Edwin Daniel Ortiz Medina

Expediente 707/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
707/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Ortiz Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA IV. Se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 452/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Coordinador de Amparos de la Unicia de Investigación y Litigación dentro del Sistema Penal Acusatorio, en el que realiza diversas manifestaciones, sin que sea el caso acordar respecto de su contenido, toda vez que en proveído de siete del mes en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    IV. Vista la razón de la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, de fecha siete de julio en curso, de la que se advierte que no le fue posible notificar a la autoridad responsable Secretario Investigador de la Agencia Mixta Investigadoras Número Uno del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el contenido del acuerdo de dictado en autos del presente juicio de amparo en esa misma fecha, debido al que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, fue informada por la Jefa de sección, que la citada autoridad no existe en esta ciudad, sin que sea necesario reexpedir el oficio de mérito, toda vez que el cinco de julio del año en curso, la Fiscal Investigadora Número Uno de la Fiscalía General del Estado, rindió su informe justificado en su denominación correcta.

  4. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Fiscal Investigadora Número Uno de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el aquí quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de contestación del escrito presentado ante la autoridad responsable de fecha once de mayo del año en curso, en autos de la carpeta de investigación número M1/1814/2016, en el que solicitó la devolución de la moto de su propiedad, marca Italika, modelo ZW 125, con motor LC157MIPEO17150, con placas DLFH4. En consecuencia, del análisis de las constancias que se anexan, en relación con dicho acto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama a la Fiscal Investigadora Número Uno del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, la falta de acordar su escrito de fecha once de mayo del año en curso, en el que solicitó la devolución de la moto de su propiedad, marca Italika, modelo ZW 125, con motor LC157MIPEO17150, con placas DLFH4. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable tanto del diverso oficio con número de registro 11679, y que obra glosado en autos, así como del oficio de cuenta, se advierte que el veinticinco de junio del año en curso, se acordó el memorial cuya omisión de proveer reclama el aquí quejoso acuerdo en el que se accedió a la devolución de la moticleta italika, asimismo, se advierte que el tres de julio en curso, compareció el quejoso Edwin Daniel Ortiz Medina en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a fin de solicitar la devolución de la citada moto, acreditando la propiedad del mismo, por lo que en ese mismo acto la autoridad responsable accedió por no haber inconveniente legal alguno, y le hace entrega el oficio de liberación correspondiente dirigido al Director de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, en el cual se le informa que se accede a la devolución de la moto, marca Italika, modelo ZW 125, con motor LC157MIPEO17150, con placas DLFH4, la cual se encuentra en el corralón municipal. (Fojas 21-23). Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente de origen, dio contestación a la promoción presentada por el aquí quejoso, el cual ya fue hecho de su conocimiento, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable para emitir el acuerdo en relación a la promoción de fecha once de mayo del año en curso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecinueve minutos del veinte de junio del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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