Edwin Cetz Chan

Expediente 527/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
527/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Edwin Cetz Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar, en turno, del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, acompañado de un anexo, mediante el cual rinde su informe justificado; asimismo, informa que mediante proveído de nueve de abril del año dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 347/2020, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales, proveyó el escrito del quejoso de dos febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por admitida la demanda de origen, la cual se notificó por lista el once de enero del actual, y que respecto al emplazamiento de la parte demandada no ha sido notificada en virtud de no tener el domicilio correcto como obra en la constancia levantada el dos de febrero del presente año, por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial de la Federación, precisando que hasta la fecha no se ha presentado escrito alguno en relación a la residencia de la aquí, tercero interesada. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En ese sentido, en virtud que de las constancias que remitió la Juez responsable, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Sexto de Oralidad Familiar, en turno, del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta capital: La omisión de acordar el escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias que anexó la Juez responsable a su informe justificado, se advierte que mediante proveído de nueve de abril del año dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto a las manifestaciones por aquí la parte quejosa; lo que se notificó por medio de lista el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. En ese sentido, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. De ahí que resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Finalmente, en cuanto a la dirección de correo electrónico señalada en el oficio de cuenta, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, que el exhorto realizado en auto de radicación de treinta de marzo del año en curso, a fin de que se proporcionará a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosas y, en su caso, tercero interesado, no así para las autoridades responsables; en ese sentido, no ha lugar a tener por señalado el medio de comunicación proporcionado en el oficio que se provee. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 234/2021, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados en el presente juicio constitucional, la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Código Fiscal de la Federación, específicamente su artículo 164, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, así como su aplicación consistente en el bloqueo y/o inmovilización de la cuenta 6456910136 de la institución de crédito HSBC Mexico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC de la que aduce es titular; asimismo, la falta de notificación del procedimiento administrativo del que hubiere derivado la referida orden de bloqueo y/o inmovilización de la cuenta en cita. Por otro lado, es menester señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del incidente de suspensión derivado del presente juicio constitucional 1141/2020-VI-B, en el que mediante oficio recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, remitido por el Director y Subdirectora Contenciosos, adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos C, en representación de la autoridad que la parte quejosa señaló como responsable Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hicieron del conocimiento de este Juzgado Federal que dicha autoridad no tiene facultades para intervenir en los actos que por esta vía se reclaman; ello, pues la facultad de atender requerimientos de información y órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias o situación de fondos que formulen autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas competentes, es atribuible al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, toda vez que de la misiva de cuenta se advierte que es evidente la participación de una autoridad distinta a las inicialmente señaladas en el escrito de demanda; por tanto, es procedente hacer del conocimiento lo anterior a la parte impetrante del amparo, previniéndole para que dentro del tiempo a que aluden los preceptos 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifieste si amplía su demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad denominada DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con sede en la Ciudad de México, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho Cobra aplicación, por analogía, la Jurisprudencia número 2a./J.112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, visible en la página 93, con número de registro 182617, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere -quince días-, se resolverá el presente asunto únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

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