Edwin Baruch Benitez Correa

Expediente 652/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
652/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Edwin Baruch Benitez Correa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de ese asunto, el cual quedó registrado bajo el número 607/2023-VII de su estadística. En atención a lo anterior, dado que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, de contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras autoridades, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. 1). Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2.) Incompetencia. Ahora, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridades y actos reclamados, los siguientes: a) PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. b) VICEPRESIDENTE DE SUPERVICIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Cuidad de México. c) DIRECTOR GENERAL DE ATENCION A ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. d) COORDINADOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. e) COORDINADOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "B" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. f) COORDINADOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "C" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. g) COORDINADOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. h) COORDINADOR DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "E" DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con domicilio conocido en la Ciudad de México. i) TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con domicilio conocido en la Ciudad de México. j) TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, conocido en la Ciudad de México. Domicilio en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 5 fracción Il de la Ley de Amparo, con el carácter de autoridades ejecutoras: k) DIRECTOR GENERAL DE "BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, con domicilio ubicado en Calzada de Tlalpan 2980, Coapa, ex-hacienda Coapa, 04980 Ciudad de México, México. Revistiéndole tal carácter en virtud de encontrarse dentro de los supuestos de particulares que realizan actos de autoridad, tal como acontece en el particular al impedir al suscrito disponer de los recursos económicos. l) GERENTE DE LA SUCURSAL BANCARIA "2060 SUCURSAL FUENTES DE SATELITE" DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA "BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE", con domicilio ubicado en Fuentes de satélite 88, local 1, colonia Santa Cruz del Monte, Naucalpan CP. 53110, Estado de México. Revistiéndole tal carácter en virtud de encontrarse dentro de los supuestos de particulares que realizan actos de autoridad, tal como acontece en el particular al impedir al suscrito disponer de los recursos económicos. IV. ACTOS RECLAMADOS Se manifiestan los siguientes actos reclamados que, a consideración del quejoso, realizaron las autoridades señaladas con anterioridad: 4.- En primer lugar, se reclama de las autoridades señaladas con el carácter de ordenadoras, es decir, las marcadas con los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j), la ilegal e inconstitucional orden verbal o escrita de bloqueo, congelamiento, cancelación y/o aseguramiento, o cualquier otro acto de autoridad, que impide disponer, así como realizar cualquier tipo de gestión respecto de los recursos económicos que existen en m¡ cuenta bancaria ***********, número *****************, aperturada en la Sucursal Bancaria "***************", perteneciente a la Institución Bancaria denominada "****************". 2.- En segundo lugar, se reclama de las autoridades señaladas con el carácter de ejecutoras, es decir, las marcadas con los incisos k) y I), el cumplimiento a la orden de dicho bloqueo, congelamiento, cancelación y/o aseguramiento, o cualquier otro acto de autoridad que me impide disponer así como realizar cualquier tipo de gestión respecto de los recursos económicos que existen en mi cuenta bancaria *****************, número ********************, aperturada en la Sucursal Bancaria *************", perteneciente a la Institución Bancaria denominada "************************". Con base en lo anterior, debe decirse que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, atendiendo a la regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. En el caso, según se precisó, el acto reclamado consiste esencialmente en la orden verbal o por escrito para bloquear, congelar, cancelar, y asegurar o cualquier otro acto que le impide disponer de la totalidad de los recursos económicos sobre la cuenta bancaria ************, de la institución bancaria *******************. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado se advierte, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Sucursal Bancaria "*******************", perteneciente a la Institución Bancaria denominada "*********************, ", quien tiene su domicilio en el ubicado en ************************, fue informado por el ejecutivo de atención a clientes que su cuenta presentaba un bloqueo judicial, además que ninguna de las autoridades señaladas como responsables tiene su residencia en el Estado de Morelos, ya que como puede advertirse, todas ellas tienen residencia en la Ciudad de México y en el Estado de México, lugar en donde fue aperturada a la cuenta bancaria que refiere el quejoso le fue bloqueada y también donde se le informó de dicho bloqueo; de lo que se colige que es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Así el acto reclamado no se ha ejecutado, ni se está ejecutando o trata de ejecutarse en la circunscripción territorial donde ejerce competencia este juzgado federal; por el contrario, dicho acto se concretiza en Naucalpan, Estado de México, constituyendo éste, la ejecución del acto reclamado. Esto es, los actos reclamados destacados, tienen ejecución fuera de la circunscripción territorial de este juzgado federal y, el lugar donde tienen ejecución y se seguirán ejecutando los actos reclamados, es en Naucalpan, Estado de México; de ahí que se actualiza la primera de las hipótesis que contempla el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia para resolver el presente juicio. Ahora, atendiendo el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, se considera que es juez competente el que tenga jurisdicción en dicho lugar; eso es, se surte la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer más trámite, remítase la misma con sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, en turno, por las razones expuestas con antelación. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso concreto, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, de la Novena Época, página 2288, la cual dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Con las constancias que se consideren necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 3). Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en el que indica en su escrito de demanda, así como por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************, ello por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo, se tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que refiere, por no contar con dicho requisito. Por otra parte, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico y números de teléfono proporcionados a fin de, en su caso, establecer comunicación en términos del artículo con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales 4). Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. 5). Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6). Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. 7). Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. 8). Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. 9) Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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