Educación Continua La Concordia, S.C.
Expediente 917/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 24 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 31/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Educación Continua La Concordia, S.C.
- Internacional de Estudios Humanistas, S.C.
- Internacional de Estudios Humanistas, S.C. y Otros.
- Universidad Nacional de Estudios Avanzados, S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveídos de uno, cinco, trece de junio de dos mil diecisiete, se determinó dar cuenta nuevamente con los oficios mediante los cuales las autoridades responsables Presidente Constitucional y Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, manifestaban su imposibilidad jurídica para efectuar actos de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, hasta en tanto el Jefe del Servicio de Administración Tributaria informara del citado cumplimiento; sin embargo, de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 832/2015, se advierte que no se amparó a las quejosas respecto del acto reclamado a dicha autoridad; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el quince de octubre de dos mil quince, por este juzgado, por una parte se sobreseyó en el presente juicio, y por otra, se concedió el amparo para los siguientes efectos: 1. Que no se apliquen a las sociedades civiles quejosas lo previsto en los artículos 27, fracción XI, y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce; y, 2. Se le permita a las quejosas deducir la totalidad de todos aquellos pagos, debidamente probados ante la autoridad exactora, con motivo de gastos de previsión social o de aquellos que hubiere realizado a nombre de sus trabajadores que hubiesen sido pagados por ellas, a partir del primero de enero de dos mil catorce, y que constituyan para los mismos ingresos exentos para el trabajador (sin aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos, o en su caso, el factor de 0.47, según sea el caso); ni se aplique la limitante establecida en relación a los trabajadores sindicalizados o no, por lo que respecta a los gastos de previsión social. Inconforme con tal determinación, el Presidente de la República, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpusieron recursos de revisión, los cuales correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismo que mediante sentencia emitida en la sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida, determinando no amparar respecto del articulo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce y conceder el amparo y protección de la justicia federal a las quejosas para los siguientes efectos: Que no se le aplique lo previsto en los párrafos cuarto y octavo de la fracción XI del articulo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil catorce, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de las erogaciones por concepto de previsión social atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados (foja 807). Mediante proveído de diez de mayo del año en curso, se requirió al Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, el cumplimiento al fallo protector (fojas 819 a 821). Ahora bien, respecto de dichas autoridades responsables no procede verificar el cumplimiento de la ejecutoria que concedió el amparo, por lo siguiente: En efecto, es importante señalar que cuando el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se ha obtenido pronunciamiento favorable al respecto, el fallo protector nulifica la eficacia de la norma declarada inconstitucional en relación con el peticionario de garantías, porque los alcances son los de anular todo acto de aplicación que con base en la misma se llegue a concretar; dicha circunstancia deriva de lo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 73 de la Ley de Amparo y consiste en que "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda". Este principio significa que en amparo contra leyes, la sentencia que, en su caso, otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo. Por tal razón, los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de ella que se haya reclamado, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que esa ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. Lo anterior, permite a este juzgador establecer que en el caso en estudio el efecto de la ejecutoria pronunciada en favor de la parte quejosa actúa hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se le aplique la norma inconstitucional; esta situación produce, como consecuencia que no sea necesario que las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional emitan un acto dando cumplimiento a la misma, si tomamos en consideración que en el juicio de amparo rige el principio de relatividad y que el efecto de la sentencia no afecta la vigencia de la ley, ni su eficacia se produce en favor de personas distintas de la parte quejosa, por lo que el fallo que nos ocupa no implica dejar insubsistentes los actos que son de alcance general que concurren a dar vigencia a la ley. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado la siguiente tesis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XLV, página ciento veintiuno, cuyo rubro y texto dicen: "LEY INCONSTITUCIONAL, EFECTO DEL AMPARO CONTRA LA. ... Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXV/97, visible en la página cuatrocientos catorce, del tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo que a continuación se transcribe: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.... En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por una parte se negó el amparo y protección, y por otra, se concedió; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. (III)
- Principal
Visto el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual comunica a este Tribunal que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente para efectuar actos de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; por lo tanto, dése cuenta nuevamente con el mismo una vez que la restante autoridad Jefe del Servicio de Administración Tributaria informe del citado cumplimiento.(III)
- Principal
Visto el oficio del Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión mediante el cual comunica a este Tribunal que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente para efectuar actos de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; por lo tanto, dése cuenta nuevamente con el mismo una vez que las restantes autoridades informen del citado cumplimiento.(III)
- Principal
Visto el oficio signado por el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mediante el cual comunica a este Tribunal que la autoridad responsable se encuentra imposibilitada jurídicamente para efectuar actos de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; por lo tanto, dése cuenta nuevamente con el mismo una vez que las demás autoridades informen del citado cumplimiento. (III)
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