Edwin Eduardo Carrera Pérez
Expediente 2118/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2118/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Edwin Eduardo Carrera Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
2Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la sentencia de amparo y remite constancias para acreditar su dicho, en consecuencia, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento. Establecido lo anterior, se requiere a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con la constancia que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el tres de octubre de dos mil veintitrés, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "1. Proceda de inmediato a dictar la resolución que corresponda, a la solicitud presentada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por la empresa quejosa, integrada bajo el expediente **** y código de expediente ***. 2. Haga del conocimiento personal del quejoso, tal resolución, de manera fehaciente. Cabe hacer mención que la protección constitucional otorgada no obliga a la entidad responsable a que la respuesta que se emita resulte necesariamente favorable al particular, sino únicamente que se haga un pronunciamiento congruente en relación con la petición formulada por la aquí quejosa y para que de inmediato se haga de su conocimiento, en la vía y forma que en derecho corresponda." Por ello, mediante oficio con número de registro 25746, la Directora de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, remitió copia certificada de la resolución veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en la que dio respuesta a la solicitud presentada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por la empresa quejosa, misma que hizo de su conocimiento vía correo electrónico el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de conservación una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del aludido acuerdo general. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que que en proveído de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días informara si tenía conocimiento de la sucesión a bienes de ***, auto que se le notificó electrónicamente el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sin que se manifestara. Ahora, visto el estado procesal de autos y debido a que de la información recabada se advierte que no se localizó sucesión radicada a nombre de la tercera interesada ***, además de que resulta necesario emplazarla al presente juicio; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 constitucional, 4 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, así como 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, gírese oficio a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y requiérasele para que dentro del término de diez días, previsto en la norma 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le practique de este auto, designe a un Agente Social de su adscripción con el propósito de que denuncie la sucesión a bienes de la tercera interesada *** y gestione la designación de un albacea provisional, lo que deberá acreditar fehacientemente ante este órgano jurisdiccional y proporcionar el domicilio en el que podrá realizarse el emplazamiento a juicio de la sucesión indicada, por conducto del albacea que se nombre. Para ello, remítasele copia certificada del acta de defunción y de la comunicación oficial en donde consta que no se encontró sucesión radicada respecto de la tercera interesada de mérito. Apercíbasele que de incumplir con lo requerido, se le impondrá una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, conforme con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 del ordenamiento de la materia, que equivale a la cantidad de $5,187 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 684, del Tomo LXXX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: «INTESTADOS, DENUNCIANTES DE LOS. El juicio sucesorio comprende todos los bienes y derechos del extinto, así como sus obligaciones, es de carácter universal y su procedimiento es de jurisdicción voluntaria mientras no exista contención entre los interesados; en él intervienen forzosamente los fiscos federal y local, ya que sólo es un trámite formal judicial o ante notario, por lo que se autoriza el consiguiente traspaso de bienes y, consecuentemente, tiene los caracteres de orden público y de interés social. La denuncia que se hace de un juicio sucesorio no es ejercicio potestativo de una acción real o personal, el denunciante no es un actor, pues hasta un extraño a los intereses que se tramiten en ese juicio puede ser denunciante; la sucesión, desde que se radica, está representada por un interventor, en su caso, o por el albacea, si el juicio ya está en ese estado y sólo uno u otro tiene personalidad para ocurrir al amparo, personalidad que no tiene el denunciante, por falta de legitimación.» (Énfasis agregado). También, sustenta lo considerado, por las razones que la informan, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 427, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: «JUICIO, NULIDAD DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si bien el artículo 924 del Código de Procedimientos Civiles no establece la prohibición para promover juicio de usucapión en contra de una persona fallecida, ello no significa que esté permitido legal y jurídicamente hacerlo, pues de acuerdo con los principios generales de derecho y diversos preceptos, por ejemplo los artículos 97 y 98 del citado ordenamiento legal, "puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés, directo o indirecto en un negocio que amerite la intervención judicial" y "por los que no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes, legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho, los ausentes o ignorados serán representados como previene el título XI, Libro Primero del Código Civil", la acción debe ejercitarse contra una persona en pleno ejercicio de su capacidad jurídica o de su representante, que, a su vez, supone la satisfacción de dos requisitos: la existencia de una persona física o moral y la plena capacidad jurídica, o en su defecto la existencia, por resolución judicial o por disposición de la ley, de un representante legítimo de ella. De tal manera que, cuando muere una persona, contra la cual se tenía una acción, debe demandarse a su representante legal, albacea testamentario o intestamentario de la sucesión, y cuando esto no se hace, el juicio intentado resulta fraudulento, pues si bien conforme a la legislación civil la prescripción adquisitiva debe ejercitarse contra la persona que aparezca inscrita en el Registro Público de la Propiedad como propietario del inmueble que se pretende usucapir, cuando ha fallecido deberá demandarse al representante legal de la sucesión y si ésta no existe, tiene que denunciarse al Ministerio Público para que inicie el intestado.» (Énfasis añadido). Se difiere audiencia. Así las cosas, con el objeto de permitir que se cumpla con lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Ténganse por recibido el oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable, a través del cual remite copia certificada de la constancia con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.
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