Edwin Eduardo Matamos Galvan
Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Edwin Eduardo Matamos Galvan
- Robert Alexander Cabeza Loor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita le sea informado el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa. Ahora, de las constancias que obran en los presentes autos, se advierte que dicha información se le proporcionó a través del oficio 5032/2023, como consta en el acuse que obra en autos (fojas 107 y 108); sin embargo, en atención a lo solicitado por el Juzgado oficiante, anéxese a la presente comunicación que se libre vía interconexión el citado oficio, así también se informa que en auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del juicio 223/2023-II, respecto al acto reclamado consistente en la deportación y su ejecución, quedando registrado bajo el número 146/2023, de su índice. Por lo anterior, en esa misma data, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa, como un asunto totalmente concluido. Informado lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo, como esta ordenado el acuerdo de ocho de marzo del año que transcurre.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 2933/2033, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de tres de marzo del año que transcurre, del que se advierte que acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito; y se avocó al conocimiento del juicio 223/2023-II, respecto al acto reclamado consistente en la deportación y su ejecución, quedando registrado bajo el número 146/2023, de su índice... En razón de lo anterior, y toda vez que veintidós de febrero del año que transcurre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se avocó a los demás actos reclamados; previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el presente cuadernillo dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y por otra, se declaró incompetencia, misma que fue avocada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Colegio de Educación Profesional Técnica Tabasco (CONALEP TABASCO), a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en acuerdos de veintiséis de enero y quince de febrero de dos mil veintitrés, informa que de acuerdo al calendario del Colegio de Educación Profesional Técnica Tabasco (CONALEP TABASCO), realizó el proceso de captación de recursos de éste semestre, el cual inició el trece de febrero de dos mil veintitrés y finalizará el veintiocho del mismo mes y año; asimismo, para acreditar lo anterior adjunta los oficios DG/DACIG/078/2023 y DG/DACIG/083/2023, de veintiuno de febrero del año en curso, por tanto, se tiene a dicha autoridad en vías de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, requiérase a********** en su calidad de Titular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Tabasco (CONALEP- TABASCO), para que una vez que fenezca el periodo de captación de los recursos de este semestre a que refiere el Director de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental del Colegio de Educación Profesional Técnica Tabasco, en el plazo de tres días hábiles, remita las constancias que acrediten que ya cuenta con la cantidad de $286,304.37 (doscientos ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos 37/100 m.n.) que pactó para la cumplimentación del laudo dictado en el expediente laboral 1003/2000, de su estadística en favor de ********** En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se provee; téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, transcribe el proveído de diecisiete de febrero del año que transcurre, dictado en el juicio de amparo 236/2023 de su estadística, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó parcialmente al conocimiento del juicio 223/2023 II, de los siguientes actos reclamados: 1) Retención y/ alojamiento (privación de la libertad) en la Estación Migratoria. 2) Violación del libre tránsito (libertad deambulatoria). 3) La orden de alojamiento de manera prolongada e indefinida en la estación migratoria fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la Ley de Migración y por ende del artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 4) Que los obliguen a firmar cualquier acta de abandono voluntario de México. 5) La aplicación de ley constitucional artículo 111 de la Ley de Migración. 6) La retención de la documentación de identidad de las personas migrantes, pasaportes credenciales entre otros o aquella con la que acrediten su situación migratoria. 7) La ejecución de los actos reclamados antes mencionados, así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dichos actos, por ser violatorios de derechos humanos, concretamente del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el libre tránsito contenido en nuestro artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. No obstante ello, no aceptó la competencia por cuanto hace al acto reclamado consistente en la deportación de los quejosos, para lo cual, indicó que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en su concepto, se actualizaba la competencia de un Juzgado de Distrito en amparo en materia penal, no así administrativa como lo es su especialidad, al estar inmiscuidos derechos de libre tránsito y permanencia en el territorio nacional. En razón de lo anterior, se toma conocimiento del avocamiento parcial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ahora, en cuanto a lo manifestado por el homologo, de la devolución -vía interconexión- de los autos del presente juicio de amparo, las mismas no fueron anexas a su oficio de cuenta. Por otro lado, tomando en consideración que por proveído de ocho de febrero del actual, se le habilitaron los permisos necesarios para acceder al expediente electrónico respectivo, a efecto de que las constancias que obran en el presente juicio puedan ser tomadas en consideración al momento en que provea lo conducente; se levantan la reserva acordada mediante auto de trece de febrero del año que transcurre, para que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que fue el órgano que en su caso se avocó al parcialmente del conocimiento de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, acuerde lo conducente y en su caso resuelva a lo que en derecho corresponda, en cuanto al informe relativo a la suspensión de plano. Incompetencia. En consecuencia, tomando en consideración lo manifestado por la autoridad oficiante; este órgano jurisdiccional es incompetente para conocer del acto reclamado consistente en la deportación de los quejosos, como se expondrá enseguida. A fin de sustentar dicha afirmación resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: 1) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto; por tanto, una vez establecidas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede analizar a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Bajo esas premisas, en el caso, el acto reclamado consistente en la orden de deportación, requiere de una ejecución material; por tanto, si los directos quejosos están detenidos en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, conocida como las "Agujas" lo cual se encuentra acreditado con la razón actuarial llevada a cabo por la fedataria adscrita al juzgado exhortado es innegable que los actos aquí combatidos no se ejecutan, ni se ejecutaron en el ámbito territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Asimismo, de lo mencionado en el artículo 56 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que quien debe conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones del orden penal y entre otras cosas, contra los actos que importen peligro de privación de la vida, como lo es la deportación. Por tanto, tal como lo estima el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien debe conocer de la deportación de los quejosos, es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno.********** "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar a qué Juzgado de Distrito corresponde la competencia por materia para conocer del juicio de amparo, cuando los actos reclamados consistan en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), llegaron a soluciones distintas, ya que mientras para uno de ellos la competencia se surte en favor de un Juzgado de Distrito Especializado en Materia Administrativa, para los otros dos corresponde a uno especializado de amparo en materia penal. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos consistentes en la privación de la libertad, el alojamiento, el retorno asistido y la deportación, emitidos en procedimientos administrativos migratorios del Instituto Nacional de Migración, se surte en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. Justificación: El procedimiento administrativo migratorio inicia con la presentación de extranjeros, que es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria, mientras el Instituto dicta una resolución en el procedimiento, el cual puede culminar en la regularización, el retorno asistido o la deportación, todo lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para fijar la competencia por materia, prima la naturaleza del acto y no el carácter de las autoridades responsables o la relación jurídica entre las partes. Ahora, dado que esos actos reclamados afectan la libertad personal del migrante e implican un posible abandono del territorio nacional, tienen la naturaleza de actos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (56, fracción I, de la norma vigente), que señalan que con independencia de la naturaleza de la autoridad responsable, el asunto es de su conocimiento cuando el acto reclamado atente contra la libertad personal (salvo que se trate de una corrección disciplinaria o medio de apremio impuestos por autoridad distinta de la autoridad penal), así como aquellos que impliquen el destierro o la deportación." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer del acto reclamado consistente en la deportación de los directos quejosos y estima competente al Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, pues es quien tiene jurisdicción en esa ciudad y en la referida materia.
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