Edwin Armando Burgos Dzib
Expediente 1223/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edwin Armando Burgos Dzib
- Edwin Armando Burgos Dzib y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio 129 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 158/2018, interpuesta por ********************en su carácter de defensor particular de ******************** en contra del acuerdo emitido por este Juzgado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; ejecutoria de la que se advierte que la superioridad declaró infundado el aludido recurso. Acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo en estos autos, en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, y por cuanto no existen documentos originales exhibidos por el peticionario del amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida Yucatán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 10670 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda quien se ostenta defensor particular de Edwin Armando Burgos Dzib, en contra del acuerdo de veinticuatro de octubre del presente año, dictado en el juicio de amparo 1223/2018-V, al que le correspondió el número de toca 158/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes el memorial presentado vía electrónica por ********************, por el cual interpone el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo aplicable, agréguese una copia de dicho escrito, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, y remítase copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 1223/2018-V y el original de dicho escrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los efectos que en derecho correspondan, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Eduardo Alpuche quien se ostenta defensor particular de Edwin Armando Burgos Dzib, contra actos del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, presentada vía electrónica y sin anexos. Ahora bien, en atención a lo anterior y al contenido del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, porque respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en la causa penal 2/2018 de su índice, en la cual se negó autorizar al pasante de derecho Rodrigo Gerardo Alpuche Ojeda, para que funja como investigador privado de la parte quejosa, en la referida causa penal; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone que no procede el juicio de amparo: ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, se arriba a la conclusión de que en el caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues en principio es de señalarse que el acto reclamado de atención consiste en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en la causa penal 2/2018 de su índice, en la cual se negó autorizar al pasante de derecho Rodrigo Gerardo Alpuche Ojeda, para que funja como investigador privado de la defensa, aquí parte quejosa, en la referida causa penal; la cual fue emitida en un procedimiento de naturaleza judicial que está tramitándose ante un Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en el cual la legislación adjetiva aplicable, lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. También se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer en contra del acto reclamado -como el caso que nos ocupa- el cual es el recurso de revocación, por medio del cual puede ser revocado o nulificado el acto reclamado, cuya procedencia se establece en la Ley. En efecto, el artículo 465 regulado por el diverso 466, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Revocación Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De los preceptos transcritos se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que rige el procedimiento en los juicios del orden judicial, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recurso el de revocación. Entonces, el peticionario se encontraba en aptitud de interponer en forma oportuna dicho medio de impugnación, porque es parte imputada en el procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de defensivo, según quedó precisado en párrafo que antecede, aunado a que el acto reclamado constituye una determinación de mero trámite que no es apelable; en ese sentido y como ya se indicó, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando como en el caso, los tiene a su alcance, aparte de que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en el caso se actualice la causal de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 986, emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 678, del tomo VI, parte TCC, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, con número de registro 394942, que es del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por último, debe decirse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es la parte imputada en el mismo, como reconoce en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad. En ese orden de ideas es inconcuso que en contra del acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en la causa penal 2/2018 de su índice, en la cual se negó autorizar al pasante de derecho Rodrigo Gerardo Alpuche Ojeda, para que funja como investigador privado de la defensa, aquí parte quejosa, en la referida causa penal, procede el mencionado recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar, así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente se debe interponer el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que se obstáculo a la presente determinación, la Tesis aislada I.9º.P 150 P (10ª) con número de registro 2014416, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en libro 43, Junio de 2017, IV, página 2893, Materia Común, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que al rubro dice "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. AL NO PREVER EXPRESAMENTE EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES FUNDAMENTO LEGAL SUFICIENTE, O SIN EFECTUAR INTERPRETACIÓN ADICIONAL, RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA SALA DE NO ADMITIR A TRÁMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA"; dado que la misma no resulta exactamente aplicable al caso al no ser el acto reclamado en este juicio la resolución en que no se admitió a trámite un recurso de apelación, aunado a que la misma es una tesis aislada por lo que no resulta obligatoria su aplicación y que en el caso resulta evidente la procedencia del recurso de revocación en contra del acto que se reclama. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Eduardo Alpuche quien se ostenta defensor particular de Edwin Armando Burgos Dzib, contra actos del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto, en virtud de que el promovente proporcionó a este órgano jurisdiccional su clave de usuario con la que afirma se encuentra registrado. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, esto es, en los términos restringidos que alude el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Inry Emanuel Chuc Xool y Rodrigo Gerardo Alpuche Ojeda, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; asimismo se tiene a María Isidra Orozco Domínguez, en los mismo términos restringidos que alude el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita la parte promovente. De igual manera, hágase del conocimiento del ocursante que se accede a que se haga uso de los medios electrónicos dentro del local de este Juzgado, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que proponen se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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