Edwin Domínguez González
Expediente 1160/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edwin Domínguez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo auto causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad por lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. II. ARCHIVO Y ANOTACIONES. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido; háganse la anotación en el libro respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. SE COMUNICA A LAS PARTES LA ADSCRIPCIÓN DE LA TITULAR. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 61, 62 y 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°., agréguese a los autos el oficio enviado en alcance al informe justificado rendido por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el catorce de septiembre de dos mil veinte, resolvió de manera procedente otorgar la autorización relativa al trámite CNA-01-013 AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE TÍTULOS Y SU REGISTRO, MODALIDAD B), POR VÍA SUCESORIA O ADJUDICACIÓN JUDICIAL, solicitada por la parte quejosa, luego, el Registro Público de Derechos del Agua, en la Ciudad de México, procedió a su registro y el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se notificó al solicitante del amparo; y para tal efecto, remite copia certificada de dichas constancias. En tal virtud, el titular de este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". En relación con lo anterior y con fundamento en el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Del precepto y criterios transcritos, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 80, de la Ley de Amparo. Hipótesis que se actualiza en el caso a estudio. Al respecto, cobra destacada importancia el alcance al informe justificado rendido por la responsable, de la cual se advierte, que el catorce de septiembre de dos mil veinte, emitió resolución en la resultó procedente autorizar la solicitud de la parte quejosa, la cual le fue notificada el veintiocho siguiente, mediante el correo electrónico designado para tal efecto. Luego, de la lectura íntegra de la demanda se advierte el acto reclamado por la parte quejosa es la omisión de substanciar y emitir la solicitud de registro del trámite número CHIH-L-0952-04-04-14 al Registro Público de Derechos del Agua, en los términos y plazos establecidos por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como la omisión de inscribir la resolución en comento en el Registro Público de los Derechos del agua. Como apoyo legal a lo anterior, por igualdad de razón y con fundamento en el artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, resulta aplicable la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Bajo este contexto, dado que durante la tramitación de este contradictorio federal, sobrevino la causa de improcedencia indicada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio. Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal no se podría desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender esperar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, puesto que de hacerlo, sería en perjuicio del derecho de administración de justicia pronta y expedita tutelado por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y tres minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno.
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se reanuda el trámite del presente juicio de amparo; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta signado por la Presidente Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el cual informa sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Respecto a lo anterior, requiérasele para que siga informando las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado las constancias con las que lo acredite.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para su celebración, toda vez que aún no se encuentra debidamente integrado; además, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, pues de dicha circular se desprende que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre del año en curso, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la " Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales que se encuentra en funciones en el país, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, este Juzgado de Distrito, únicamente tramitará ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama específicamente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama del Director Local la omisión de substanciar y emitir la solicitud de registro del trámite número CHI-L-0952-04-04-14 QAL Registro Público de Derechos del Agua en los términos y plazos establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; y del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se reclama la omisión de inscribir en dicho registro la resolución al trámite en comento." En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de garantías, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto se suspende su tramitación y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, sin que hasta el momento haya rendido el mismo, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó. Por tanto, una vez que se reanuden las labores de este juzgado, solicítese a la citada autoridad responsable su informe justificado, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda; debiendo adminicular copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, de conformidad con el artículo 117, de la ley que regula el juicio de amparo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien a mil días equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, de la Ley de Amparo y los artículos 1º, 2º y 3º transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, y en caso de no informar cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme lo dispuesto por el artículo 251, de la Ley de Amparo, es decir, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días equivalente a la Unidad de Medida y Actualización. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó a Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales que haya a lugar Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alicia Alejandra Torres Enríquez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
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