Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Francisco Payan Monroy
Actuaciones
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina: De acuerdo con el artículo 21, fracción b), del citado acuerdo, y dada la naturaleza de la resolución que puso fin al juicio, el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, al resolverse: En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, con relación al 107, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal se desecha de plano la demanda.
- Principal
Fórmese el expediente 131/2022. No es procedente conceder la suspensión de plano respecto de los actos reclamados porque su expresión es genérica, no permite inferir con claridad los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues se omiten señalar las circunstancias de ejecución (tiempo, modo y lugar) en que se han materializado cada uno de los actos invocados. En ese tenor, tomando en consideración las manifestaciones genéricas de la promovente no se desprende que se esté en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, con relación al 107, fracción V, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. La presente determinación es armónica con el artículo 17 constitucional que prevé, entre otros, el derecho humano de acceso a la justicia. Este derecho fundamental consiste en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, aunado al correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. De la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que, de enero de dos mil veinte al día de la fecha, Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González cuentan con al menos tres mil novecientos cincuenta y seis juicios de amparo generados a través de una promoción indiscriminada de forma sistemática de demandas de amparo bajo el mismo formato. Actuación que, si bien es un derecho, también lo es que los órganos jurisdiccionales del país se encuentran frente a un ataque tendencioso que ha llegado a sobrepasar las cargas de trabajo mermando la capacidad de reacción. En ese contexto, el ejercicio del derecho humano al acceso a la justicia debe ser racional a fin de que todos los gobernados tengan la misma seguridad jurídica de que sus demandas serán atendidas dentro de los plazos establecidos por la ley sin menoscabo de ver retrasada su resolución por acciones que atentan contra el correcto funcionamiento del sistema judicial. No pasa inadvertido que los promoventes del amparo pretendieron señalar como autoridad responsable a quien resuelve, sin embargo, dado el estado procesal del asunto, esa calidad no ha sido reconocida ni si quiera por los directos quejosos, por ello, se insiste, este juzgador no tiene la calidad de autoridad responsable en este momento. Por las mismas razones no resulta procedente designar defensor público a los quejosos, pues no ha sido perfeccionada la acción. Además, por disposición legal, este juzgador cuenta con veinticuatro horas para proveer sobre la demanda de amparo, término insuficiente para realizar las gestiones frente al Instituto de la Defensoría Pública respectiva para que les designe representación. Se tiene como representante común a Francisco Payan Monroy, sin perjuicio de que con posterioridad designen a diverso quejoso. Se tiene como domicilio procesal el lugar donde se encuentran internos. Hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa. Notifíquese; y personalmente a los quejosos por medio de su representante común.
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