Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 1274/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alejandro Diaz Madrid
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Segundo Superintendente ***, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el que realiza diversas manifestaciones y remite diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se da vista a la quejosa con copia del oficio de cuenta y anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, con base en las documentales que obran en el expediente se analizará si el fallo protector se encuentra cumplido o no. Hágase saber a la parte quejosa que el propósito de este Juzgado Federal radica en hacer cumplir la ejecutoria de amparo, para el efecto de que la autoridad responsable la restituya en el pleno goce de sus derechos constitucionales transgredidos; por lo que deberá coadyuvar con esta instancia para que el fallo protector quede cumplido. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo manifestado por la parte quejosa, así como con lo manifestado por la autoridad oficiante, se hace la aclaración a la autoridad responsable, es quien debe de realizar todos los trámites que sea necesarios para llevar a cabo la reinstalación de la parte quejosa en un puesto en el que desarrolle las mismas actividades o análogas, a las que venía desempeñando con anterioridad, gozando de las mismas prestaciones o, en su caso, realizar todos los trámites que sean necesarias para que el quejoso sea reinstalado en la Guardia Nacional, o en alguna corporación en la que pueda ser reinstalado con las funciones antes señaladas. Por lo anterior, tomando en consideración que las autoridades responsables y vinculadas han sido totalmente omisas en dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en consecuencia; con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Unidad de Administración y Finanzas, así como a la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia; ambas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del término de diez días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acrediten que: En un solo acto, dejaron insubsistente el oficio *** de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se determinó, imponer preventiva de pago en perjuicio del quejoso, por las ausencias de ocho, nueve y diez de junio de dos mil diecinueve, así como su ejecución. Lo anterior en virtud de que en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, al haberse determinado en este juicio la carencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, se determina que el acto impugnado tiene un vicio de fondo que impide a las autoridades responsables su reiteración, por lo tanto, no podrán reiterar la determinación de suspender el pago del quejoso por las ausencias mencionadas. - Realizaron el pago de sus haberes de forma inmediata y reintegren al quejoso las cantidades que le fueron dejadas de pagar, con motivo de la preventiva que fue declarada inconstitucional en esta sentencia. - Permitieron al quejoso continuar con el desempeño del cargo, puesto o comisión que tiene asignado en la Policía Federal. Se apercibe, a la autoridad requerida, que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, manifieste el impedimento legal que tengan para ello, se impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, además, se ordenará tramitar incidente de inejecución de sentencia y remitir los autos del presente juicio a la Superioridad a fin de que resuelvan respecto del desacato al fallo protector y se analice la posible destitución del funcionario contumaz. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ... Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el actuario del Vigesimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial bajo el registro CCA. 35/2021. De lo expuesto, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que remite el expediente 760/2021-V de su índice e informa el contenido del acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, dictado en el citado asunto, del que se desprende que ese órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada para conocer del juicio promovido por *** contra los actos que reclama de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo correspondiente. Pese a los razonamientos del Juzgado oficiante, este juzgador no comparte su determinación. Se considera necesario señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación de la materia finca como reglas de competencia las siguientes: a) Por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Auxiliar; y, e) Concurrente. Sirve de apoyo la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso en estudio interesa destacar el referente a la competencia por materia. Ahora, el juzgado oficiante rechaza la competencia por que presuntamente dicho órgano jurisdiccional se encuentra señalado como autoridad responsable en el escrito inicial de demanda. Sin embargo, este Juzgado Federal disiente de lo sustentado por el Juez oficiante, toda vez que los quejosos ejercen la presente acción de amparo contra el traslado de un centro penitenciario a otro y la reubicación de un dormitorio a otro diverso. Lo anterior, al ser personas que se encuentran compurgando una pena de carácter corporal en la Penitenciaría de la Ciudad de México y que, al parecer, serán trasladados, sin su consentimiento y sin cumplir con lo estipulado, para dicho efecto, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho acto no forma parte de la averiguación previa o del procedimiento penal; sin embargo, el origen de dicho acto, a saber, el procedimiento aludido o la sentencia en la que se señala el lugar en el que el sentenciado debe cumplir la condena que se le haya impuesto, sí es de carácter penal. Cuestión que se corrobora con las normas secundarias que circundan el caso, pues para poder determinar si la actuación de las autoridades responsables es o no acorde al orden constitucional, será necesario analizar diversas cuestiones de la sentencia que condenó a la parte quejosa, así como los ordenamientos de carácter penal aplicables al caso, tal como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal, el hecho que del escrito inicial de demanda de amparo se desprenda que la parte quejosa señala como autoridades responsables a "Jueces de distrito de amparo en materia penal de la CDMX (del 1o al 16vo)"; sin embargo, de la lectura integral de la demanda, no se advierte cuál es el acto que se le atribuye a éstos. Lo cual, evidencia que el Juzgado oficiante, se encuentra en plena aptitud de requerir a la parte quejosa para que aclare su demanda de amparo, en cuanto a los actos y abstenciones que le pretenda reclamar directamente, e incluso si en verdad era su deseo señalarlo como autoridad para efectos del juicio y que, precise el acto que le atribuye, dado que del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no se advierte que los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México tengan entre sus funciones ejecutar las penas privativas de libertad de los gobernados derivado de un procedimiento penal. Similares consideraciones emitió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial C.C. 2/2021. Aunado a la anterior, debe decirse que el hecho que el Juez oficiante sea señalado como autoridad responsable, en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, faculta a dicho juzgador a excusarse de conocer del asunto. Excusa que deberá calificar el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y, en caso de declararlo impedido, remitir el asunto al órgano jurisdiccional que estime competente, en términos de lo dispuesto en los artículos 54, fracción III, 55 y 58 de la ley de la materia. En ese sentido, se insiste que los actos reclamados en el presente sumario no se ubican en los supuestos de competencia a que hace alusión el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no se tratan de actos de naturaleza administrativa o dentro de un procedimiento de esa índole, sino que se consideran de naturaleza penal y, en consecuencia, fuera de la competencia legal por materia de la que es titular este Juzgado. De ahí que este juzgador reitera carecer de competencia legal por razón de materia para resolver el asunto y corresponda su conocimiento al homólogo especializado en materia Penal en esta ciudad, dado que la aplicación de la normatividad penal rige tanto el procedimiento como el fondo del asunto. Tales elementos se consideran suficientes para determinar que de la demanda de amparo en cuestión deba conocer un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos así como el expediente 181/2021-I del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el conflicto competencial planteado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y continúese actuando en el cuaderno de antecedentes. Comuníquese el presente proveído al juzgado Federal oficiante para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable ha sido omisa desahogar el requerimiento de siete de los cursantes; en consecuencia; con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le requiere al para que en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del siguiente al que se les notifique este acuerdo, remita: Copia certificada del oficio por el que remitió a la Coordinación Jurídica y Normativa de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México el escrito de petición de la quejosa. Se hace del conocimiento de la citada autoridad que en caso de ser omisa en desahogar el presente requerimiento o no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se hará efectivo el apercibimiento decretado el tres de mayo del año en curso.. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído, el escrito de la parte quejosa, por el que realiza manifestaciones y solicita se requiera a la autoridad la remisión de las constancias solicitadas, en virtud de lo ordenado en el presente auto. Notifíquese.
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