Edwin Daniel Pérez Hernández

Expediente 1085/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1085/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio de amparo, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa,

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Para que obre como corresponda, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la Diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y anexos que se acompañan al mismo. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de responder a los planteamientos contenidos en el escrito recibido ante la responsable el veinticinco de septiembre del año en curso. Sin embargo, del informe justificado rendido por la Diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el suscrito considera que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita y en la jurisprudencia 814 , que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En torno a dicha causa de improcedencia se precisa que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Tales consideraciones, por su contenido jurídico, encuentran sustento en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sentado lo anterior, tenemos que en el caso a estudio se señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito recibido ante la autoridad responsable el veinticinco de septiembre del año en curso. De las documentales que anexó la responsable a su informe, valoradas de acuerdo con lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, en lo que interesa, se aprecia que: Mediante oficio de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio contestación a las peticiones planteadas por la parte quejosa en su ocurso recibido el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el cual fue notificado en los estrados del Congreso del Estado el veintitrés de octubre del mismo año. En ese sentido, es claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que la responsable dio respuesta a las peticiones planteadas por la parte quejosa, en oficio de diecisiete del presente mes y año, el cual le fue notificado en los estrados del Congreso del Estado el veintitrés de octubre del año en curso, por lo que se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, la ilegalidad que pudo existir quedó subsanada con la actuación antes mencionada. De manera tal que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser analizada en el presente juicio de amparo, pues a la fecha quedó subsanada la omisión reclamada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, novena época, materia común, página 210, cuyo rubro y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. NP

  3. Principal

    Para que obre como corresponda, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la Diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y anexos que se acompañan al mismo. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de responder a los planteamientos contenidos en el escrito recibido ante la responsable el veinticinco de septiembre del año en curso. Sin embargo, del informe justificado rendido por la Diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, el suscrito considera que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita y en la jurisprudencia 814 , que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En torno a dicha causa de improcedencia se precisa que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Tales consideraciones, por su contenido jurídico, encuentran sustento en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sentado lo anterior, tenemos que en el caso a estudio se señaló como acto reclamado la omisión de contestar el escrito recibido ante la autoridad responsable el veinticinco de septiembre del año en curso. De las documentales que anexó la responsable a su informe, valoradas de acuerdo con lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, en lo que interesa, se aprecia que: Mediante oficio de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio contestación a las peticiones planteadas por la parte quejosa en su ocurso recibido el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el cual fue notificado en los estrados del Congreso del Estado el veintitrés de octubre del mismo año. En ese sentido, es claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que la responsable dio respuesta a las peticiones planteadas por la parte quejosa, en oficio de diecisiete del presente mes y año, el cual le fue notificado en los estrados del Congreso del Estado el veintitrés de octubre del año en curso, por lo que se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, la ilegalidad que pudo existir quedó subsanada con la actuación antes mencionada. De manera tal que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del impetrante que amerite ser analizada en el presente juicio de amparo, pues a la fecha quedó subsanada la omisión reclamada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, novena época, materia común, página 210, cuyo rubro y contenido son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. NP

  4. Principal

    Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución respectiva expídase copias certificadas de la misma, previa razón de recibido que se asiente en autos.

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