Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
Expediente 188/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Othón Ramiro Hernández Lima. y Otros.
- Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
- Eduardo Flores Castro y Otros.
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese únicamente para que obre como corresponda la impresión del correo electrónico al que se adjunta el oficio de las autoridades responsables: 1.- Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México; 2.- Encargado de la Subdirección de Apoyo Técnico en la Penitenciaría de la Ciudad de México; 3.- Subdirectora Jurídica de la Penitenciaría de la Ciudad de México; 4.- Encargado de la Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México; 5.- Secretaría del Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México; 6.- Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México; y, 7.- Responsable de la Unidad Médica de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Mediante el cual rinden informe respecto de la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo; toda vez que mediante proveído de quince de mayo del año que transcurre, se dejó insubsistente la medida cautelar otorgada en autos (fojas 64 y 65). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le mandó notificar el proveído en el que este juzgado declinó competencia por razón de territorio en el juicio de amparo 188/2023, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros; comunicando que aceptó la competencia declinada y desechó de plano la demanda de amparo de trato. En consecuencia, ya que se desechó la demanda de amparo por la autoridad jurisdiccional competente, respecto de los actos reclamados por los que este juzgado Federal concedió suspensión de plano, en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, comuníquese a las autoridades responsables que se deja insubsistente dicha medida cautelar. Asimismo, en virtud de que en proveído de diez de mayo del año en curso (foja 46), este juzgado reservó proveer respecto de la interposición del incidente de violación a la suspensión de plano hecho valer por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, hasta en tanto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, se pronunciara respecto de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, por los actos que se otorgó la medida cautelar, lo cual ya ocurrió; en consecuencia, y toda vez que la autoridad competente, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, convalidó las actuaciones practicadas en este asunto, remítase la constancia de notificación personal de veintinueve de abril del año en curso, practicada al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, en la que interpuso el incidente aludido, a fin de que tenga a bien determinar lo conducente, dejando en autos copia certificada de la misma. Por otra parte, glósese a los autos el diverso oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le mandó notificar el proveído en el que este juzgado declinó competencia por razón de territorio en el presente juicio de amparo; comunicando que aceptó la competencia declinada únicamente por los actos reclamados de los jueces de distrito, e informa que desechó de plano la demanda. Atento a todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se considera que el presente cuaderno es susceptible de depuración en términos de lo expuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio que remite el Subdirector de Juicios Civiles, Amparos y Recursos de Inconformidad, en ausencia del Director General de Servicios Legales y del Director de Procesos Jurisdiccionales y Administrativos, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la autoridad responsable Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos; por lo tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Como lo solicita la autoridad responsable oficiante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el informe que se acuerda, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica para tales efectos. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.********************Promoción********************Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, Edwin Daniel Guerra Córdova, ********************Hernández, ********************, Erick Adrián Rosas Gamiño, Moisés Sánchez Robles, ********************, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, ********************, ******************** Armando Hernández Pérez, Luis Alberto Flores Maldonado, Diego Issac Hernández González, Axel García Bonilla y Daniel Zavala Rivera, sin firma electrónica ni autógrafa, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, y otras autoridades.********************Formación de expediente y registro********************Fórmese expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro uno de este juzgado, correspondiente a los juicios de amparo con el número ********************.********************Representante común********************Como lo solicitan los quejosos y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a ********************, como representante común; lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad sea sustituido el nombrado, a petición expresa de las propias personas promoventes.****************************************Cuestión previa********************Ahora, es necesario precisar que si bien, la demanda fue presentada de manera electrónica y que la misma carece de firma electrónica de quienes la promueven, lo cierto es, que ésta se promueve en términos del numeral 15 de la ley de la materia; de ahí que se actualice la hipótesis de excepción prevista en los artículos 3, último párrafo y 109, ambos de la Ley de Amparo, que disponen:********************"Artículo 3. [.]********************No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley."********************"Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese:********************I. El acto reclamado;********************II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible;********************III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y********************IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso.********************En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica."********************Además de que sería ilógico y contrario a la garantía de acceso a la jurisdicción, exigir que los quejosos agregaran su firma electrónica a la demanda de amparo que nos ocupa, porque al estar privados de su libertad tienen un limitado acceso a aparatos tecnológicos.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.9o.P. J/1 P (11a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). NO ES FACTIBLE EXIGIR AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD QUE EL ESCRITO RELATIVO ESTÉ SIGNADO CON SU FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), EN ATENCIÓN AL ESTADO DE VULNERABILIDAD EN QUE SE ENCUENTRA Y A SU NULA POSIBILIDAD DE TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA Y A INTERNET [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.).********************Hechos: Durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), un Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad y, por tanto, no expresó su voluntad de darle trámite ni se aprecia la voluntad de instancia de parte. Sustentó lo anterior en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), y agregó que no se actualizaba la excepción a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme con el desechamiento el quejoso interpuso recurso de queja.********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no es factible exigir al quejoso privado de su libertad que su escrito de demanda de amparo indirecto presentado vía electrónica esté signado con su firma electrónica certificada (FIREL), en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentra y a su nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet.********************Justificación: El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece las formas en que el juicio de amparo debe promoverse, que resultan ser de forma oral y, optativamente, impresa o electrónicamente; si el quejoso decide hacerlo de la última manera, corresponde presentar su demanda mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica certificada (FIREL). Ahora bien, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que en los órganos jurisdiccionales la presentación, entre otros documentos, de demandas, sería únicamente través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. No obstante, a una persona privada de su libertad, en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentra y, en su caso, a la restricción o prohibición del uso de medios informáticos por las autoridades penitenciarias, no es factible exigirle que cuente con su firma electrónica y la plasme en su demanda, máxime si promueve por propio derecho, ante su nula o casi nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet (herramientas indispensables para ingresar a dicho sistema), aunado a que ni siquiera puede estar capacitada para su uso o, en su caso, relacionada con los términos técnicos y jurídicos que el propio sistema establece, pues no puede perderse de vista que la tecnología en ese tema se actualiza día a día, lo que hace inalcanzable el acceso a la justicia en su perjuicio. En consecuencia, no puede desecharse su demanda de amparo, pues hacerlo genera la violación a su derecho de acceso a la tutela judicial, aunado a la observancia del principio pro persona, como base de la tutela de la dignidad humana, en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional. No pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, la exigencia de que el escrito inicial presentado en el portal de servicios en línea debe contar con firma electrónica, es generada por la opción que se tiene de presentarlo por la vía electrónica o escrita, lo cual no se actualiza en la indicada contingencia sanitaria, principalmente por la situación del quejoso, al estar privado de la libertad sin acceso a los medios informáticos necesarios."********************Las personas quejosas, señalan como actos reclamados los siguientes:********************"[.]********************1) Reubicación de ******************** del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofisica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi********************2) Ataques y actos de coacción contra ******************** por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio ********************, rondines del segundo grupo de seguridad y líder coordinador A y B del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990********************3) Reubicación de ********************, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México ******************** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con ******************** al ser pareja sentimental de él********************4) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con ****************************************5) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y afinidad y amistad con ****************************************6) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos********************7) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos********************8) Reubicación de ******************** del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos********************9) actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría********************10) ********************reclama la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia ,así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con ******************** y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos********************11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales********************13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia de las autoridades penitenciarias********************14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo********************15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************16) Discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicos********************17) Violación al principio Pro Persona.********************18) Inaplicación de criterios internacionales.********************19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos.********************20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos.********************21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura.********************22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria.********************23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, mas fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************24) intimidación y discriminación y coacción de parte de ********************, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Sánchez Ortega y ******************** contra los quejosos********************25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales********************26) la negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos********************27) negación del servicio médico y dental********************28) discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farias, ******************** Edgar Iván Arellano, Ricardo Romero Villalobos del tercer grupo de seguridad así como ******************** del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México.********************29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la ciudad de México******************** 31) coacción de ******************** contra el quejoso ********************para coaccionarlo de desistir de los amparos con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofisica y sicoemocional por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos********************33) intimidación contra ******************** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con ******************** y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él********************34) restricción de reubicar a ********************Hernández, Axel Gacía Bonilla y Erick Adrian Rosas Gamiño, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ********************35) intimidación contra ********************por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con ******************** así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con ****************************************36) restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia********************37) negación de reparar el techo de la estancia once zona uno dormitorio cuatro********************38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado sicofisico de los quejosos********************39) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI********************40) actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México por su condición y activismo y por su afinidad con ****************************************41) reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a los módulos siete, ocho o nueve de castigo y segregación en represalia y con fines de Intimidación y tortura sicofisica y sicoemocional********************42) restricción de visita familiar los días sábados y martes en el módulo cuatro de la Penitenciaría********************43) sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación********************44) alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que se envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la jefatura de gobierno de la ciudad de México********************45) falta de agua potable de consumo humano accesible********************46) acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México********************47) revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal de bienes********************48) la restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria********************49) Omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría.********************50) maltrato y tortura sicofísico y emocional durante diligencias judiciales********************[.]"********************Separación de juicios********************Ahora bien, de los actos reclamados antes mencionados, esta juzgadora estima que lo conducente es separar la demanda de amparo al reclamarse por los quejosos actos que se encuentran desvinculados entre sí, al haberse reclamado ciertos actos a diversas autoridades señaladas como responsables, entre ellas, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, atendiendo a que los quejosos refieren señalar como responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas.********************Bajo esas consideraciones, es preciso destacar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos; sin embargo, deberá de interpretarse a contrario sensu el artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:********************"Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. ********************[.]"********************En efecto, la separación de juicios será posible en todos aquellos casos cuando se advierte, ya sea durante el trámite y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, la existencia de los supuestos para esa separación, los que se deducen a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado, como en el caso de actos reclamados en la misma demanda de amparo, derivados de procesos penales diversos.********************Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:********************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación."********************Lo que lleva a esta juzgadora a concluir que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí, al haberse reclamado ciertos actos a algunas autoridades en particular.********************Ilustra sobre el tema, la tesis I.3o.C.72 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente:********************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí."********************Bajo ese contexto fáctico y legal, es claro que se trata de actos distintos reclamados a ciertas autoridades señaladas como responsables en particular; en tal virtud, al deducirse contrario sensu lo dispuesto por el transcrito artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con base en lo previsto por el artículo 217 de la propia ley de la materia, que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia de los Tribunales Federales, como el caso, el criterio invocado en párrafos precedente de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", lo que procede es la separación de autos.********************En ese sentido, SE ORDENA LA SEPARACIÓN DE AUTOS, por lo que respecta a los actos reclamados a los Jueces de Distrito, consistentes en: violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, señalados con los numerales 17 y 18 (transcritos con antelación).********************Declinación de competencia********************En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables.********************De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que refiere:********************"COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo."********************Al respecto, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, establecen:********************"Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca."********************"Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.********************[.]"********************Atento a lo anterior, de la demanda de amparo, se advierte que las autoridades señaladas como responsables respecto de los actos consistentes en: violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, son los Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México, del primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas.********************En consecuencia, al tener este órgano jurisdiccional el carácter de autoridad responsable, no puede ser Juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, al haber sido señalado como responsable: por tanto, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados señalados con los numerales 17 y 18, consistentes en: ********************"[.] ********************17) Violación al principio Pro Persona.********************18) Inaplicación de criterios internacionales.********************[.]"********************Por otra parte, y toda vez que se señalaron como autoridades responsables a los diversos órganos jurisdiccionales transcritos en líneas precedentes, es evidente que dichos Juzgados Federales participan también de ese carácter, acorde al artículo 5, fracción II, de la ley de la materia.********************Ante tales circunstancias, se concluye que, tanto este juzgado, como los diversos órganos jurisdiccionales transcritos carecen de competencia legal para tramitar la presente demanda.********************En esa tesitura, en el caso, se surten los supuestos a que se refiere el numeral 38 de la Ley de Amparo antes transcrito, el cual establece que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría, dentro del mismo circuito y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se estima que la competencia debe recaer en el Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, toda vez que de una búsqueda realizada en la página electrónica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se advierte que entre Ciudad Obregón y Nuevo Laredo, la distancia en línea recta es de 1.029,75 kilómetros, siendo esta la población más inmediata a esta localidad, además, tomando en consideración que no fue señalado como autoridad responsable.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************"COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato."********************Solicítese comedidamente al Juzgado Federal que por turno corresponda, acusar recibo e informar si acepta o no la competencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la ley de la materia.********************Suspensión de plano********************Por otra parte, con apoyo en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que para que cesen los actos que reclaman consistentes en: actos de tortura psicoemocional, tormento psíquico, actos de intimidación, restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias; conductas anteriores que ponen en riesgo grave la salud, la vida, integridad y dignidad personal, psicofísica y psicoemocional, que generan angustia, y dolor psíquico; y que atribuyen a las siguientes autoridades:********************Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Subdirector de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la Ciudad de México.********************Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.********************Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.********************Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.********************Servidor Público ********************.********************Servidor Público Víctor Joel Palma Escalante.********************Servidor Público Alejandro Nolasco Caballero.********************Servidor Público Guillermo Mandujano Rosillo.********************Servidor Público Yesenia Elizabeth Sánchez.********************Servidor Público Arturo Ahmet Espinosa Prado.********************Servidor Público Anselmo Rojas Martínez.********************Servidor Público Ricardo Romero Villalobos.********************Servidor Público Sixto Medina López.********************Servidor Público Edgar Iván Arellano.********************Servidor Público Víctor Hugo García Gutiérrez.********************Servidor Público Fernando Zaragoza Martínez; y,********************Servidor Público Guillermo Alvarez Palafox.********************Estos últimos adscritos a la Penitenciaría, Secretaría de Salud, Dirección del Servicio Médico de la Penitenciaría, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todos de la Ciudad de México.********************Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; y,********************Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.********************Sin que lo anterior implique que se deje sin efectos las medidas de seguridad tomadas por las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y por los reglamentos que rigen el centro penitenciario.********************En el entendido que únicamente se les requiere su informe de la suspensión de plano a las autoridades administrativas pertenecientes a la Penitenciaría de la Ciudad de México, lugar en que refieren los quejosos se encuentran privados de su libertad.********************Cabe señalar que esta Juzgadora no desatiende el hecho de que los quejosos también señalaron como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran, a uno diverso; así como la reubicación de los mismos de los dormitorios en que se encuentran a uno distinto, módulo diverso o área diversa.********************Sin embargo, al respecto, se estima improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, porque éstos no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."********************No se desconoce el contenido de la jurisprudencia 1a/J. 58/2016 (10a.), de la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2013066, de la que, de su texto se aprecia la procedencia de la suspensión de plano, tratándose de una orden de traslado de un Centro Penitenciario a otro, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA."********************Empero, dicho criterio, queda superado por la diversa de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.", en la que se adoptó el criterio jurídico en el que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción lll, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX y, por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.********************A igual pronunciamiento se arriba respecto de los actos reclamados identificados como: "omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos", "omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos" y "audiencias del comité técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensora Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México", en razón que tales actos no se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como actos que atenten contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22 Constitucional.********************Se solicita informe sobre suspensión de plano********************Por otro lado, requiérase a las autoridades responsables para que informen de inmediato sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurran.********************Incompetencia por razón de territorio********************En otro orden, este Juzgado Federal estima que CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio respecto de los diversos actos reclamados señalados con los arábigos 1 a 50, con excepción del 17 y 18.********************Al respecto, es preciso establecer que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."********************De lo anterior, surgen las hipótesis de competencia siguientes:********************I. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado;********************II. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda;********************III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************De dicho dispositivo legal, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto.********************En el caso particular, los actos reclamados señalados con los incisos 1 a 50, con excepción de 17 y 18, respecto de los cuales se realizó la separación de juicios, tiene ejecución en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, lugar en que se encuentran internos los quejosos.********************Por tanto, este Juzgado estima que la competencia para conocer de la demanda de amparo en estudio, se surte en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, en turno, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, únicamente respecto de los señalados actos reclamados marcados con los números 1 a 50, con excepción del 17 y 18.********************Remisión de incompetencias********************En tales condiciones, en torno a la separación de juicios decretada, con apoyo en lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase un tanto de copias certificadas de la demanda de amparo recibida en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica, tanto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, y una diversa al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la oficina correspondiente.********************Notificación a la parte quejosa********************Ahora bien, toda vez que los quejosos ******************** y otros, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con apoyo en los artículos 26, fracción I, incisos a) y c), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el numeral 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de acuerdo a su artículo 2, así como el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal, cuyo artículo 107, refiere que el uso de las firmas electrónicas vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, sustituyen a las firmas autógrafas al producir los mismos efectos jurídicos, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente acuerdo al representante común de la parte quejosa, en el preindicado centro penitenciario.********************Una vez realizado lo anterior, se devuelva la comunicación oficial por la misma vía.********************Transparencia********************En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales.********************Expediente Electrónico********************Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal.********************Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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