Eduardo Vizcarra Urzúa
Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eduardo Vizcarra Urzúa
- Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, misma que causó ejecutoria el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que en la misma fecha se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. En consecuencia, mediante oficio que derive de este acuerde, devuélvase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las constancias que remitió en el presente juicio de amparo, al resultar innecesaria la retención de las actuaciones de que se trata.
- Principal
... Vista la certificación que antecede... el proveído de dieciséis de noviembre de la presente anualidad... ha causado ejecutoria. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que a la fecha no obre el acuse de recibo del oficio 31354/2021, a través del cual se notificó la sentencia al tercero interesado Ayuntamiento de Matlapa, San Luis Potosí, pues dado el sentido de dicha determinación es claro que en nada agravia a dicha parte procesal, ya que la única parte que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término con que contaba para ello. ...en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ... se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Centro archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el trámite correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
En San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 291/2021-11, promovido por Eduardo Vizcarra Urzúa, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa y autoriza María del Pilar Morales Zúñiga, se declaró abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace relación de las actuaciones existentes en autos, consistentes en auto admisorio, notificación realizada a la autoridad responsable e informe justificado rendido por la misma. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al momento de resolver el presente asunto. No se soslaya que en autos no obra constancia de que se haya emplazado al presente juicio constitucional a la autoridad tercera interesada Ayuntamiento del Municipio de Matlapa, San Luis Potosí; sin embargo, dado el sentido que regirá el fallo que se pronunciará en este asunto, se estima que en la especie dicha circunstancia no constituye impedimento para celebrar la presente audiencia constitucional, ello aunado a que tal omisión no deja sin defensa a la citada parte, ni tiene mayor trascendencia en la sentencia que al efecto se pronunciará, tal y como lo establece la fracción IV, del artículo 93, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número P. V/98, en la página 45, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Finalmente, en cuanto a la certificación secretarial de cuenta, téngase por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, adjuntas a su escrito inicial de demanda, así como con las aportadas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como justificación de su informe de ley y con la circunstancia que las diversas partes no ofrecieron pruebas. La Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con la circunstancia de que las partes no hicieron uso de ese derecho y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Acto seguido, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos y a la Representante Social Federal adscrita de presentar pedimento. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar, se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina: al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 291/2021-11, promovido por Eduardo Vizcarra Urzúa, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el seis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado y turnado a este Juzgado al día siguiente, Eduardo Vizcarra Urzúa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. ACTOS RECLAMADOS: La omisión en dictar acuerdo a la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, apoderada jurídica de Eduardo Vizcarra Urzúa, en el juicio laboral 630/2007/M-4, en el que ésta última tiene el carácter de actor. SEGUNDO. Trámite. I. Por proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, bajo el recurso de queja 83/2021, quien mediante resolución pronunciada en sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, declaró fundado dicho recurso. II. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, en la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito el veintiocho del citado mes y año, admitió a trámite, la demanda de amparo, se requirió informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención legal que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; y, citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. III. El esa misma data, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento de las partes los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que en el caso las partes hayan hecho uso de ese derecho, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de método, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis conjunto de la demanda, con objeto de interpretar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Acto reclamado La omisión en dictar acuerdo a la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, apoderada jurídica de Eduardo Vizcarra Urzúa, en el juicio laboral 630/2007/M-4, en el que ésta última tiene el carácter de actor. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, la omisión reclamada se encuentra relacionada con actos negativos atribuidos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ende, es inconcuso que, atendiendo a la naturaleza de la omisión reclamada, y al no existir oportunidad específica, la demanda de amparo fue presentada conforme el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al efecto se invoca, por identidad de razones, la tesis publicada en la página 332, Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". CUARTO. Actos existentes. Es cierto el acto que la quejosa atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en dictar acuerdo a la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, apoderada jurídica de Eduardo Vizcarra Urzúa, en el juicio laboral 630/2007/M-4, en el que ésta última tiene el carácter de actor, pues así se advierte del contenido del informe justificado que rindió el Presidente de dicho Tribunal. En efecto, en el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, niega la existencia del acto reclamado, pues refiere que en el juicio laboral 360/2007/N-4, se han realizado todos y cada uno de los actos tendientes para la ejecución del laudo pronunciado en dicho controvertido tal como lo dispone el artículo 137 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. De la documental que como justificación de sus actos remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada de constancias deducidas del expediente laboral de origen, que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Se pone de manifiesto, que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 360/2007/M-4, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, apoderada jurídica de Eduardo Vizcarra Urzúa, y ante la omisión del Ayuntamiento del Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, en dar cumplimiento al laudo pronunciado el cinco de julio de dos mil doce, ordenó girar exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sirviera autorizar al Actuario de su adscripción para que en día y horas hábiles, asociado del actor Eduardo Vizcarra Urzúa y/o su apoderado jurídico, se constituyeran en el domicilio conocido del demandado Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, y lo requiriera por conducto del Síndico y/o representante legal por el pago inmediato al actor de la cantidad de $966,887.67 (novecientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 67/100 moneda nacional), con el apercibimiento legal que de no hacerlo así, la diligenciaría, bajo su responsabilidad, procediera al embargo de bienes del dominio privado de la demandada necesarios para garantizar el monto antes señalado, con las excepciones establecidas expresamente en el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo. QUINTO. Causal de improcedencia. El juicio de amparo en que se actúa es improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El citado precepto establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. La causa referida se actualiza cuando los efectos jurídicos desaparecen total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En el caso, de la documental que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, la cual fue previamente valorada, se desprende que en el juicio laboral 360/2007/M-4, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el dos de marzo de dos mil veintiuno, por la licenciada Alma Angélica Gallardo Medina, apoderada jurídica de Eduardo Vizcarra Urzúa, y ante la omisión del Ayuntamiento del Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, en dar cumplimiento al laudo pronunciado el cinco de julio de dos mil doce, ordenó girar exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Tamazunchale, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se sirviera autorizar al Actuario de su adscripción para que en día y horas hábiles, asociado del actor Eduardo Vizcarra Urzúa y/o su apoderado jurídico, se constituyeran en el domicilio conocido del demandado Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, y lo requiriera por conducto del Síndico y/o representante legal por el pago inmediato al actor de la cantidad de $966,887.67 (novecientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 67/100 moneda nacional), con el apercibimiento legal que de no hacerlo así, la diligenciaría, bajo su responsabilidad, procediera al embargo de bienes del dominio privado de la demandada necesarios para garantizar el monto antes señalado, con las excepciones establecidas expresamente en el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo; cuya omisión reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por tanto, es inconcuso que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. En esa medida, los actos omisivos que conforman el reclamo efectuado en el presente juicio de amparo, dejaron de producir efectos en la esfera jurídica del solicitante, por tanto, las cosas retornaron al estado que guardaban antes de la violación reclamada. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo de la anterior determinación, se invoca la jurisprudencia, 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época del Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia número 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Vizcarra Urzúa, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistida de María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
...Téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, del que se advierte, lo siguiente: "No es cierto el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de proveer a la inmediata y eficaz ejecución del laudo en el expediente 360/2007/M-4, haciendo de su conocimiento que relativo a las supuestas solicitudes que ha realizado el quejoso de ejecución, son falsas a razón que refiere una promoción del 2 de abril del año 2021 no existe porque ese día este Tribunal no laboro por haber sido semana santa, lo mismo ocurre con una diversa del 7 de mayo de 2019 lo cual dicha promoción no existe, ya que a lo contrario que refiere el quejoso el suscrito ha realizado todos y cada uno de los actos tendiente para la ejecución del laudo como me faculta el artículo 137 de la Ley de los Trabajadores al Servicios de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, lo cual acredito con las copias certificadas del expediente en mención a partir del laudo de fecha cinco de julio del año dos mil doce a la fecha en que se ha seguido actuando, encontrándose en la actualidad dicho expediente en trámite de un recurso de revisión promovido por la parte quejosa, por lo tanto se continua actuando y de ningún modo se encuentra en parálisis el procedimiento de ejecución, que también es obligación de la parte actora impulsar el procedimiento...." Con su contenido, dese vista a las partes para todos los efectos legales procedentes; lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Domicilio y delgados Como se solicita, se tienen como delegados de su parte, en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal, los señalados en su informe justificado, y como domicilio para recibir notificaciones el que refiere. Medios de contacto Asimismo, ténganse como medio de contacto alterno, el correo electrónico precisado en el informe de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Anexo Fórmense cuaderno por separado con las constancias que remite la autoridad responsable, respetando folio y rúbrica de las mismas.
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