Eduardo Villa Esparza
Expediente 252/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 36 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Eduardo Villa Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con un oficio registrado bajo el número 8059. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo signado por la secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la resolución dictada el once de abril de dos mil dieciocho, en la inconformidad penal 1/2018, por medio de la cual resolvió infundado el mencionado recurso; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, al resultar infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, como se ordenó mediante proveído de doce de enero de la presente anualidad, remítase el expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, agréguese el cuadernillo de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy* OF. 204/2018 LIC. CLAUDIA ELIZABERH FLORES VERA. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. CIUDAD REFERENCIA: RECURSO DE INCONFORMIDAD PENAL 1/2018. Acuso a Usted recibo de su atento oficio 3862/2018, por medio del cual remitió el testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede esta ciudad, el once de abril del año en curso, dentro el recurso de la inconformidad penal 1/2018. Le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Zacatecas, Zac., a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. A T E N T A M E N T E. EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LIC. CARLOS SAUCEDO RAMÍREZ.
- Principal
El trece de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un oficio registrado bajo el número 2811.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, por el que acusa recibo del diverso comunicado 60/2018, por el que le fueron remitidos los autos del juicio 252/2017; asimismo, comunica que la superioridad admitió a trámite la inconformidad promovida por el quejoso Eduardo Villa Esparza, quedando registrada bajo la inconformidad penal 1/2018. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
- Principal
El seis de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado bajo el número de folio 2174 y copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Eduardo Villa Esparza; en atención a su contenido, téngase interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo de doce de enero de la presente anualidad. En tales condiciones atendiendo a lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Amparo y en acatamiento al Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conserva para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, lo procedente es remitir los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto, dado a que dicho Acuerdo en su considerando Décimo Tercero establece: "Que para agilizar el trámite de los incidentes de inejecución, de las denuncias de repetición del acto reclamado, así como de las inconformidades, y a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, es conveniente que se resuelvan por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional, aprovechando su cercanía a los justiciables para los efectos de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogar para acudir a esta capital para atender dichos asuntos, conservando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional". Por tanto, remítanse los autos del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho proceda, debiendo formarse el cuadernillo de antecedentes respectivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy* OFICIO. 60 LIC. HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. EDIFICIO. SECC. AMPAROS. PRAL. 252/2017. CON ANEXO. Por medio del presente me permito remitir a usted constante de 525 fojas, el juicio de amparo 252/2017, promovido por Eduardo Villa Esparza, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador "A", adscrita al área de atención y determinación inmediata en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad y otra autoridad, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, en contra de la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo de doce de enero de dos mil dieciocho. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta y especial consideración. Zacatecas, Zacatecas, a seis de febrero de dos mil dieciocho. A T E N T A M E N T E. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LIC. IVÁN OJEDA ROMO.
- Principal
El doce de enero de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo inicio el once y concluye el quince del mes y año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a la parte quejosa. De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Doy fe En misma fecha, se da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 527, con la certificación que antecede, y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de enero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, mediante el que la parte quejosa realiza manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se analizará si dicha sentencia está cumplida. En ejecutoria de once de julio de la presente anualidad (fojas 127 a 139), este juzgado concedió el amparo solicitado por el quejoso Eduardo Villa Esparza, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador "A", adscrita al área de atención y determinación inmediata en Zacatecas, de la Procuraduría General de la República: Dejara insubsistente la resolución veintitrés de enero de la presente anualidad emitida dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/ZAC/0000301/2016. Emitiera otra en la que, de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, resolviera sobre el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa en cita; tomando en cuenta que, en su caso, la procedencia de dicha figura presupone el estudio exhaustivo y expreso de la indagatoria natural a efecto de que, en su caso, se determinara expresamente por qué: (i) las declaraciones dadas por los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social no son falsas; (ii) las copias de los documentos cuya falsedad se controvierte eran auténticos; En particular, expusiera las razones y fundamentos que fueran sustento de cada una de las consideraciones que determinen el sentido de la resolución (foja 138, reverso). De lo anterior destaca que los efectos de la concesión de amparo se concretan en que la agente responsable dejara insubsistente la resolución de no ejercicio de la acción penal y, en su lugar, emitiera otra en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera lo conducente de manera fundada y motivada, siguiendo los lineamientos particulares precisados. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable emitió el acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 430 a 464), mediante el cual, en esencia, dejó insubsistente el acuerdo reclamado (foja 385) y determinó el no ejercicio de la acción penal en relación con los delitos de falsedad de declaraciones y falsificación de documentos y ordenó la separación de autos con la finalidad de abrir otra carpeta de investigación en donde se investigaran los hechos relacionados con el delito de robo de documentos, ilícito previsto y sancionado por los artículos 367 y 371 del Código Penal Federal (foja 463). Lo anterior, en esencia, porque: a) En relación con el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta de la judicial, se encontraban acreditados los dos primeros elementos, relativos a la existencia de las declaraciones y que éstas fueron realizadas ante el Ministerio Público de la Federación y una junta de conciliación y arbitraje. No obstante, el tercer elemento, consistente en faltar a la verdad no estaba acreditado, ya que de lo manifestado por los médicos Juana Imelda Gómez Lara y Carlos César Rodríguez Manzanarez, ante la autoridad ministerial y la junta de conciliación, no se advierte contradicción ni falsedad (fojas 453 a 454). a.1) Esto, porque en relación con la médico citada, sus declaraciones fueron coincidentes en el sentido de que no estaba en sus funciones otorgar atención médica quirúrgica, sino que éstas eran de índole administrativa y que, por ende, no atendió al quejoso (foja 448). a.2) Así no estaba acreditado que dicha persona se había conducido con falsedad, como afirmó el denunciante, en el sentido de que éste adujo que no estaba en las funciones de tal médico solicitar estudios médicos; lo cual quedó desvirtuado, dado que se declaró que no se tenía esa facultad ni se había atendido al paciente, sino que solo se revisaban y autorizaban los dictámenes médicos para el otorgamiento de pensiones por riesgos de trabajo (foja 453). a.3) Circunstancias que se corroboraban con lo manifestado por el doctor Carlos César Rodríguez Manzanarez quien manifestó que el denunciante había sido diagnosticado con un porcentaje de disminución del ciento setenta por ciento y no con una pensión de ese porcentaje, ya que sobre esta prestación no podía excederse el cien por ciento que marca la Ley Federal del Trabajo (foja 453). a.4) Dicho médico manifestó que los formatos involucrados eran copias auténticas y que cumplían con los requisitos de llenado, aunque contenían un error administrativo en relación con la Unidad Médica Familiar, lo que no afectaba el proceso de calificación (foja 453). a.5) Marcos Adrián Seoane Vela fue coincidente con las declaraciones anteriores (foja 454). a.6) Por tanto, los testimonios anteriores eran concordantes en manifestar que en ningún momento Juana Imelda Gómez faltó a la verdad y menos que falsificó documento alguno, en términos de los artículos 213, fracción III, 212 al 214, 261 al 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 455). b) En relación con la autenticidad de los documentos controvertidos, con la declaración de Carlos César Rodríguez se demostraba que los formatos respectivos eran copias que provenían de su original, pues adujo que los formatos eran llenados a máquina y copia al carbón, asimismo, manifestó que al quejoso se le otorgó el máximo beneficio que contempla la Ley del Seguro Social (incapacidad permanente total) -foja 457-. b.1) Asimismo, obraba el dictamen pericial en la especialidad de documentos cuestionados 1534/2016 de seis de octubre de dos mil dieciséis, en el cual determinó: ".que las copias de los documentos mencionados del expediente del IMSS y los documentos anexos al expediente son auténticos en cuanto formato, contenido, fechas, nombres, firmas, impresiones de sello, recuadros, rubros, textos anexos a mano y máquina de escribir, así como la ubicación y dimensión de todos los anteriores, por lo que deduzco que tanto los documentos de la carpeta de investigación como los del expediente del IMSS provienen de los mismos originales" [sic]. b.2) De lo anterior se desprendía que únicamente los formatos se encontraban mal requisitados, asimismo, que tanto las copias proporcionadas por el denunciante, como las que obraban en el expediente clínico del Instituto Mexicano del Seguro Social eran idénticas, por lo que no se acreditaba la conducta de falsificación de documentos (foja 460). b.3) Aunado a lo manifestado por el apoderado legal del IMSS, en el sentido de que los documentos originales en comento no fueron encontrados en el expediente respectivo, al solo existir las copias que fueron remitidas por la representación social, sin variar ninguno de los documentos en sus contenidos (foja 461). b.4) Como apoyo de lo anterior, se citó la tesis de rubro: "FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. EL HECHO DEQUE EL INCULPADO CAMBIE ALGUNA CIRCUNSTANCIA O PUNTO SUSTANCIAL DE UN EXPEDIENTE CLÍNIMO DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA HOSPITALARIA, YA SEA PORQUE LO HAYA AÑADIDO, ENMEDADO O BORRADO, EN TODO O EN PARTE, NO ACTUALIZA DICHO DELITO". De lo expuesto se sigue que en el acuerdo remitido la autoridad responsable consideró, en lo conducente, que: I. No existía falsedad de declaraciones, porque, en esencia, en las declaraciones que obraban en la indagatoria no existía contradicción y, por el contrario, eran coincidentes. II. De la declaración de Carlos César Rodríguez y del peritaje rendido en la carpeta de investigación, así como del informe del apoderado del IMSS, se desprendía que en los formatos controvertidos de falsos únicamente había existido un error en su llenado, pero eran copias auténticas. Lo anterior, sobre la base de que coincidían con las copias que obraban en el expediente clínico respectivo. Por tanto, se advierte que, a juicio de la agente responsable, no se acredita el ilícito en comento, porque existe correspondencia con los documentos que obran en el expediente clínico involucrado, al ser idénticos y que, por ende, lo asentado era auténtico. Respecto de lo anterior se citaron los preceptos legales y criterios jurisprudenciales que se estimaron aplicables y se destacó el contenido de las declaraciones, dictamen e informe analizado. Luego, el acuerdo en análisis contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer la razón toral de las decisiones tomadas y su fundamento, pues, en esencia, el quejoso conoce que la autoridad ministerial determinó que la coincidencia de las declaraciones analizadas implicaba que no existía la falsedad pretendida y que, en todo caso, los documentos impugnados se encontraban mal requisitados pero no eran falsos, al constar que eran idénticos con los que obraban en el expediente clínico que les dio origen; lo que le otorga la posibilidad de controvertir, en su caso, materialmente tales consideraciones. Asimismo, en relación con el delito de robo de documentos, se ordenó la separación de la investigación (foja 463); lo que implica que tal ilícito será materia de una diversa indagatoria y, por ende, de una determinación ajena a la materia del presente cumplimiento. Esto, tomando en cuenta que en el acto reclamado no se emitió determinación alguna sobre la acreditación de tales hechos. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector de manera fundada y motivada. Sin que sea obstáculo para lo anterior las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido de que sí existe contradicción en las declaraciones de Juana Imelda Gómez Lara y que Carlos César Rodríguez Manzanares no estuvo de acuerdo en el actuar de la inculpada citada; porque se dirigen a desvirtuar materialmente lo considerado por la autoridad responsable, es decir, el fondo del sentido en que resolvió, siendo que sobre dicho aspecto se concedió libertad de jurisdicción, por lo que no puede formar parte de la materia del análisis del presente cumplimiento. Por tanto, basta que, con independencia del sentido y de la corrección material, se expresen las razones y motivos que determinaron la decisión para que se subsane el vicio formal por el cual se concedió el amparo, a efecto de tener cumplido el fallo concesorio; lo que, como se destacó, aconteció en la especie. Es decir, los aspectos alegados al ser relativos al fondo del acto reclamado resultan ajenos a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo que, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. De igual forma, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza.- DOY FE. Jessy*
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