Edwin Cutberto Carrillo Ruiz

Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
357/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Edwin Cutberto Carrillo Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de diciembre de dos mil veinte. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Sergei

  2. Principal

    Remite constancias (registro 10415). Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos las constancias remitidas por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. Pruebas. Por tanto, se le tienen por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de las constancias probatorias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, lo que se realiza al tenor siguiente: En efecto, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la impetrante reclama la omisión de la junta responsable de acordar su promoción presentada el dieciséis de enero del año en curso, así como señalar hora y fecha para llevar a cabo el desahogo de la audiencia que alude el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 3692/19JE1 del índice de la autoridad responsable. Acotado lo anterior, se tiene que de las constancias que remite la autoridad responsable, en lo que interesa, anexó copia certificada del proveído de veintiséis de agosto del año en curso, en el cual acordó dicha promoción, y señaló las once horas con treinta minutos del treinta de octubre pasado, para el desahogo de la audiencia laboral referida anteriormente. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó a la quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se ordena dar de baja en la estadística mensual. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Escrito (registro 9824). Agréguese sin mayor determinación el escrito de cuenta, toda vez que la persona que suscribe dicho ocurso, no forma parte del presente juicio de derechos.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, incumplió con el requerimiento formulado en autos, pese a estar debidamente notificada. Se requiere constancias. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase por última vez a dicha autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, remita constancias de las que se advierta lo que proveyó en relación con el escrito presentado por la parte actora el dieciséis de enero de los corrientes, dirigido al juicio laboral 3692/2019 del su índice. Apercibimiento. Se le apercibe que de incumplir con lo anterior sin causa justificada, como lo dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá a su titular multa equivalente a cien unidades de medida de actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se fijan las diez horas con siete minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, para su celebración. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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