Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
Expediente 1560/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Ampro, se declara que dicho acuerdo que DESECHÓ de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha.
- Principal
:::republicación::: Reynosa, Tamaulipas, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de once de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con los oficios IRCT/REY/1292/2022, y 529/5/2022, enviados por las autoridades responsables Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, y Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y en representación de dicha Junta, por medio del cual informaron el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar notificadas de dicho proveído. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Bajo esa premisa normativa, el quince de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Promotora Inmobiliaria Neocalli, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Deje insubsistente lo actuado en el juicio laboral 76/5/2004, y reponga el procedimiento a partir del emplazamiento practicado al quejoso, actuación ésta última que deberá quedar sin efecto alguno. Sentencia que fue recurrida por la parte quejosa, y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, en la cual determino lo siguiente: ". se impone modificar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal de manera lisa y llana a Promotora Inmobiliaria Neocalli, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la junta responsable deberá declarar insubsistente el embargo decretado a bienes de la aquí quejosa en el expediente 76/5/2004 y todas sus consecuencias jurídicas a fin de restituirla en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación conforme se establece en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión constitucional que se hace extensiva a los acto de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia." Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, mediante oficios IRCT/REY/1292/2022, y 529/5/2022, enviados por las autoridades responsables Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, y Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por sí y en representación de dicha Junta; así como el diverso oficio 481/5/2022, recibido el uno de abril de dos mil veintidós, las referidas responsables remitieron las copias certificadas relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en auto de uno de abril del presente año, se tuvo por recibido el oficio 481/5/2022, del que se desprende que la Junta responsable ordenó a la diversa autoridad ejecutora Directora de la Oficina Regional del Instituto Registral y Catastral del Estado, levantar el embargo ordenado en el juicio laboral de origen; posteriormente, la autoridad ejecutora, mediante el oficio IRCT/REY/1292/2022 de cuatro de abril de dos mil veintidós (con número de entrada 17017/2022) realizó la cancelación del embargo a favor de Manuel Santes Santes, por la cantidad de $128,416.60, inscrito bajo el número 39, Legajo 2001, Sección V, de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, ordenado en el expediente laboral 076/5/2004. Por lo antes expuesto, es claro que las autoridades responsables han cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos en que le fue requerido, pues se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, facción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en artículo 15 del Acuerdo General en cita. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Y TRANSFERENCIA Por otra parte, respecto el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, resulta susceptible de DEPURACIÓN, pues se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del aludido Acuerdo General. De igual manera, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión, deberán conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes 90 días, este Juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo; el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; así como todos aquellos documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores de los seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario quien autoriza y da fe.
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