Eduardo Zuriel Ramos Cruz
Expediente 860/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 48 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 23/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Zuriel Ramos Cruz
- Agente del Ministerio Publico de la Federacióntitular de la Agencia Primera Investigadora de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal, Guerrero, de Esta Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio del Coordinador Regional de Zona Centro de la Policía Ministerial, en ausencia del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, residente en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual acusa recibo del oficio 24409/2016, y manifiesta que se recibió en esa institución el dieciséis de junio del año en curso.
- Principal
Vista la pieza postal 57569, devuelta por Correos de México, en atención a su contenido, se requiere a la referida autoridad para que veinticuatro horas posteriores a la data en que reciba el aludido oficio, vía telegráfica, haga saber a este tribunal cuando lo reciba, ya que ese dato, es indispensable conocerlo, a fin de estar en aptitud legal de enviar el expediente al archivo, bajo apercibimiento.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. ...
- Principal
Abierta dicha audiencia, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, auto de ocho de agosto de dos mil quince, mediante el cual se concedió al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados que se hicieron consistir en la excesiva e ilegal detención, tortura e incomunicación y se le previno para que manifestara si era su deseo o no ratificar la demanda promovida a su favor por María Guadalupe Martínez García; proveído de catorce de octubre de dos mil quince, informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar: que por acuerdo de catorce de agosto de dos mil quince, se hizo efectivo al promovente del amparo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de ocho de agosto de ese año y se dejó de tener como autoridades responsables a quienes designaron como Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas y al Agente Titular de la Fiscalía Especializada Antisecuestro, ambos de este puerto, ya que no existen, y se ordenó suspenderles las subsecuentes notificaciones. Adicionalmente, la secretaria certifica: que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la integración del Expediente Electrónico, se advirtió que por oficio SEIDO/UEITA/10333/2015, recibido el once de agosto de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, del nueve de agosto de dos mil quince, consignó al ahora quejoso Eduardo Zuriel Ramos Cruz y otros, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia el Xalapa, como probables responsables en la comisión del delito de contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L., con la finalidad de comercio y otros, y lo dejó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "ORIENTE", en el Estado de Veracruz, asunto que se radicó bajo el número de causa penal 48/2015. Además, se aprecia que en esa data el citado fiscal, también consignó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/188/2015, instruida en contra del nombrado y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana, en la modalidad de comercio, en la hipótesis de venta, previsto en los artículos 195 párrafo primero en relación con los diversos numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 234 479 de la Ley General de Salud; portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso d), de La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y posesión de cartucho en cantidades mayores a las permitidas para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 quater, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la que se radicó como causa penal 48/2015 y que actualmente se instruye al aludido impetrante, El juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos que en derecho corresponda, en la inteligencia que al haberse tenido como inexistentes a las autoridades antes precisadas, en la sentencia que al efecto se emita, el juzgador no se pronunciará respecto del acto atribuido a ellas. Cobra aplicación en lo conducente al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta y dos, Tomo IXXX, marzo de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, que a la letra dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente.". El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y en su oportunidad téngase en consideración la certificación Secretarial ante realizada. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que el encargado interino de la Delegación Acapulco de la Policía Federal División de Seguridad Regional, Coordinación Estatal Guerrero Estación Acapulco, con sede en esta ciudad, exhibió con el oficio registrado con folio 2029, en el juicio de amparo en que se actúa. El juez acuerda: En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se desahoga por su propia y especial naturaleza la prueba de mérito que será tomada en consideración al momento de resolver este asunto. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de tal derecho. El juez acuerda: no habiendo más que acordar, ni pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se da por terminada la presente audiencia, procediéndose a pronunciar la siguiente resolución. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 860/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito recibido por el Secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito, el ocho de agosto de dos mil quince, María Guadalupe Martínez García, promovió demanda de amparo a favor de Eduardo Zuriel Ramos Cruz y solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos y autoridades siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadoras señalo; A).- Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la agencia primera, segunda, tercera y cuarta investigadora de la subdelegación de procedimientos penales "B", de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Guerrero, todas con domicilio en. b).- La Policía Federal, con Domicilio en Carretera México Acapulco, kilómetro 366+000, sin número colonia la Venta, Acapulco, Guerrero; y/o en Avenida Costera Miguel Alemán número 125, antes plaza bahía, Fraccionamiento Magallanes así como también en el hotel alba suite, ubicado en Avenida Gran Vía Tropical número 35, Fraccionamiento Las playas, además del domicilio ubicado atrás del estacionamiento del Hotel Romano Palase, todos estos domicilios ubicados en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero. c).- C. Comandante de la Octava Región Naval con sede en. d).- Comandante de la Policía Ministerial Federal de la Procuraduría General de la República.- con domicilio en. e).- C. Comandante del Ejército Nacional Adscrito al 56 Batallón de Infantería de la Novena Región Militar, con domicilio conocido en. f).- C. Subprocurador Especializado en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, con domicilio. g).- C. Procurador General de la República (PGR), con domicilio en. h).- CC. Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en. i).- C. Coordinador Regional de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, con domicilio conocido en. J).- C. Director General de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, con domicilio ampliamente conocido en. k).- C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas ICOE), con domicilio ubicado en. L).- C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) con domicilio ubicado en. M).- C. Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio conocido en. N).- C. Agente del Ministerio Público Titular del Sector Coyuca de Benítez, Guerrero, con domicilio ampliamente conocido en. Ñ).- C. Coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Benítez, con domicilio ampliamente conocido en. O).- C. Director del Centro Regional de Reinserción Social, con domicilio conocido en. P).- C. Agente titular de la Fiscalía Especializada en Antisecuestro, con domicilio conocido en. q).- C. Agente Titular de la Fiscalía Especializada en Antisecuestro, con domicilio en. SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS.- por la índole del juicio de garantías, se señalan como autoridades ejecutoras a las indicadas como ordenadoras, en razón de que las violación a los artículos 14,16 y 22, fueron cometidas por las autoridades citadas como ordenadoras, ya que fueron las que sin motivo alguno o bajo ordenamiento legal actuaron en privar de la libertad al quejoso. IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS Y ejecutoras, se reclaman LA EXCESIVA E ILEGAL DETENCIÓN, TORTURA E INCOMUNICACIÓN" Acto que considera vulneran los derechos fundamentales consagrados en los preceptos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de ocho de agosto de dos mil quince, mediante el cual se concedió al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados que se hicieron consistir en la excesiva e ilegal detención, tortura e incomunicación y se le previno para que manifestara si era su deseo o no ratificar la demanda promovida a su favor por María Guadalupe Martínez García. En proveído de catorce de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados y se dio intervención al fiscal federal de la adscripción; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito con residencia en el Estado de Guerrero es competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la ley en comento, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, de la invocada ley; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso 28/2016, que modificó aquél, toda vez que se reclaman actos a una autoridad ubicada en el territorio sobre el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la ley de mérito, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son la detención del quejoso, que estima ilegal y excesiva y las consecuencias jurídicas de ésta. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso se estima aplicable, la tesis número VI/2004, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo diecinueve, abril de dos mil cuatro, Novena Época, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". TERCERO. Los Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Agencias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Investigadoras de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Procuraduría General de la República; Comandante de la Octava Región Naval, Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, Comandante del 56° Batallón de Infantería de la Novena Región Militar, Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), Director del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco, todos ellos con residencia en esta ciudad, Subprocurador Especializado en la Investigación en Delincuencia Organizada (S.E.I.D.O.), Procurador General de la República, residentes en la Ciudad de México; Director de la Policía Investigadora Ministerial del Estado, residente en Chilpancingo, Agente del Ministerio Público del Fuero Común y Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, ambos de Coyuca de Benítez, Guerrero; al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones (fojas 287, 289, 291, 293, 298, 295, 348, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 336, 346, 351, 354, 338, 481, 366, 342, 363 y 360). Ahora, dichas negativas correspondía desvirtuarla a la parte quejosa en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del arábigo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley, cuyo texto previene que la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la ley de la materia, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sobreseimiento de mérito se hace extensivo al acto reclamado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Combate al Delito de Secuestro, residente en Chilpancingo; del que no obra en autos su informe justificado; sin embargo, no es el caso presumir cierto el acto que se le atribuye, en virtud de que consta del sumario que elementos de la Policía Federal, el siete de agosto de dos mil quince, lo detuvieron en unión de otras personas en flagrancia y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México, por lo cual es incuestionable que la citada autoridad no ordenó ni ejecutó los actos reclamados. CUARTO. El encargado interino de la Delegación Acapulco de la Policía Federal División de Seguridad Regional, Coordinación Estatal Guerrero Estación Acapulco, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, omitió rendir informe justificado, motivo por el cual se presume cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. La técnica que rige el dictado de las sentencias en el juicio de amparo indica que oficiosamente debe realizarse el estudio de las causas de improcedencia, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se advierte que respecto a la detención del quejoso Eduardo Zuriel Ramos Cruz, y su cumplimiento, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia que, en lo que a este estudio interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, tal como se explica: Ahora bien, de las documentales que remitió el encargado interino de la Delegación Acapulco de la Policía Federal División de Seguridad Regional, Coordinación Estatal Guerrero Estación Acapulco, con el oficio PF/DSR/CEG/EA/1333/2015 de diez de agosto de dos mil quince, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el precepto 61, fracción XVII, de la invocada ley, como a continuación se verá: 1. El siete de agosto de dos mil quince, elementos de la Policía Federal al estar efectuando funciones de inspección, seguridad y vigilancia a la altura del kilómetro 000+100 de la carretera México-Acapulco, tramo paso Texca-Bajos del Ejido, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tuvieron contacto con un camión unitario ligero tipo pick up marca Ford, color café, placas de circulación del estado de Guerrero, al que le hicieron el alto y solicitaron a los tripulantes quienes manifestaron llamarse Ramos Cruz Eduardo Zuriel y Saucedo López Armando, les permitieran hacer una revisión y localizaron diversas armas de fuego y marihuana, motivo por el cual procedieron a asegurar los objetos y al tratarse de delitos de orden federal cometidos en Flagrancia, trasladaron a los nombrados a la Ciudad de México y los pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en turno adscrito a la U.E..I.T.A.T.A. de la S.E.I.D.O. 2. Por oficio SEIDO/UEITA/10333/2015, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, del nueve de agosto de dos mil quince, consignó al ahora quejoso Eduardo Zuriel Ramos Cruz y otros, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia el Xalapa, como probables responsables en la comisión del delito de contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L., con la finalidad de comercio y otros, y lo dejó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 "ORIENTE", en el Estado de Veracruz, asunto que se radicó bajo el número de causa penal 48/2015. Además, en la referida data el citado fiscal, también consignó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/188/2015, instruida en contra del nombrado y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana, en la modalidad de comercio, en la hipótesis de venta, previsto en los artículos 195 párrafo primero en relación con los diversos numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 234 479 de la Ley General de Salud; portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso d), de La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y posesión de cartucho en cantidades mayores a las permitidas para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 quater, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), de La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la que se radicó como causa penal 48/2015 y que actualmente se instruye al multicitado quejoso. De lo que se colige que la situación jurídica actual del aquí quejoso no se rige por las diversas actuaciones que dieron lugar a la indagatoria instruida en su contra, sino que al existir nuevas determinaciones en las que se le decretó su detención y posteriormente se emitió auto de bien preso, serán estas últimas resoluciones las que algún perjuicio le causen a su esfera de derechos tutelados por la norma constitucional. El aserto citado se sustenta en el hecho de no poder resolverse la cuestión efectivamente planteada en esta vía constitucional, sin afectar un acto posterior, lo que impide a esta potestad federal hacer un pronunciamiento al ser distinta la situación jurídica que guarda el peticionario de amparo dentro del juicio natural. Ello tiene fundamento, dado que la situación jurídica que guardaba la parte quejosa respecto del acto reclamado cambió sustancialmente al existir un pronunciamiento posterior, en cuyo caso los efectos legales del acto reclamado quedan subsumidos a los de la nueva resolución, con independencia del estadio procesal. De tal suerte que, para los efectos del juicio constitucional, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones destacadas, ya que no podría decidirse en él, so pena de afectar la nueva situación jurídica creada, pronunciamiento que resultaría trastocado de llegarse a realizar una declaración de fondo. En tal virtud, al poder subsistir la nueva situación jurídica con independencia de que el acto reclamado sea abiertamente ilegal, éste queda consumado irreparablemente, lo que indefectiblemente actualiza la causa de improcedencia expresada en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible a página 270, volumen XXVII, junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia, se impone sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que preceptúa: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, es innecesario el estudio de diversa causa de improcedencia, ya que no cambiaría el sentido de la presente determinación. Aserto que encuentra fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 414, volumen VIII, agosto de 1998, Novena Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Luego, no se estudiarán los conceptos de violación, de conformidad con la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 88, volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Asimismo, en lo conducente, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 52/98 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible a página 244, volumen VIII, agosto de 1998, Novena Época, Materia(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo". Bajo ese contexto, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en esta resolución; pues sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función de nuestra sistema jurídico, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación local se encuentran los medios de defensa sencillos y rápidos para atacar determinaciones dictadas en procedimientos de ejecución. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." La circunstancia de que se consideren las actuaciones que integran diversos expedientes que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), es debido a que se trata de hechos notorios. Para explicar esa afirmación primeramente debe tenerse presente que el referido sistema es una base de datos oficial electrónica que contiene un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de este sistema, así como los expedientes que se tramitan ante el órgano jurisdiccional, como hecho notorio aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes, y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 88, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. "Artículo 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes." "Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." "Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." "Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal." Corrobora lo considerado, el criterio establecido en la jurisprudencia P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página novecientos sesenta y tres, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO", en la cual se establece que un hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser de esa naturaleza la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Así como la tesis aislada: I.1o.A.14 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos cuarenta y seis, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". En suma, puede afirmarse válidamente que los diferentes datos e información contenidos tanto en el sistema en cita (SISE), en las sentencias que se dicten y en los asuntos que en general se tramiten ante los órganos jurisdiccionales constituyen hechos notorios para quienes sean partes en ellos y para quienes los resuelven y, por lo tanto, se reitera, el juzgador puede invocarlos como tales en los términos descritos. De igual manera, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la invocada ley; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Zuriel Ramos Cruz, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, precisados aquéllos y éstas, en el resultando primero Notifíquese.
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