Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 34 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México
- Luis Gabriel Jop Corzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Agréguese el oficio y anexos de cuenta, remitido por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la ciudad de México, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), por el cual devuelve diligenciada la comunicación oficial del propio índice, la cual se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a los quejosos, los proveídos de uno de septiembre, cuatro y once de octubre de esta anualidad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro electrónico correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la constancia de notificación que se adjunta a la comunicación oficial devuelta, se aprecia que la diligencia encomendada se materializó el trece de octubre del año que transcurre; es decir, se notificó al representante de los quejosos ********************, en esa fecha. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que el plazo de cinco días otorgado al asesor jurídico de la parte quejosa en este asunto, en proveído de uno de septiembre y reiterado el cuatro de octubre de la presente anualidad, a efecto de que interponga algún medio de impugnación en contra de la referida determinación, transcurrió de la siguiente manera: PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS CORRE TÉRMINO ************************************************************************************************************************ 10 de octubre de 2023 11 de octubre de 2023 (Artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.) Del 13 de octubre al 31 de octubre de 2023. Sin que el defensor público federal, actuando como asesor jurídico de los directos quejosos, haya realizado manifestación alguna al respecto o haya interpuesto medio de impugnación en contra de la referida determinación. Ahora, por auto de cuatro de octubre pasado, se acordó, en lo que aquí interesa, lo que a la letra se cita: "[.] Finalmente, respecto a la segunda de las consideraciones expresadas por el Juzgado oficiante [relativa a que previo a plantear la competencia del presente juicio de amparo, resultaba necesario prevenir a la parte quejosa para que ratificara el escrito presentado, ya que el mismo carece de firma autógrafa por parte de los promoventes, así como de firma electrónica], se reserva proveer al respecto, hasta en tanto cause estado la determinación de uno de septiembre del año en curso; y, hecho que acontezca se proveerá lo que en derecho corresponda, relativo al tema de insistencia o no en la competencia declinada por este juzgado. [.]" En consecuencia, en virtud de que las partes de este expediente han sido notificadas en las siguientes fechas, del proveído de uno de septiembre del año en curso: PARTE FECHA DE NOTIFICACIÓN SURTE EFECTOS CORRE TÉRMINO ************************************************************************************************************************ 10 de octubre de 2023 11 de octubre de 2023 (Artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.) Del 13 al 31 de octubre de 2023. ******************** [Quejoso] 13 de octubre de 2023 17 de octubre de 2023 (Artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.) Del 18 de octubre al 07 de noviembre de 2023. De dicho plazo se excluyen los días considerados inhábiles, en los que no corren términos de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el dieciséis de octubre de la presente anualidad, declarado como inhábil, en virtud del oficio SEA/CAR/DA-CHE/412/2023; y, los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de ese mes, en los que se atendieron los oficios administrativos ********************,********************,********************y ********************, signados por el coordinador de jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, en razón de causa de fuerza mayor derivado de la protesta y paro de labores. Sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto o hayan interpuesto medio de impugnación en contra de la referida determinación; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En esa tesitura, toda vez que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, reingresó el presente asunto a este órgano de justicia federal, al estimar que no se cumplían con las formalidades que enmarcan al juicio de amparo indirecto, como lo es el cause estado del proveído de incompetencia de uno de septiembre último, y en virtud del alcance de la presente determinación, se levanta la reserva contenida en el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés y se ordena la remisión del presente expediente al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al cual se le solicita que de no tener inconveniente legal alguno, acuse de recibo correspondiente a la brevedad posible, informando si acepta o rechaza la competencia planteada, para el efecto de proceder a lo que legalmente corresponda. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio VÍA ESTAFETA al homólogo federal.
- Principal
I-Agréguese el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve la competencia planteada en este asunto, en razón de lo que a continuación se cita: "[.] Criterio del Juzgado declinante que este órgano de control constitucional no comparte. Lo anterior es así, toda vez que del estado procesal que guarda el citado juicio de amparo 134/2023, se advierte que mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento realizado a la parte quejosa y su defensor en el diverso auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y se determinó continuar con el trámite de la demanda, únicamente respecto de las autoridades administrativas y actos que se les reclaman, sin que de autos se aprecie la notificación de dicho proveído al representante común de los quejosos, y su defensor público; por lo que no se tiene certeza de que haya causado estado dicho proveído, o la manifestación que haya realizado a la parte quejosa al respecto. [.] Aunado a lo anterior, se advierte que previo a plantear la competencia del presente juicio de amparo, resultaba necesario que el Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, realizará el pronunciamiento condigno, a efecto de prevenir a la parte quejosa para que ratificara el escrito presentado, ya que el mismo carece de firma autógrafa por parte de los promoventes, así como de firma electrónica, por lo que, se considera que la incompetencia planteada no se patentiza por el momento. [.]" Al respecto, en relación a las primeras consideraciones que aduce el homologo federal, se hace la indicación al área de actuaria que notifique de manera personal al defensor de la parte quejosa el presente proveído y el diverso de uno de septiembre último [en el cual, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés]. Asimismo, advirtiendo que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto por la vía electrónica al juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra recluido el promovente del amparo, así como la notificación del diverso de uno se septiembre último. Se faculta al juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, autorice días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión; asimismo, se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este Juzgado Federal. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por la vía ordinaria, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, respecto a la segunda de las consideraciones expresadas por el Juzgado oficiante [relativa a que previo a plantear la competencia del presente juicio de amparo, resultaba necesario prevenir a la parte quejosa para que ratificara el escrito presentado, ya que el mismo carece de firma autógrafa por parte de los promoventes, así como de firma electrónica], se reserva proveer al respecto, hasta en tanto cause estado la determinación de uno de septiembre del año en curso; y, hecho que acontezca se proveerá lo que en derecho corresponda, relativo al tema de insistencia o no en la competencia declinada por este juzgado. Ante lo expuesto, comuníquese el presente auto al Juzgado de Distrito en mención, para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa, personalmente al defensor de la misma; y, cúmplase.
- Principal
I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en esta propia fecha se encuentra señalada para tener verificativo la audiencia respecto al incidente de violación a la suspensión de plano interpuesto por la parte quejosa. No obstante, en proveído de uno de los actuales, se ordenó la remisión del presente asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, en virtud de la competencia planteada por este órgano de justicia federal. Por tanto, es dable destacar que es el homólogo federal a quien por turno le corresponda conocer, quien debe resolver el citado incidente, pues es en quien recaera la competencia de este controvertido, por las razones expresadas en la referida determinación. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia respecto al incidente de violación a la suspensión de plano interpuesto por la parte quejosa, señalada para tener verificativo el día de hoy a las nueve horas con cinco minutos. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
I- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente expediente, de los que se advierte que por acuerdo de tres de agosto del año en curso, el titular de la Delegación Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la ciudad de Cancún, designó a René Humberto Domínguez Loza [defensor público federal adscrito a este juzgado], como asesor jurídico, para que funja como representante especial de Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Alejandro Díaz Madrid, Erick Adrián Rosas Gamiño, Demián Ricardo Cruz García, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto; y, Cristian Eduardo Nava Verde, en el presente juicio de amparo. Al respecto, a fin de hacer efectiva la tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado, en el auto de referencia, se ordenó notificar de manera personal al defensor público federal, a efecto de desahogar la prevención realizada a los quejosos en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, por lo cual, se dio vista con el contenido de la referida determinación al asesor jurídico en comento y se le requirió para que en el término de cinco días legalmente computados desahogara el requerimiento respectivo; bajo apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería al trámite de la demanda de amparo presentada únicamente respecto de las autoridades administrativas y actos que se les reclaman. Lo anterior fue hecho del conocimiento de los quejosos el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, y del referido representante, el dieciséis de agosto del año que transcurre, según la constancia de notificación personal que obra en autos; sin que hasta la presente fecha hayan desahogado la prevención o realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en proveído de tres de agosto del año en curso y se deja de tener como autoridades responsables a los jueces de distrito señalados por la parte quejosa, ordenándose con ello, continuar el trámite de la demanda de amparo presentada únicamente respecto de las autoridades administrativas y actos que se les reclaman. Ahora, resulta pertinente realizar un nuevo análisis de la demanda de amparo y por lo señalado en párrafos que anteceden, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento a un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por las siguientes consideraciones. En primer término, resulta pertinente destacar lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "[.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.]" De la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, los promoventes señalaron como actos reclamados: "[.] Actos Reclamados bajo protesta de verdad: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio Víctor Joel Palma Escalante, rondines del tercer y segundo grupos y líderes coordinadores de proyectos A y B del tercer grupo y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otra dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como agresiones de custodio de tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de nombre Rafael Mateo Arenas Tabares así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México Orlando Fabrizio Meza Trujillo quiere hacer del quejoso el área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con Carlo Alberto Angelino Barrón al ser pareja sentimental de él 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón 6) Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 9) Actos de molestia, intimidación, extorción y coacción de custodios del segundo y tercer grupo de Seguridad de la Penitenciaría 10) Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Alejandro Díaz Madrid y Cristian Eduardo Nava Verde reclaman la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos y en represalia por su actividad de derechos humanos 11) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos en represalia de las autoridades penitenciarias 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 16) Discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicos 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Sánchez Ortega y Víctor Joel Palma Escalante contra los quejosos 25) Audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la Ley Nacional de Ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales 26) La negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos 27) negación del servicio médico y dental. 28) Discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farías del tercer grupo de seguridad así como Víctor Hugo García Gutiérrez, Edgar Iván Arellano, Ahmed Espinoza Prado del grupo de seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la Ciudad de México 31) coacción de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra el quejoso Diego Issac Hernández González para reubicarlo forzosamente al área de población con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofísica y sicoemocional y sin permitirle reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once por motivos y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos 33) intimidación contra Edwin Daniel Guerra Cordova por el comité técnico y el jefe de unidad departemental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él 34) restricción de reubicar a Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Alejandro Díaz Madrid y Cristian Eduardo Nava Verde al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 35) intimidación contra Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Alejandro Díaz Madrid y Cristian Eduardo Nava Verde por el comité técnico y el jefe de unidad departemental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón así como reclama la restricción de reubicarlo al dormitorio cuatro zona uno estancia once para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y esto es discriminación plena y represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ 36) restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia 37) omisión de auxilio durante la alerta sísmica por personal de seguridad y custodia de la Penitenciaría de la ciudad de México 38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos como represalia por la certificación de estado sicofísico de los quejosos 39) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI 40) actos de molestia y discriminación por los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de Ciudad de México Autoridades responsables A) Los actos señalados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24 y 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 y 33, 34, 35, 37 y 38 y 40 se los reclaman a las siguientes autoridades: Director de la penitenciaria de la Ciudad de México. Subdirector jurídico de la penitenciaria de la Ciudad de México. Comité técnico de la penitenciaria dé la Ciudad de México. Jefe de Unidad Departamental de jurídico y normativa de la penitenciaría de la Ciudad de México. Subdirector de apoyo técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México. Jefe de unidad departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la penitenciaria de la Ciudad de México. Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe de Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Servidor Público Orlando Fabrizio Meza Trujillo Secretaria de Salud de la Ciudad de México Dirección del Servicio Médico de la Penitenciaria de la Ciudad de México Director ejecutivo de seguridad penitenciaría de la subsecretaría de sistema penitenciario de la Ciudad de México Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México B) Los actos reclamados con el numeral 17 y 18 se los reclaman a: - Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto. - Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. C) Los actos reclamados con el numeral 19 se le reclaman a: - Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. D) Los actos reclamados con el numeral 20, 21, 22 y 23 se le reclama a las siguientes autoridades: - Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. - Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. -Contraloría de la Ciudad de México. - Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. -Presidente de México E) El acto 13 se le reclama a: - Gobernadores de Aguascalientes Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. F) Los actos reclamados en el inciso 36 se le reclaman a: -Subdirección de Enlace Administrativo de la Penitenciaría de la Ciudad de México G) El acto señalada en el inciso 39 se reclaman a: -CEAVI y coordinador de CEAVI. [.]" De lo expuesto, se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte quejosa, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. En efecto, se concluye que en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los citados actos reclamados, debe atenderse al lugar donde ésta se ejecute, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado, lo que en la especie ocurre en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros y textos dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, quien ejerce jurisdicción en la ciudad en la que tendrá lugar la ejecución de los actos reclamados y se encuentran recluidos los quejosos, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 48 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Alejandro Díaz Madrid, Erick Adrián Rosas Gamiño, Demián Ricardo Cruz García, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto; y, Cristian Eduardo Nava Verde. En consecuencia, remítase vía mensajería acelerada [ESTAFETA] el presente expediente, con el original de la demanda, al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en materia penal en la Ciudad de México, a efecto de que se pronuncie sobre la competencia que se le declina. Solicítese de la manera más atenta al juez de Distrito en la Ciudad de México en turno que reciba el expediente, remita el acuse de recibo correspondiente a la brevedad posible, informando si acepta o rechaza la competencia planteada, para el efecto de proceder a lo que corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias a fin de dejarlo en este Juzgado Federal, hasta en tanto se tenga conocimiento sobre la competencia declinada en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes; y, por oficio vía ESTAFETA al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno.
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