EDUARDO VICENTE LUJAN MENDOZA y Otros.
Expediente 815/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- EDUARDO VICENTE LUJAN MENDOZA y Otros.
- Eduardo Vicente Lujan Mendoza
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual acusa recibo de los oficios que refiere, de lo que se toma conocimiento. Respecto a la aclaración que indica no se hace mayor pronunciamiento, pues el asunto se sobreseyó fuera de audiencia y dicha determinación quedó firme. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite dos cuadernos relativos al incidente de suspensión, los cuales ya fueron resueltos; en ese sentido, se ordena realizar el cambio de carátulas correspondientes. Acúsese recibo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA QUEDADO FIRME. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, es destruible, pues se negó la medida cautelar. Como lo lo dispone el artículo 19 del ordenamiento mencionado, se hace la observación de que el duplicado del incidente de suspensión es destruible dentro del plazo de seis meses, pues es un cuaderno de antecedentes. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, al que se acompaña el amparo indirecto 653/2023 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; pues declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho y en representación de la niña de iniciales ...., contra actos de la Jueza Décimo Primera Familiar de la Ciudad de México y otras autoridades por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4 y 22 Constitucionales, al efecto se acuerda: Este órgano se avoca al conocimiento del asunto, en la etapa procesal en que se encuentra -pues de las piezas de autos se aprecia que ya fue admitido por la homóloga federal; hágase el cambio de carátulas y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 815/2023. Tramítese observando el ordinal 3° de la Ley de Amparo. Se tienen por convalidadas las actuaciones emitidas por la Jueza federal y al efecto se provee: I. Radicación del juicio. Se ordena hacer del conocimiento a las partes a fin de que tengan conocimiento que el suscrito se avocó al conocimiento del asunto. II. Intervención al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. III. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. De las constancias se aprecia ya fue requerido el informe justificado, y fue rendido por diversas autoridades responsables, por lo que no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento. Así mismo, se advierte que la Dirección Ejecutiva de orientación Ciudadana y Derecho Humanos del Tribunal Superior de Justicia y Asistente de Menores Designada por la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos de la Ciudad de México, han sido omisas en rendir su informe justificado, los cual será considerado en esta determinación. IV. Incidente de Suspensión. De autos se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza oficiante, dio trámite a la medida cautelar y ordenó formar el cuaderno incidental, por tanto, se le solicita que de no tener inconveniente, remita el cuaderno respectivo. V. De los terceros interesados. Del auto admisorio se observa que con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció como parte tercera interesada a .... Dado que su emplazamiento ya se efectuó, únicamente se deberá notificar la radicación del presente juicio. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. Autorización electrónica. Tomando en consideración que la homóloga federal, otorgó a los usuarios "..", "..." (proporcionados por el accionante), "..." (correspondiente a la tercera interesada), "..." y "..." (del representante especial); permisos para consultar el expediente a través de la vía electrónica, así como la práctica de notificaciones electrónicas, se convalida dicha habilitación de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la notificación del presente proveído a las partes será por ese medio. VIII. Decisión del asunto. El artículo 62 de la ley de la materia prevé que las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. Ahora, la demanda es improcedente por no agotarse el principio de definitividad previsto en el dispositivo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia, que establece dicha figura cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado no se actualizan, pues se observa que el quejoso es parte en el proceso de origen. Por ello se concluye que previo a la instauración del juicio, debió agotarse el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 701, 702, 950 y 951 todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Lo anterior es así, puesto que de acuerdo a dichos numerales, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz para examinar las actuaciones que definan aspectos sobre relaciones familiares. Tiene sustento la tesis 1a. XLV/2016 (10a.), de registro 2010956, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 665, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Civil que dice: "APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- El precepto citado establece que las apelaciones a que se refiere el Título Decimosexto: "De las controversias del orden familiar", en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, "salvo disposición expresa en contrario". Dicha salvedad está comprendida en el subsecuente artículo 951, de cuya literalidad se desprende que el legislador previó que en controversias del orden familiar, las apelaciones sean en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos previstos en el artículo 700 del mismo código civil adjetivo, sin que exista otra remisión en el título especial al que pertenecen esas disposiciones. En este contexto normativo, de una interpretación sistemática y el criterio de especialidad de la materia familiar en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esta Primera Sala advierte que el artículo 950 prevé un parámetro exacto de procedencia del recurso de apelación, especificando la regla general y la operatividad de su excepción. En consecuencia, debe concluirse que no hay sintácticamente ambigüedad ni imprecisión en el enunciado normativo y la norma encuentra armonía y coherencia en el sistema especial de apelaciones previsto para las controversias del orden familiar, por lo que se estima que el referido artículo 950 no es violatorio del principio de seguridad jurídica contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por esta razón, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y por ende, las personas que pretendan promover demanda constitucional están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Al respecto, se cita la jurisprudencia PC.I.C. J/2 C (11a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época; Materias(s): Común, Civil, que dice: "RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones diferentes al analizar si cuando se reclama en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor es necesario agotar, previamente, el recurso de apelación, o si se actualiza una excepción al principio de definitividad a partir de la no idoneidad y eficacia de ese medio ordinario de defensa, pues mientras uno consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio, en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es un recurso ordinario idóneo y eficaz, ya que admite la suspensión del acto recurrido; razón por la cual, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualiza una excepción al principio de definitividad y, por ende, las personas que pretendan promover el juicio de amparo están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Justificación: La Primera Sala, al fallar la contradicción de tesis 139/2013, resolvió que en los casos en que esté involucrado un menor de edad, la regla de definitividad encuentra una excepción si el recurso ordinario no admite la suspensión del acto, ya que ello torna que el recurso no sea idóneo ni eficaz. Luego, contra la determinación que decreta un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo; sin embargo, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé la posibilidad de que contra los autos y las interlocutorias de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la apelación se admitirá en ambos efectos, siempre que el apelante así lo solicite al interponer el recurso, señale los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación y, finalmente, la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. De esa forma, las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones que decreten de forma provisional un régimen de visitas y convivencias son susceptibles de colmar dichos requisitos y, en consecuencia, de tramitarse de forma inmediata en ambos efectos. Ello, dado que, en las controversias del orden familiar, las apelaciones son de tramitación inmediata en efecto devolutivo por mandato del artículo 950 del código mencionado, por lo que bastará que la parte inconforme solicite que la apelación sea tramitada en ambos efectos para que el medio de defensa se tramite en efecto suspensivo, por así permitirlo el artículo 696 citado. Lo anterior es así ya que, por cuanto hace a que se señalen los motivos por los que se considera que el daño es irreparable o de compleja reparación, éste es susceptible de colmarse porque bastará con que el apelante formule un ejercicio mínimo de argumentación por el cual demuestre que el acto recurrido causa afectaciones graves en su esfera jurídica y, aun cuando no lo hiciera, se estima que dicha omisión quedaría subsanada, ya que al tratarse de una controversia del orden familiar procede aplicar la suplencia de la queja en términos del artículo 941 del código procesal citado, por lo que aun cuando el apelante no expresara los argumentos de referencia, el juzgador estaría obligado a suplirlos en atención a la naturaleza del juicio, sin que en este tipo de controversias el juzgador pueda exigir al apelante que exhiba la garantía a que hace referencia el artículo 696 de la legislación procesal, ya que ésta sólo es exigible en contiendas judiciales de orden económico cuya resolución, eventualmente, pudiera causar afectaciones patrimoniales y no así en controversias del orden familiar, ya que en éstas sólo se deducen derechos de orden público e interés social. Consecuentemente, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, es un recurso idóneo y eficaz para los justiciables, ya que admite la suspensión del acto recurrido y, por ello, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala." Además, este recurso debe agotarse aún considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ahora bien, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Federal, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El juicio es improcedente, por actualizarse el supuesto de litispendencia que contempla el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Como se advierte de la certificación de cuenta, en este Juzgado de Distrito se admitió a trámite el juicio de amparo ..., promovida por la niña de iniciales ... (identidad protegida) contra actos del Juez Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad, donde se reclamó la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Así, ante la identidad de la parte quejosa, autoridad responsable y acto reclamado entre el presente y el diverso juicio 478/2023, es dable afirmar que se actualiza la causal de improcedencia por litispendencia. Es aplicable la tesis: I.11o.C.31 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 3029 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época, con número de registro 2019187, que dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales circunstancias, esta determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa frente a los actos de autoridad que reclama, puesto que ya son materia de análisis en el diverso juicio biinstancial ...; además, como lo expone el criterio invocado, en caso de declararse la inconstitucionalidad de los mismos, se le restituirá el goce de sus derechos humanos que consideró violados; y en el supuesto que la resolución tenga un sentido contrario, tiene a su alcance los recursos legales previstos en la Ley de Amparo, para impugnarla. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, respecto de la infanta relacionada. No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que diversas autoridades responsables no hayan rendido su informe justificado, pues en su calidad de ejecutoras, su actuar está condicionado a lo que decrete la ordenadora, y en todo caso, no se analizarán los vicios propios que pudiera contener la ejecución del acto reclamado. Tiene sustento el criterio I.3o.C.85 K, de registro: 167703, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO SOLICITARLO." Máxime, no cambiaría el sentido de la presente determinación la manifestación de aceptación o negativa de existencia del acto reclamado por parte de las autoridades ejecutoras, y contrario a ello, el requerir los informes justificados y dar vista con ellos, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia ciento cuatro, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997e, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época cuyo, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES.- La circunstancia de que en autos no exista constancia de que se haya dado vista a las partes con el informe justificado, de ninguna manera implica una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, si la autoridad responsable lo rindió antes de la celebración de la audiencia de ley, y si las partes tuvieron oportunidad de solicitar se difiriera o suspendiera dicha audiencia para conocer los términos del informe y en su caso impugnarlo, habida cuenta de que promovieron después de haber sido rendido." Por lo anterior, resulta innecesaria fijar una fecha para la celebración de audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA.
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