Edwin Daniel Guerra Córdova
Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Edwin Daniel Guerra Córdova
Actuaciones
- Principal
Causa estado proveído de veintiocho de agosto del año en curso, donde se desecho la demanda, archívese el presente juicio.
- Principal
Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En la especie, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3 y 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 3º. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." De los artículos antes mencionados se desprende que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, que estatuye que el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la norma que se reclama, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su apoderado o representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad. Así es, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, requisito indispensable aun cuando se presente la demanda por medio de los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, pues ésta deberá estar firmada mediante la FIREL (firma electrónica certificada), de conformidad con lo establecido en al acuerdo 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación (FIREL) y al expediente electrónico, y los artículos 60, 62, 64, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Los citados Acuerdos Generales, en lo que interesa establecen: De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; b) Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del momento en que es autorizado; c) La solicitud se realizará a través del portal del Sistema Electrónico;." "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPÍTULO SEGUNDO DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO Artículo 60. En los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del CJF conforme a las disposiciones de este capítulo. SECCIÓN PRIMERA DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO ELECTRÓNICO Artículo 62. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos. El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación cuenta con los módulos de presentación de Demandas, de Recursos, de Promociones, de Expediente Electrónico y de Notificaciones. . Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexo." Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final un a evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De los acuerdos generales citados se obtiene que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Para el caso de que opte por medios electrónicos, deberá realizarse mediante la FIREL (Firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación) instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar demandas, enviar promociones y/o documentos. Asimismo, cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrara el nombre del titular de dicha firma. De lo que se sigue que para promover la demanda de amparo respectiva será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Por tanto, es dable establecer que dicha normativa interpretada a la luz del principio de parte agraviada prevé que la demanda de amparo, como requisito esencial debe contar con la firma electrónica de quien se ostenta como quejoso en el juicio constitucional. Es decir, en el escrito de demanda en formato digital remitido vía electrónica deberá obrar la firma electrónica reconocida por el Poder Judicial de la Federación de la persona física quejosa, o bien del representante legal de la persona moral oficial o privada que se ostenta como parte agraviada en el juicio de amparo. De lo contrario, se entenderá que dicha demanda carece del signo electrónico que evidencia de manera indubitable que es precisamente la intención de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo a demandar la tutela de sus derechos fundamentales. Lo que generaría la improcedencia de la acción constitucional. Ahora, en el caso concreto, se advierte que la demanda no cuenta con evidencia criptográfica respectiva; es decir, carece de firma electrónica, lo que denota la falta de voluntad de los peticionarios del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos ordinales 3, 6 y 113 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al Expediente Electrónico, así como en los artículos del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Aunado a que de la lectura integral de la demanda no se advierte que los promoventes se encuentren en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde se surte la excepción para firmar electrónicamente la demanda de amparo, dado que los actos reclamados se hacen consistir en: i) la reubicación de los quejosos a diverso dormitorio dentro del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos, ii) orden de traslado del centro penitenciario en que se encuentran recluidos a uno diverso, iii) desacato de cumplir órdenes judiciales, iv) intimidación, castigos, agresiones, v) discriminación, vi) violación al principio pro persona, vii) inaplicación de criterios internacionales, viii) omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, ix) omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constititivos de delitos, x) encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura y x) restricción de comunicación entre los propios quejosos, xi) inconstitucionalidad del reglamento, xii) realización de estudios y perfiles, xiii) negación de servicio médico y dental, xiv) coacción, intimidación, xv) restricción de otorgar ropa; esto es, dichos actos no se encuentran en las hipótesis a que se refiere el citado numeral 15, de la ley de la materia; y si bien señalan como actos reclamados los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 15 de la Ley Amparo, lo cierto es que no señalan a qué actos se refieren, es decir, sólo lo mencionan de manera genérica. De ahí que no se advierta que reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y tampoco que los agraviados se encuentren imposibilitados para promover la demanda de amparo por sí, pudiendo inclusive los ocursantes promover nuevamente su demanda de amparo con las formalidades y requisitos que la ley establece. Por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo Sexto Transitorio, apoya lo anterior la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951 del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo.". Con independencia de lo anterior, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en los diversos juicios de amparo 800/2022 y 831/2022, ambos del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, los quejosos de que se trata promovieron demanda de amparo contra las mismas autoridades y actos que en el presente juicio; por lo que, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes derivadas de este asunto, aun las de carácter personal, practíquense a la parte quejosa por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Juzgado designa como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos, se habilitan días y horas inhábiles. A fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran el presente juicio de amparo.
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