Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 625/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
- Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
- Enrique Alvarado Saucillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de diez de junio de dos mil veintitrés, para que cumpliera con la prevención ahí formulada, sin que lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se provee sobre la demanda de amparo en los términos en que fue originalmente planteada: Actos reclamados a los juzgados de distrito. Con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener como autoridades responsables a los juzgados de distrito que señala en la demanda, en virtud de que los presuntos actos reclamados a dichas autoridades son los marcados con los números 17 y 18 del capítulo respectivo, consistentes en la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales, pues como se precisó en el auto de diez de junio pasado, tales asertos no constituyen actos reclamados, sino conceptos de violación, dado que se trata de planteamientos que tienden a que un acto u omisión sea calificado inconstitucional, ya sea por ser contrario al principio pro persona o a los criterios internacionales. Incompetencia en relación con los actos reclamados atribuidos a autoridades penitenciarias residentes en la Ciudad de México. Se advierte que los actos precisados por los quejosos en los incisos 1 a 16 y 19 a 51 en su demanda de amparo, pueden analizarse de manera autónoma. Tales actos consisten, en esencia, en diversos proscritos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto de los cuales este juzgado de distrito declaró sin materia la suspensión de plano solicitada-, así como relativos a condiciones de internamiento, reubicación y traslado, cometidos en agravio de los quejosos, quienes se hallan internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Esta circunstancia de lugar hace manifiesto que los actos reclamados deberán tener, o tienen ejecución, en la Ciudad de México, lugar en donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, este juzgado carece de competencia legal para conocer de tales actos reclamados, por cuestión de territorio, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la competencia del Juez de Distrito se determina, en primer lugar, con base en el lugar donde deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La incompetencia advertida se sustenta en el hecho de que los actos reclamados únicamente tienen ejecución material en la Ciudad de México, pues versan sobre condiciones de internamiento y vejaciones cometidas en el lugar de reclusión de los quejosos. No se soslaya que en el inciso 13 de la demanda, se precisa como acto reclamado el traslado de los quejosos del centro donde están recluidos a uno diverso. Sin embargo, tal acto lo atribuyen únicamente a autoridades penitenciarias residentes en la Ciudad de México, por lo que no hay elementos para sostener que se surte competencia en favor de otro órgano jurisdiccional distinto a los residentes en esa circunscripción, pues no hay manifestación alguna en torno al lugar donde posiblemente vayan a ser trasladados los quejosos. Así como que también reclaman la inconstitucionalidad del Reglamento Interno de la Penitenciaría de la Ciudad de México y la omisión de investigar penalmente a los servidores públicos señalados como responsables; no obstante, lo hacen como consecuencia de los actos de internamiento de los que refieren son víctimas. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados precisados en los incisos 1 a 16 y 19 a 49 de la demanda de amparo, y declina el conocimiento de la acción constitucional por lo que ve a tales actos, en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este juzgado que criterios similares se sostuvieron en los juicios de amparo 1069/2023-II, 1290/2022-III y 1300/2022-IV donde se reclamaron actos similares, en los cuales los Juzgados Segundo, Decimosexto y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, respectivamente, aceptaron la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avocaron al conocimiento de las demandas de amparo que iniciaron esos juicios. Es aplicable, tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación 65 Segunda Parte, Séptima Época, pagina 15, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Asimismo tiene aplicación la tesis de la entonces Sala Auxiliar, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, Séptima Parte, página 88, que dice: "COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.- Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aún después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase todo lo actuado en el presente juicio al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, al que se considera legalmente competente para conocer de los actos referidos en este apartado, para que se pronuncie al respecto, solicitándole comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. Fórmese cuaderno de antecedentes y realícese la captura correspondiente en el libro de gobierno electrónico respectivo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por ********************, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de agosto pasado, manifiesta que acepta y protesta el cargo de defensor de los quejoso ******************** ********************y otros, por lo que le reconoce dicha representación. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones mediante el usuario electrónico ********************. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los defensores públicos adscritos a la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por así solicitarlo expresamente. Finalmente, se reitera al defensor público que el plazo de cinco días hábiles para cumplir con la prevención formulada en auto de diez de junio de este año, iniciará a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído.
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de catorce de junio de este año, informa que se designó a Víctor Manuel García como defensor público de los quejosos. Por tanto, requiérase a al citado defensor para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado de la presente determinación, mediante escrito acepte y proteste el cargo conferido, para lo cual remítasele copia autorizada de todo lo actuado en este juicio, a fin de que esté en aptitud de imponerse del asunto y manifestar lo que al interés de sus representados convenga. En ese sentido, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso k, y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se comisiona al actuario adscrito que corresponda a fin de que notifique personalmente la presente determinación al defensor público a través de la cuenta de correo electrónico judprocesos.victorgarcia@gmail.com. Apercibido que de no hacerlo así, o no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que equivalen a $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), resultado de multiplicar el valor de la unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por los días multa señalados (cincuenta), de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Normatividad de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngase rendido el informe sobre la suspensión de plano que le corresponde, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia, téngase su domicilio el señalado en su informe, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal, y como sus delegados a las personas que indica.
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