Edwin Alberto Gamboa Lopez

Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
596/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Edwin Alberto Gamboa Lopez
  • Martha Eugenia Cabrera Arias
  • Pedro Jose Belmont Escamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 596/2023-I-B, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el dieciocho de abril de dos mil veintitrés; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron *****, a solicitar la protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamaron del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 596/2023-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, como del informe justificado remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar la sentencia correspondiente en el juicio de nulidad 204/2021. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente el Magistrado Presidente, al rendir su informe (promoción 7889), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. A mayor abundamiento, es preciso señalar que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de abril de dos mil veintitrés), el juicio aún estaba en etapa de pruebas y alegatos, motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra jurídicamente impedida para dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, que a la letra dicen: "Artículo 55.- Concluida la recepción de las pruebas, las partes podrán alegar, en forma verbal o escrita, por sí o por medio de sus representantes. Cuando los alegatos se formulen de palabra no podrán exceder de media hora para cada una de las partes. Artículo 56.- Una vez oídos los alegatos, la Sala resolverá el juicio en la misma audiencia. Sólo cuando deban tomarse en cuenta gran número de constancias, podrá reservarse el fallo definitivo dentro de un plazo no mayor de ocho días." De los citados numerales se desprende que una vez recepcionadas las pruebas, las partes podrán presentar alegatos de manera verbal o por escrito, así como que una vez oídos los alegatos, la Sala resolverá el juicio en la misma audiencia, pudiendo reservarse la resolución cuando deban tomarse en cuanta un gran número de constancias, en un plazo no mayor a ocho días. Es decir, dichos numerales imponen a la autoridad que conozca del juicio administrativo de que se trate, que después de haber concluido el término para formular los alegatos podrá emitir su resolución dentro del plazo no mayor de ocho días. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente administrativo se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el Tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir la sentencia respectiva, lo que no es así. Pues por acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable requirió al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, para que exhibiera la documentación a que en el mismo hizo referencia. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el dieciocho de abril del año en curso, la responsable no estaba en aptitud de resolver en definitiva el juicio de origen 204/2021. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***** contra los actos que reclamaron del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los actos y motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando cuarto de este fallo. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado MARTHA EUGENIA CABRERA ARIAS, representante común de la parte quejosa, mediante el cual solicita a este juzgado federal, que se requiera al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que exhiba las constancias de notificación de los acuerdos dictados el veintiocho de abril y dos de mayo del año en curso en el juicio de nulidad 204/2021, al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Al respecto, no ha lugar de acordar favorablemente a su solicitud, lo anterior toda vez que el acto reclamado en el presente juicio constitucional es: la omisión de dictar la sentencia correspondiente en el juicio de nulidad 204/2021. Por lo que, las notificaciones de los proveídos dictados por la autoridad responsable en cita, el veintiocho de abril y dos de mayo del año en curso, no forman parte de la litis que se resuelve. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Raúl Ramos Berzunza. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que remite en alcance a su informe justificado y anexo que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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