Edwin Armando Olascoaga López

Expediente 712/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
712/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
06/08/2015

Partes del expediente

  • Edwin Armando Olascoaga López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinte de julio año en curso (foja 45), remite copia certificada de las constancias solicitadas, en el expediente laboral J.5 530/2014. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se aprecia que aceptó el acto reclamado, refiriendo que ya se había señalado fecha para la audiencia trifásica; pero atendiendo a la falta de personal y excesiva carga de trabajo, no le había sido posible llevarla a cabo (foja 12). En ese tenor, el día de ayer, la oficiante remitió copia certificada de las audiencias de tres y trece y acuerdo de dieciséis todos del mes de julio del año en curso, en el expediente J.5 530/2014. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el tres y trece de julio de la presente anualidad se celebraron las audiencias de conciliación de demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: La NEGLIGENCIA Y DILACIÓN PROCESAL con que se ha conducido l autoridad señalada como responsable Lo anterior porque no había sido posible llevar a cabo la celebración de la audiencia trifásica. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el tres y trece de julio del año en curso, consistente en las audiencias de conciliación de demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas expediente laboral J.5 530/2014, adjuntando copia certificada de dichas actuaciones, la cual se notificó a las partes; es decir, tales actuaciones fueron emitidas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 8 Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del contenido siguiente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SOLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (S. J. F., Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; página 2456). Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE: "Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinte de julio año en curso (foja 45), remite copia certificada de las constancias solicitadas, en el expediente laboral J.5 530/2014. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se aprecia que aceptó el acto reclamado, refiriendo que ya se había señalado fecha para la audiencia trifásica; pero atendiendo a la falta de personal y excesiva carga de trabajo, no le había sido posible llevarla a cabo (foja 12). En ese tenor, el día de ayer, la oficiante remitió copia certificada de las audiencias de tres y trece y acuerdo de dieciséis todos del mes de julio del año en curso, en el expediente J.5 530/2014. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el tres y trece de julio de la presente anualidad se celebraron las audiencias de conciliación de demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: La NEGLIGENCIA Y DILACIÓN PROCESAL con que se ha conducido l autoridad señalada como responsable Lo anterior porque no había sido posible llevar a cabo la celebración de la audiencia trifásica. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el tres y trece de julio del año en curso, consistente en las audiencias de conciliación de demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas expediente laboral J.5 530/2014, adjuntando copia certificada de dichas actuaciones, la cual se notificó a las partes; es decir, tales actuaciones fueron emitidas con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 8 Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es del contenido siguiente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SOLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (S. J. F., Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; página 2456). Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno." POR MEDIO DE LISTA

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el delegado de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", a través del cual interpone recurso de revisión adhesiva respecto del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia engrosada el veinte de mayo del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión adhesiva, distribúyanse entre las partes copia de los agravios, para su debida integración. Sin que se ordene formar cuaderno de antecedentes, en razón que en proveído de diez de los cursantes, se ordenó su integración. En ese sentido, cuando esté integrado el presente expediente, esto es, que obren las constancias de notificación a las partes del presente auto, sin necesidad de ulterior acuerdo, remítase el original del oficio de expresión de agravios y el cuaderno principal en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que correspondió conocer el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, para la substanciación del medio de defensa, anexando una copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no ha se notificado a la tercero interesada ***, conforme lo establecido por el arábigo 5°, fracción III, incisos b) y e), de la Ley de Amparo, esto es, respecto de la instauración del presente sumario, a fin de que se encuentre en aptitud de comparecer al mismo. Por tanto, conforme a las constancias que obran en autos, dicha tercero pueden ser notificada en el domicilio ubicado en ***; en tales condiciones, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que constituya en el domicilio precitado, y con copia simple de la demanda de garantías y de los insertos necesarios, le notifique la instauración del presente sumario a la referida tercero interesada, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene para apersonarse al mismo, formular alegatos, asimismo, le requiera para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, 27, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso b), así como el 116 párrafo segundo, todos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En consecuencia, a fin de no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las diez horas con veinte minutos del veinte de julio de dos mil quince, para su celebración.

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