Edwin Daniel Guerra Cordova
Expediente 723/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova
- Eduardo Flores Castro
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto; los autos del presente juicio de amparo se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, registrándola con el número 837/2022 de su índice. En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que citado juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, remítasele los informes agregados con anterioridad y pieza postales a dicho juzgado para que este en aptitud de proveer lo conducente.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el oficio 237/2022 firmado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por medio del cual remite el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, por pertenecer a este juzgado. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe de la suspensión de plano, que rinde la autoridad responsable. Resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se conozca a quien correspondió conocer sobre la competencia planteada por este juzgado.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada a nombre de Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos de este juzgado y de otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 723/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes No se soslaya que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica a que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 109 del ordenamiento en consulta INCOMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda, habida cuenta que se señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en el Estado de Zacatecas Se afirma ello pues la parte quejosa señala como responsables: Autoridades responsables Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas." Cabe resaltar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 zona 1 Estancia 11, al dormitorio 9 zona 2 estancia 11 que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios. Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTI. Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio 4 zona 1 Estancia 11, al dormitorio 4 zona 1 Estancia 4 que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio 4 zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio 4 zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. Reubicación de Enrique Mejia Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio 4 zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio 4 zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio 4 zona 1 Estancia 12 a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio 4 zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. reubicación de Renan Hidalgo Echazarreta del dormitorio 4 zona 1 Estancia 10 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional. Luis Arturo Zavala Rosas Solicita Reubicación del Módulo de seguridad 9 Zona 2 Estancia 12 al dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional. Desacato de cumplir órdenes judiciales. Traslados de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofísicio y afectación psicoemocional. Actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Intimidación Discriminación. Violación al principio Pro Persona. Inaplicación de criterios internacionales. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidos al comité técnico de esta penitenciaria. 23) la inconstitucionalidad del absoleto reglamento que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en muestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, mas fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colicionando además, con la Ley Nacional de Sanciones Penales, que tampoco se respetan." Asimismo, en el apartado referente a las autoridades responsables, en lo que interesa, señalan como tales a: "B) Los actos Reclamados con el numeral 17 y 18 se le reclaman a: - Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas." Así es, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De lo anterior, se desprende que este juzgado fue señalado como autoridad responsable por los quejosos precisados con antelación, junto con diversos Juzgados de Distrito con residencia en el resto del país, a excepción de las residentes en la Capital del Estado de San Luis Potosí. REMISION DEL EXPEDIENTE. En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Capital del mismo nombre, para que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe a este Juzgado si acepta o no la legal competencia que se le plantea; lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. SUSPENSION DE PLANO. Ahora bien, se destaca que la suspensión de plano que contempla el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas o de algunos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados por los quejosos a las autoridades responsables, con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a favor de los promoventes para que de inmediato cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y 15 de la mencionada ley de los que se dicen son objeto los quejosos, tales como afectaciones a su salud, intimidación equiparada a tortura psicofísica y psicoemocional, represalias, discriminación y la incomunicación (restricción de comunicación) mismos que se equiparan a los actos mencionados en los citados artículos; asimismo, para que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los quejosos a fin de que no sean objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." En ese caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y, en consecuencia, será plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informen el inmediato cumplimiento que deberán dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del aquí quejoso. Con fundamento, en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a efecto que se constituya en el domicilio que ocupa la citada Penitenciaria de la Ciudad de México, para localizar a Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, les notifique el contenido íntegro del presente auto y de fe del estado físico de los quejosos. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que la demanda es promovida por diversos quejosos con un interés común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicitan los promoventes, se designa como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, lo anterior, sin perjuicio de que los quejosos lo substituyan por cualquiera de los promoventes.
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