Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica por ****, ***, ***, ***, ***, ***, ****, **** ****, ****, *** e *****, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades. 2. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 591/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Representante común. Con fundamente en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a ***. 4. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia en cuestión expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a lo que debe sumarse que no contiene firmas autógrafas de los quejosos. 4.1 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, estos últimos a contrario sensu, de la Ley de Amparo. 4.2 Falta de firma electrónica. Lo anterior, toda vez que, legalmente, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ninguno de los supuestos promoventes, debe considerarse que no exteriorizaron su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. A lo anterior, se suma lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente, el cual establece que, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que en el caso nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto es el cambio de dormitorio dentro de la penitenciaría de la Ciudad de México, lugar en que se encuentran internos los promoventes o el cambio a diversos centro penitenciario. 4.3 Improcedencia de la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que además se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. 4.4 Litispendencia. De acuerdo con la causal establecida en la fracción X, del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo contra actos que son materia de diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. En efecto, en su escrito de demanda la parte quejosa reclama la orden de traslado de su centro de reclusión a otro Centro Federal del país. Al respecto se debe señalar que en este Juzgado de Distrito se tramitan los juicios de amparo 298/2022, 299/2022, 301/2022 ,350/2022, 513/2022, 514/2022 y 515/200 instados también por los aquí quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, *****, ***, ****, ****, ***, ****, ****, *** y ********, contra la mismas autoridades responsables Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, a las que reclama el mismo acto, es decir, la orden de traslado de ese centro de reclusión a uno distinto. En el análisis comparativo de la información derivada de este juicio de amparo 591/2022, frente a la que se advierte en los diversos 298/2022, 299/2022, 301/2022, 350/2022, 513/2022, 514/2022 y 515/200 los cuales fueron desechados de plano, pero se interpuso recurso de queja en cada uno de ellos, en contra de dicha determinación, mismos que están pendiente de resolución por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; se aprecia que los mismos quejosos promovieron los juicios de amparo contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, lo que es suficiente para acreditar la actualización de la causal de improcedencia de que se trata. Al evidenciarse de manera plena la existencia de la figura de la litispendencia en el juicio de amparo, en virtud de que las instancias constitucionales las plantearon los mismos quejosos, actualizándose la identidad de actos y autoridad, además que el juicio de amparo relacionado -298/2022- es más antiguo y está pendiente de resolverse el medio de impugnación hecho valer por los impetrantes del amparo ante el mencionado Tribunal. 4.5 Desechamiento. En tales condiciones, al ser patentes y manifiestas las causas de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones X y XXIII, esta última vinculada con el diverso 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Resulta aplicable al caso la tesis P./J. 8/2019 (10a) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis I.11o.C.31 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5. Notificación a parte quejosa. Ante la falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa, pues no hay quien haya acudido al juicio, de ahí que no se debe reconocer quejoso alguno, ni nombramiento de defensor, así como tampoco ordenar una notificación personal. En consecuencia, se ordena que este proveído sea notificado por lista. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 10. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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