Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barron y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y (.), en su oportunidad envíese al archivo. (.). Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual remite el juicio de amparo ******* de su índice, promovido por *************, contra actos que reclaman del "Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México" y otra(s) autoridad(es), pues estimó que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver dicho asunto, respecto de los actos consistentes en: En ese sentido, este órgano de control constitucional acepta la competencia planteada. Al respecto, acúsese el recibo correspondiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden ******. Sin que se haga pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de oficio y de plano que se solicita, pues el órgano jurisdiccional oficiante decretó la misma y requirió los respectivos informes. I. Ahora, es necesario pronunciarse en relación con el señalamiento que la parte quejosa realizó respecto de este juzgador como autoridad responsable. En relación con dicho aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXXIX/2019 (10a.), publicada en la página 115, Tomo I, Septiembre de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, se pronunció en el siguiente sentido: "(.)". En esa línea argumentativa, desde luego ponderando los aspectos que pueden ser aplicables en vía de amparo indirecto; este juzgador, una vez analizado íntegramente el escrito de demanda, establece que no puede recaerle propiamente el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, (.). II. A. En efecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6 de la Ley de Amparo, prevén:(.). Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas suprarreferidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. (.) Ahora bien, para el particular resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: (.) Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. Por tanto, si en el caso la demanda carece de la firma de los quejosos, es inconcuso que no puede apreciarse su voluntad de instar la acción constitucional. (.) Cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción contenido en el artículo 15 de la ley de la materia, cuyo contenido es: (.) Significa entonces que salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual indica: (.) C. Ahora, como puede apreciarse, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República, pues no obstante que se refieren actos contenidos en tales artículos, lo cierto es que de la lectura integral de la demanda no se advierten circunstancias de hecho a partir de las cuales pueda inferirse su ejecución. Incluso, no se soslaya que la parte quejosa indicó en el escrito de demanda que los actos reclamados ponen en riesgo la vida, salud, integridad física y genera tormento psicoemocional, sin embargo, tales planteamientos los hace derivar de que, en su caso, se efectúe el cambio de dormitorio o la orden de traslado a cualquier otro centro de reclusión. Por tanto, al no cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6 del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. (.). III. No ha lugar a proveer en cuanto al domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones, dado el sentido de la anterior determinación, de ahí que este proveído y los subsecuentes habrán de notificarse mediante lista de acuerdos de este juzgado. Notifíquese.
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