre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. Por otra parte, el artículo 14 constitucional en la parte que interesa, establece: ".Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata." Asimismo, el artículo 16 constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en lo conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." La conjugación de ambos preceptos, permite concluir que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, exigiéndose además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible a foja ciento sesenta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En congruencia con lo expuesto, y por cuestión de técnica jurídica, se procederá en primer término al análisis de los requisitos formales, entre ellos la fundamentación y motivación del acto combatido; y, posteriormente, en su caso, de los requisitos de fondo, de conformidad con el contenido de la jurisprudencia VII.P. J/28, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de la Octava Época, consultable en la página ochenta y dos, parte 68, Agosto de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FONDO Y FORMA DEL, EN EL AMPARO. Es contraria a la técnica del juicio del amparo la conducta del juez de Distrito que consiste en limitarse a estudiar en su sentencia, cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión, la cuestión relativa a si en ese mandamiento se llenaron los requisitos de forma a que se contrae el artículo 19 constitucional y a conceder el amparo lisa y llanamente. Lo debido es, conforme a las jurisprudencias números 279 y 284 y a la segunda tesis relacionada con esta última, consultables en las páginas cuatrocientos noventa y cuatro, cuatrocientos noventa y nueve y quinientos, respectivamente, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y nueve, apreciar las pruebas del proceso para determinar primeramente si se encuentran o no satisfechos los requisitos de fondo concernientes a la comprobación del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, y sólo en la hipótesis afirmativa pasar al estudio del cumplimiento o incumplimiento de los formales, para que en caso de que no se hayan satisfecho conceder la protección constitucional solamente para que esa omisión sea subsanada. En lo que respecta a los derechos humanos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Federal en el dictado del auto de término constitucional ya descrito, sí se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que integran el proceso de origen, se advierte que el auto reclamado, consta por escrito, fue dictado por la Juez Primero del Ramo Penal, residente en esta ciudad, a quien le reviste el carácter de autoridad judicial, de conformidad con los artículos 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 tercer párrafo, 414, párrafo primero, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas; y 82 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que establece la competencia de los Juzgados Penales en este Estado. Por otra parte, el auto de formal prisión reclamado fue dictado por delito previsto por la ley penal del orden común (privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro); se recibió la declaración preparatoria del inculpado, en la que se le hizo saber su derecho de defensa, el nombre de quien lo acusaba y el delito que se le atribuía, todo en presencia de su defensora particular; además, fue emitido dentro del término de duplicidad autorizado en el artículo 19 de la Ley Fundamental. Tiene aplicación al caso, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos noventa y seis, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.- La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.". Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis. De igual manera, el auto de formal prisión por esta vía combatido, fue emitido en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, al no advertirse aplicación retroactiva de alguna legislación, aunado a que en términos del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las formalidades esenciales del procedimiento consisten en que el juzgador, posterior a la comparecencia del inculpado, lo escuche en preparatoria, precisamente bajo las exigencias y con observancia de los derechos humanos contenidos en el artículo 20 Constitucional, así como practicar todas las diligencias procedentes solicitadas por las partes; exigencias que en el caso fueron observadas como se desprende de las constancias respectivas. En efecto, al solicitante del amparo, en todo momento se le otorgó la posibilidad de defensa, pues, como se señaló en párrafos precedentes, el juez de la causa, al rendir su declaración preparatoria, le hizo saber las garantías que a favor de todo procesado consagra el precepto 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cuyo efecto le hizo saber, el derecho para nombrar defensor o hacerlo por sí mismo y el hecho imputado en su contra, naturaleza o causa de la acusación (fojas 558 del tomo 20 de pruebas). Aunado a lo anterior, se advierte que, en observancia a la garantía contenida en la fracción II, apartado A del numeral 20 de la Carta Magna, en el desarrollo de la diligencia de declaración preparatoria se le indicó que no estaba obligado a declarar en su contra. Se notificó a la Representación Consular de la República de Honduras, de la que es originario el quejoso, para el efecto de que estuviese asistido de un connacional (fojas 556 ídem). Asimismo, destaca que el inculpado, aquí quejoso, tuvo la posibilidad de ofrecer pruebas dentro del plazo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que se le hizo de su conocimiento; incluso para ello, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. De ahí que, se reitera, la resolución controvertida deriva de juicio en el cual hasta el momento, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, por ende, no vulnera las garantías del precepto 14 Constitucional. Resulta aplicable, la jurisprudencia 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del "procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Sin embargo, en el presente asunto, se aprecia que el auto de formal prisión reclamado, claramente no cumple con las exigencias formales necesarias, pues carece de la debida fundamentación y motivación, que debe satisfacer todo acto de autoridad, por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, el quejoso es enfático en rebatir la inconstitucionalidad del acto reclamado, debido a que afirma que no es la misma persona contra quien se instauró el procedimiento penal de origen, ya que su nombre es Edwin Estanislado Matúl García, mientras que la persona inculpada y por la que se libró el mandamiento de captura responde al nombre de Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui, además de que ninguno de los elementos probatorios recabados en la indagatoria tales como las declaraciones arrojan indicios que establezcan en un grado de probabilidad que él es la persona que participó en el evento criminal. Es fundado el concepto de violación y suficiente para conceder la protección constitucional, atento a las consideraciones siguientes. Así es, porque como ya se dijo, el acto de privación no se encuentra debidamente motivado en perjuicio del quejoso, dado que no se precisan en la determinación que se reclama datos suficientes que permitan establecer la identidad de la persona contra quien se libró el mandamiento de captura y posteriormente, el dictado del auto de formal prisión, con el aquí solicitante del amparo. Esto es, no está comprobada la identidad entre Edwin Estanislado Matúl García, con Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui, este último como probable responsable en la comisión del delito investigado. A fin de demostrar lo anterior, primeramente se trae a colación que de las constancias conformadoras de la etapa de averiguación previa, se desprenden las versiones de las personas que participaron en el hecho, de las que, en relación a la participación o mención de la persona que se relaciona con el aquí quejoso, refirieron respectivamente: 1.- Nerio Ventura Peregrino (A) Santoy y/o El Güero y/o El Tabasqueño, en su declaración vertida el quince de junio de dos mil siete, en lo concerniente a la participación de Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui (persona que se relaciona con la identidad del aquí quejoso), mencionó que: ".a mediados de mayo del año en curso, EL PISCUY, RUBEN de quien ignoro sus apellidos, quien es compadre del COMANDANTE. MORENO, quien vive en Ciudad Hidalgo, quien tiene la media filiación siguiente de aproximadamente 35 años de edad, de estatura 1.70 metros aproximadamente, complexión robusta, tez blanca, cabello lacio corto negro;: ojos grandes, color negros, cejas delgadas, nariz mediana, boca grande, labios gruesos, orejas normales, sin barba, ni bigotes, viste con pantalón de vestir, camisa y zapatos de vestir; y EL COMANDANTE MORENO se'. encontraban tomando en la disco "MORFEUS", donde se tuvieron pleito con unos chavos, llegando a Policía Municipal a poner el orden, pero los antes mencionados se trataron de dar a la fuga resultando detenidos EL PISCUY y FUBEN, logrando huir EL COMANDANTE. MORENO, obteniendo su libertad los detenidos esa misma noche al pagar la multa correspondiente, interviniendo para ello el comandante de la Policía Municipal, así un comandante de nombre DAVID; de esto me entere por medio ERWIN ALONSO (A) CHAMOY Y/O CARNE ASADA, quien es originario de Puerto Madero, quien tiene la media filiación siguiente aproximadamente 17 años de edad, de estatura' 1.70 aproximadamente complexión robusta, tez moreno claro, ojos grandes, color negros, cejas delgadas, , nariz grande, boca grande, labios gruesos, orejas grandes, sin barba, ni bigotes, viste con pantalón de mezclilla, playera y huaraches; quien nos informó de las detenciones de las personas antes mencionadas.". En la misma declaración, al responder a la décima tercera pregunta, dijo: ".DECIMA TERCERA PREGUNTA: ¿Qué diga el declarante quien es la persona a que le apoda CHAY con numero telefónico 9621399132, con quien se comunico vía radio el dia 13 de Junio del 2007, a las 4:41 p.m.?; RESPUESTA: Pertenece a la persona a quien le apodan EL CHAMOY Y/O CARNE ASADA, misma de quien ya proporcione la media filiación en mi declaración; 2.- Por su parte, Héctor Tinajero Palomeque, en su declaración de doce de octubre de dos mil siete, en lo relativo a la participación de Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui, mencionó: ".la SEGUNDA ESTACA esta comandada por CONRADO MARROQUIN alias EL DEMONIO o EL DIABLO quien es originario de Guatemala, su media filiación es, de aproximadamente 33 años de edad, de estatura 1.75 metros aproximadamente, complexión mediana, tez morena, cabello lacio de color castaño, ojos medianos de color cafés, cejas semipobladas, nariz respingada, boca mediana, labios delgados, no usa barba ni bigotes actualmente tiene a cuatro elementos entre los que se encuentran EL CHAMOY O LA CARNE, filiación es la siguiente es de aproximadamente 21 años de edad, de estatura 1.70 metros aproximadamente, complexión delgada, tez moreno, cabello chino, cara redonda, frente mediana, cejas pobladas ojos medianos color negros, nariz chata, orejas medianas, boca grande, labios gruesos, sin barba ni bigote y como seña particular usa anillos de la santísima Muerte en la mano derecha,.". ".al dia siguiente recibí una llamada de EDGAR DE LEON pidiéndome lo acordado es decir queria su dinero, a quien le dije que me aguantara porque aun no pagaban al cortar la comunicación con esta persona le marque a mi jefe DANIEL alias EL COMANDANTE MORENO, y le dije que el informante me estaba pidiendo su dinero, manifestándome que aun no pagaban que el papa de DIMAS AYALA se había comprometido a pagar el rescate solicitado pero que le dieran tiempo ya que el dinero había que reunirlo y enviarlo desde Guadalajara, al dia siguiente me llama a mi telefono celular mi jefe DANIEL alias EL COMANDANTE MORENO diciéndome que nos esperaba en el punto de ALFREDO RODRIGUEZ ACAL alias EL PISCUY, ubicado en el Fraccionamiento Los Laureles uno, de Tapachula, Chiapas, en una casa de color verde con portón de metal sin recordar la dirección exacta pero se llegar, al estar en el lugar vi que también se encontraba EL FELINO, OTTONIEL MONZON alias el CHAPARRO O LA TUNCA, AMILCAR KAAL ICO alias el COMANDANTE TORTUGO O EL TORTAS, EL CHAMOY O LA CARNE, VICTOR HERNÁNDEZ TOVAR ALIAS EL GORILA O EL GORILON y OMAR PONCE u OMAR CARBAJAR alias EL CHILANGO O EL CHILACAS, y es donde mi jefe DANIEL alias EL COMANDANTE MORENO que tenemos que ir a jugar un torneo de futbol a la ciudad de Veracruz contra las demás plazas ya que era un torneo de plazas.". ".y nos dirigimos al lugar que nos habían indicado al llegar al parque vi que se encontraban estacionados tres camiones marca Chevrolet uno blanco con redila ganadera de madera de cabina cuadrada, uno azul sin redila de cabina redonda y uno rojo sin redila también de cabina redonda, todos de modelo reciente, como OTTONIEL MONZON alias EL CHAPARRO O LA TUNCA, no soltaba al secuestrado y como se le había dicho que si había algún problema el pagaría las consecuencias confiados abordamos los carros subiéndome al camión de color azul encontrando las llaves debajo del tapete del así ento del conductor el MUNRRA se subió al camión blanco con redilas quien también encontró las llaves de la misma manera y EL MAYATE abordo el vehículo de color rojo localizando las llaves debajo del así ento del conductor por lo que al tener en nuestro poder los vehículos no dirigimos hacia Tapachula Chiapas y nos dirigimos a la casa que nos había ordenado DANIEL Alias EL COMANDANTE MORENO al llegar toque el claxon y me abrieron el portón reconociendo a la persona que me abrió como la CARNE O EL CHAMOY cuya media filiación ya proporcione,.". ".Otra persona que se y me consta que fue secuestrada por la COMPAÑÍA O GRUPO DE LOS ZETAS FUE UN FAYUQUERO quien vivía en Tuxtla Chico, pero ignoro la dirección exacta a esta persona la puso un informante que mi jefe DANIEL Alias EL COMANDANTE MORENO, de quien ahora se que responde al nombre de DIDIER MENDEZ DE LEON pero de estos hechos únicamente tengo conocimiento porque me lo platicaron ya que en ese momento yo me encontraba en la Ciudad de Veracruz de vacaciones y estos hechos me los platico LA CARNE O EL CHAMOY diciéndome que principios del mes de junio la estaca de NERIO alias EL SANTOY había levantado en la entrada de Tuxtla Chico, a un fayuquero que movía cocaína dentro de su mercancía pirata, y a quien tuvieron secuestrado en la casa del maya quiche casa de seguridad de la estaca de NERIO VENTURA PEREGRINO alias el SANTOY.". ".todos lo s grupos abandonaron sus casas de seguridad y la Ciudad yéndose los guatemaltecos que estaban en el grupo a su país de origen es decir a Guatemala al igual que OTTONIEL MONZON alias EL CHAPARRO O LA TUNCA, y a Veracruz se fue la CARNE O EL CHAMOY y a tabasco se fue DANIEL Alias EL COMANDANTE MORENO y ALFREDO RODRÍGUEZ ACAL alias EL PISCUY, este ultimo anda huyendo de la organización debido a que al detener a NERIO VENTURA PEREGRINO y su estaca DANIEL Alias EL COMANDANTE MORENO le ordeno que fuera a la casa de Maya quiche o cantarranas a que sacara al secuestrado y lo llevara a otra casa de seguridad y sacara los uniformes y cualquier documento que los inculpara.". ".yo también salí a la carretera para coordinarme con los halcones y darle seguridad a las estacas de OTTONIEL MONZON alias EL CHAPARRO O LA TUNCA, que viajaba a bordo de una camioneta Trail blazer blanca y la estaca de CONRADO MARROQUIN MARROQUIN alias EL DIABLO o EL DEMONIO a bordo de una Xtrail color Negra por lo que cuando me encontraba en el kilómetro diez estacionado a la orilla de la carretera vi pasar las dos camionetas con las estacas y el que manejaba la camioneta XTRAIL era la CARNE O EL CHAMOY quien al verme me hizo señas con la mano y que mirara hacia atrás y yo volteo y veo que a trescientos metros venia una camioneta Ram color negra con tres personas del sex masculino en la cabina, al parecer de alguna corporación policíaca porque traían chalecos quienes al pasar junto a mi se pararon y tomaron mis placas,.". De lo hasta aquí expuesto, queda claro que la acción penal quedó delimitada contra Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui, porque las pruebas recabadas en la indagatoria arrojan indicios suficientes que ponen de relieve que dicha persona probablemente participó en el delito investigado, obrando ciertas características físicas que abonaban para su identificación. Esta afirmación, desde luego, no prejuzga sobre la eficacia probatoria plena o probable respecto de la participación o no de la persona que responde al nombre de Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui, en el hecho delictivo investigado, porque el análisis constitucional que se efectúa en esta pieza resolutoria se centra únicamente en la identidad de esa persona, con el aquí quejoso Edwin Estanislado Matúl García, sin que abarque el estudio de fondo tanto del cuerpo del delito como la probable responsabilidad de la persona contra quien se libró el mandamiento de captura. Ahora bien, la orden de aprehensión de veinte de febrero de dos mil catorce, se cumplió hasta el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en que mediante oficio 419/PE/CRFC/OA/2021, agentes de la Policía Especializada de la Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa, en esta ciudad, pusieron a disposición de la juez de la causa, a quien identificaron como Erwin Alonso, alias El Chamoy, El Carne Asada, El Chacamahui y/o Edwin Hernández Hernández y/o Edwin Estanislao Matul García alias El Mayate y/o El Chido y/o El Chino, internado en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, en esta ciudad, sin precisar y acreditar la forma en que llegaron a la convicción de que el sujeto aprehendido era la misma persona contra la que se libró el mandamiento de captura, ya que no hay una sola mención al respecto (fojas 476 a 570 del tomo 12 y fojas 547 y 548 del tomo 20 de pruebas). En diligencia de declaración preparatoria verificada el siete de octubre de dos mil veintiuno, ante la juez de la causa y asistido de su defensora particular, el aquí quejoso manifestó en sus datos generales llamarse Edwin Estanislao Matul García, que no cuenta con apodo; ser de cuarenta y cinco años de edad, al haber nacido el veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis; de nacionalidad guatamelteca; que sus padres responden a los nombres de Ramona García y Cruz Matul; declarando que no era cierta la acusación, que no conoce a los que lo sindican; que los hechos que se le imputan los ignora; que no ha cometido la conducta que se le reprocha. Para avalar lo anterior, la defensa del quejoso ofreció dentro del término Constitucional, las declaraciones de los testigos de descargo e interrogatorio de Alfredo Leonel Hernández González, Jesús Sánchez Albores y Jorge Luis Hilerio Santos; que el primero de ellos, en los sustancial, dijo conocer al quejoso Edwin Estanislao Matul Garcia desde hace mas catorce o quince años, que trabaja en su propiedad como auxiliar de mécanico, que en el barrio todos lo conocen por su propio nombre y que al él lo conocen la mayoría del pueblo. El segundo de los testigos, aseveró conocer a Edwin Estanislao Matul Garcia que vive en Acapetahua, Chiapas, trabaja en un taller mecanico, en esa misma población, que tiene hace mas o menos catorce años que lo conoce, y que lo ha visto trabajar en ese taller, no tiene conocimiento de que al quejoso no llaman por algun apodo. El tercer testigo, dijo conocer a Edwin Estanislao Matul García, porque lo conoce más de catorce años, desde que él llego a trabajar al taller donde él vivía actualmente, me consta que es una persona honrada, y trabajadora, porque es su vecino y no lo conoce con otro nombre o sobrenombre. Asimismo, dentro del lapso constitucional y ante presencia judicial, se desahogó la fe judicial a cargo del Actuario Judicial en funciones de Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal, en esta ciudad, respecto de la anatomía del quejoso (media filiación), recabándose los siguientes datos importantes: fecha de nacimiento veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis, orginario de la Ciudad de México, nombre de los padres Cruz Matul y Ramona García (finados), sin sobrenombre, ocupación auxiliar en mecánica, grado escolar de tercer grado de primaria, estatura 1.64, cabello corto lacio, ojos medianos, nariz chata, boca mediana, tex morena, mentón redonda, color negros, cejas pobladas, complexión robusta, ninguna seña en particular (fojas 563 ídem). También se glosó a los autos copia certificada del atestado de nacimiento del quejoso, apareciendo que su nombre es Ewin Estanislado Matul García, lugar de nacimiento San Francisco El Alto, Totonicapán, Guatemala, con su respectiva apostilla de la autoridad correspondiente (fojas 576 ídem). Además llama la atención que no existe valoración médica del galeno adscrito al Centro carcelario en donde se encuentra interno el quejoso, en la que recabara los datos relevanmtes a su descripción y estado físico. Pese al evidente acervo probatorio, la autoridad responsable consideró en la parte final del estudio de la probable responsabilidad de la resolución reclamada, de manera dogmática y sesgada, que no eran suficientes para tener por acreditada la falta de identidad del quejoso Edwin Estanislado Matul García, con la persona contra la que se ejercitó la acción penal, porque no eran suficientes para desvirtuar el material de cargo recabado en la indagtoria, inclusiva refirió, en la contestación a los alegatos de la defensa del quejoso, que los integrantes del grupo delincuencial entre ellos manajean diferentes apodos o sobrenombres para no ser investigados o identificados y que por ello consideró que el quejoso era sujeto activo en la participación del evento delictivo. Contrario a esa decisión, era evidente que dicha valoración se aparta de lo pretendido por la defensa del quejoso y del principio de presunción de inocencia, esto es, demostrar que el quejoso es una persona distinta a la que sujetó la investigación del delito, porque no hay identidad entre ellos. Inclusive, la juez del conocimiento pasó por alto que de los medios probatorios que arrojan las características físicas del quejoso y la persona sindicada, existen variaciones sustanciales, pues de la versión del coinculpado Nerio Ventura Peregrino (A) Santoy y/o El Güero y/o El Tabasqueño, refirió que Erwin Alonso (A) Chamoy y/o Carne Asada, era originario de Puerto Madero, de aproximadamente 17 años de edad, de estatura 1.70, complexión robusta, tez moreno claro, ojos grandes, color negros, cejas delgadas, nariz grande, boca grande, labios gruesos, orejas grandes, sin barba, ni bigotes, viste con pantalón de mezclilla, playera y huaraches. Por su parte, Héctor Tinajero Palomeque, describió a El Chamoy o La Carne, de aproximadamente 21 años de edad, de estatura 1.70 metros, complexión delgada, tez moreno, cabello chino, cara redonda, frente mediana, cejas pobladas ojos medianos color negros, nariz chata, orejas medianas, boca grande, labios gruesos, sin barba ni bigote y como seña particular usa anillos de la santísima muerte en la mano derecha. Mientras que de la media filiación recabada por el personal judicial actuante del juzgado responsable advirtió que el quejoso Edwin Estanislado Matul García, no tenía sobrenombres, estatura 1.64, cabello corto lacio, ojos medianos, nariz chata, boca mediana, tez morena, mentón redonda, color negros, cejas pobladas, complexión robusta, sin ninguna seña en particular. A todo lo antes narrado, la juez responsable concluyó que por el momento, no existían datos suficientes para considerar que el quejoso Edwin Estanislado Matul García, no es la persona que señalan los testigos de cargo como autor del delito de secuestro. Consideración completamente contraria al principio de presunción de inocencia y a lo previsto en los imperativos 21 y 102 constitucionales, que recogen el principio de que el Ministerio Público es quien acudirá ante el Juez a efecto de demostrar y éste último es quien valorará, los hechos consignados en el pliego de consignación, en lo relativo a la probable responsabilidad e identidad del sujeto activo de la comisión del hecho punible y no como refirió la juez responsable, en revertir al quejoso la carga probatoria. Efectivamente, no puede considerarse que -en el caso especial- atinente a la identidad del quejoso con el sujeto denunciado, se revierta a éste la carga de la prueba y se exima al Ministerio Público de la obligación que le fincan los artículos constitucionales mencionados, que obligan necesariamente al órgano técnico investigador a demostrar la probable responsabilidad e identidad del sujeto involucrado. Así, es al Ministerio Público a quien incumbe la investigación y persecución de los delitos, debiendo buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, lo cual se corrobora del artículo 19 del mismo ordenamiento fundamental, al establecer que el auto de formal prisión deberá expresar los datos que arroje la averiguación previa, los cuales deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. Esta obligación constitucional del Ministerio Público, de acreditar los elementos del delito y la probable responsabilidad del imputado, en esencia constituye el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano (en el caso en el sistema mixto de anterior vigencia), el cual tiene efecto en la sentencia definitiva. Es propio del proceso penal, que al Ministerio Público le corresponde allegar pruebas incriminatorias y al procesado las de su defensa, entre ellas, las que tiendan a destruir o a desvanecer las aportadas por su contraparte, así la presunción de que el sujeto activo realizó determinada conducta delictiva, no es absoluta (iuris et de iure) sino relativa (iuris tantum), pues admite prueba en contrario, en tanto, que en todo caso puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes para demostrar su licitud. En esta tesitura, es dable sostener que en todo momento debe darse al inculpado un trato de inocente hasta que no se logre probar que ha dañado el bien jurídico protegido y sólo hasta entonces, podrá darse el tratamiento de responsable. En este sentido, la presunción de inocencia como estándar probatorio o regla de juicio, al entenderse como una regla que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados, cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona, permite determinar que no puede relevarse al juzgador de la obligación de cerciorarse, al valorar el material probatorio existente en la averiguación previa, que esté -al menos- demostrada la identidad del inculpado, con la persona a quien se aprehende en cumplimiento a un mandamiento de captura, como ocurre en el caso. Apoya esta conclusión la tesis Época: Décima Época, Registro: 2018965, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. VII/2018 (10a.), Página: 473, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONTENIDO DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Por lo tanto, lo así considerado por la juez responsable, implica que el acto sea inconstitucional, al encontrarse indebidamente fundado y motivado, lo que originó que el quejoso quedara en estado de indefensión al no evidenciarse con certeza jurídica en el acto de autoridad, los datos de prueba que identifiquen plenamente al aquí quejoso, con el indiciado, respecto de la cual se estudió el delito y su probable responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XCII/2015 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1101, del Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2008643, que señala: LIBERTAD PERSONAL. ESTATUS CONSTITUCIONAL DE SU RESTRICCIÓN PROVISIONAL.- La libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Ahora, restringiéndose al ámbito de la materia penal, se ha sostenido que para la privación de la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de aprehensión, un caso de urgencia acreditable por el Ministerio Público o la actualización de un supuesto de flagrancia delictiva. Sin embargo, es notorio que al margen de estos casos, existen afectaciones momentáneas a la libertad que no encuadran dentro de dichas categorías conceptuales y que deben de cumplir con otros parámetros para validar su constitucionalidad. Es decir, las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, mismos que necesariamente provocan algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los habitantes de este país. A este tipo de situaciones se les puede denominar como restricciones provisionales al ejercicio de un derecho, ya que no conllevan una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública. En ese tenor, para analizar la validez de estas restricciones, en precedentes de esta Suprema Corte (en específico, el amparo directo en revisión 3463/2012), se ha ideado el concepto de control preventivo provisional, consistente en las diferentes actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza en cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúe atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable acreditable caso por caso. Por lo hasta aquí determinado, cabe traer a colación lo determinado por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al amparo directo 33/2008, en cuanto al aspecto de ponderación entre el respeto a los derechos fundamentales del inculpado o bien, la pretensión de que ningún acto quede impune, la que dio origen a la jurisprudencia 139/2011, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Página: 2057, del rubro: PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, para lo cual, en la parte considerativa, resolvió lo siguiente: ".Es cierto que tratándose de procesos penales, el costo a asumir por la declaración de invalidez de una prueba es sumamente alto, pues muchas veces, la prueba determinante del proceso puede ser aquella que se obtuvo en contravención de la ley o de la Constitución. Ante esto, debe tenerse en cuenta que estamos ante un problema en el que es necesario decidir qué es lo que constitucionalmente tiene primacía: el respeto a los derechos fundamentales -en este caso, las formalidades esenciales del procedimiento- o bien, la pretensión de que ningún acto quede impune. Esta cuestión es de gran relevancia, toda vez que la obtención ilícita de una prueba supone un incorrecto actuar por parte de la autoridad. Es decir, la acusación en contra de un particular por cometer un delito puede perder relevancia jurídica si la prueba contundente está viciada. Es entonces cuando la probable culpabilidad de tal particular debe ser descartada (en la hipótesis de que no existan pruebas válidas), con independencia de si, de hecho, la persona cometió el delito. La violación de una formalidad por parte del Estado adquiere tal magnitud y gravedad que impide tener por válida la probanza hecha en contravención con las garantías individuales. Esto -se podría argumentar- genera impunidad. Pues bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima lo contrario en atención de lo siguiente: Cuando un servidor público comete un hecho ilícito o inconstitucional (como lo es la obtención de una prueba ilícita), un órgano jurisdiccional cuenta con dos alternativas, a saber: convalidar la actuación bajo el argumento de que hay un interés social en que las conductas punibles se sancionen; o bien, dejar de tomar en cuenta la prueba contraria al orden jurídico (bajo el argumento de que el respeto por los derechos individuales no puede ceder ante una pretensión o interés colectivo). Debe aceptarse que cuando ocurre lo primero, el órgano jurisdiccional emite una resolución que, al deber aplicarse en los casos subsecuentes, genera un incentivo perjudicial para el respeto del Estado de derecho. Esto, toda vez que las autoridades que violen las normas procedimentales, u obtengan pruebas ilícitamente, recibirán el mensaje de que a su actuación no le sigue consecuencia alguna. Es decir, lo que en realidad es contrario al orden jurídico y -de manera más importante-, a los derechos fundamentales, termina por soslayarse para todos los casos hacia el futuro. Con lo cual, se genera una permisión de hecho: las autoridades dejan de estar vinculadas por la Constitución. No es difícil advertir que lo anterior trae como consecuencia la ausencia de Estado de derecho. Las normas emitidas por el legislador y las disposiciones constitucionales se vuelven entonces, meras expectativas o programas políticos, sin posibilidad de hacerse exigibles en sede jurisdiccional. Todo ello, en atención a que dichas normas, de hecho, no vinculan la actuación de las autoridades mismas. Nada más perjudicial que la ausencia de Estado de derecho cuando lo que se pretende es combatir la impunidad. Por ello, el argumento según el cual las violaciones en la obtención de pruebas, no deben adquirir fuerza tal que permitan destruir las actuaciones derivadas de las mismas, termina por resultar contrario a dos pretensiones de la mayor importancia: por un lado, se incentiva la violación de las formalidades esenciales del procedimiento, con lo cual, se genera mayor impunidad. Por el otro, se dejan de observar los derechos fundamentales del orden constitucional. Esto, aun cuando se alegue la mera violación de la ley, toda vez que la garantía de legalidad también está consagrada constitucionalmente y su alegada violación es, sin duda, revisable en el juicio de amparo. Por tanto, es falsa la pretendida disyuntiva entre el respeto de las garantías individuales (del procesado) y el interés de la colectividad por los valores de seguridad, orden y no impunidad. Ambos fines se logran con la aplicación de la regla de exclusión de las pruebas ilícitamente obtenidas. Como ya se dijo, sólo se logra un Estado seguro, exento de impunidad, a partir de la eficacia del orden jurídico; es decir, se logra en la medida en que es posible la aplicación del derecho en la vida de cualquier ciudadano. El respeto por las reglas es aquello que posibilita que el interés colectivo efectivamente sea satisfecho.". Luego, al no estar verdaderamente fundado y motivado el acto reclamado, en lo atinente a la identidad del quejoso con el sujeto activo contra quien se ejercitó la acción penal, la resolución reclamada conculca el derecho humano de legalidad del inconforme, el cual se encuentra consagrado en el artículo 16 Constitucional. SEXTO.- Efectos de la concesión del amparo. Bajo el panorama expuesto, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado estima que debe concederse la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero del Ramo Penal, en esta ciudad, realice lo siguiente: 1.- Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de once de octubre de dos mil veintuno, emitida en el proceso penal 145/2017 (antes 437/2014), en la que decretó formal prisión al aquí quejoso, al considerarlo probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de Dimas Ayala Gómez y su ejecución. 2.- Y en su lugar, dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, efectúe un nuevo análisis de todos y cada uno de los medios aportados en el indagatoria y siguiendo los lineamientos que se trazan en esta resolución, purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, con lo cual quedará cumplido el amparo, se pronuncie nuevamente sobre la identidad del aquí quejoso con el sujeto activo contra quien se ejercitó la acción penal y resuelva conforme a derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 59/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 74, Tomo VI, octubre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, en esta ciudad, al devenir de un acto declarado inconstitucional y no reclamarse por vicios propios Cobra aplicación, la jurisprudencia número 102, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, cuyo contenido dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Edwin Estanislado Matul García, en contra del acto precisado en el considerando segundo, atribuido a la Jueza Primero del Ramo Penal, en esta ciudad y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos indicados en el diverso considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente al resto de las partes. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado; asistida por José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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