Edurado Silva Moreno

Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
821/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Edurado Silva Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado proveído que desechó demanda de amparo. Archívese. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Con fundamento en el Articulo 27, Fracción I, Inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento hecho en citatorio de quince de octubre dos mil veintiuno, y por esta vía se notifica al quejoso el proveído de trece del mes y año citados, cuyo texto es: "...Toda vez que el treinta de septiembre del año en curso, se reservó acordar la demanda de amparo, hasta en tanto contara con las constancias del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México , lo cual ya aconteció, se acuerda: ...se examina la demanda, a efecto de determinar si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ...Los promoventes se duelen básicamente de las órdenes de traslado y reubicación involuntarios. ...Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que la reubicación y la orden de traslado fuera de procedimiento, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser medios necesarios para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 312. En ese contexto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro y la reubicación y la orden de traslado fuera de procedimiento en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. ...Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. ...la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución. Pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. ...Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, no se atienden de inmediato, quedaría sin materia la petición, lo cual constituye un caso urgente que legitima a la persona a acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que los actos que pretende combatir en esta instancia son susceptibles de ser combatidos a través de los medios previstos en la ley en comento, sin que se traten de casos de excepción a los que se refiere el artículo 61 (XX) (2) de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que la parte quejosa debió agotar previamente el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. ... Luego, si los quejosos no agotaron los medios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución, respecto de los actos reclamados, el juicio de amparo es notoriamente improcedente y, en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo y escrito aclaratorio..."

  4. Principal

    Vista demanda de amparo, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la presente demanda, Se requieren constancias a diversos homólogos Notifíquese.

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