EDUARDO VICENTE LUJAN MENDOZA y Otros.
Expediente 1026/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- EDUARDO VICENTE LUJAN MENDOZA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: Vista la demanda que promueve ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1026/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia2 , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el toca ... por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el que inadmite la excepción de incompetencia por declinatoria, promovida en el incidente de regulación de consecuencias inherentes a la disolución del divorcio derivado del expediente .../2020 del índice del Juez Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México. III. El juicio de amparo es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]." El último numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado, las partes vinculadas y el estado procesal del juicio de origen, no se actualizan, pues de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa3 , se advierte que es parte demandada en el juicio del que deriva el incidente de origen. Por lo que, se concluye que la parte accionante de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de reposición contemplado en los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que disponen: "Articulo 686. De los decretos y autos del Tribunal Superior, aun aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición que se substancia en la misma forma que la revocación. Artículo 687.- La reposición debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, dándose vista a la contraria por el término de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, y se resolverá dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del auto que cita para sentencia." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 76/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004580, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." Como se aprecia, el recurso de reposición resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el auto emitido por la Sala, en el que inadmite la excepción de incompetencia por declinatoria, pues con él se obtiene su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Resulta aplicable, por analogía, la tesis I.7º.C.70 C, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de junio de 2006, página 1214, en materia civil, cuyo rubro y texto es: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN SEGUNDA INSTANCIA DESECHA LA APELACIÓN PREVIAMENTE ADMITIDA POR EL MAGISTRADO SEMANERO. De conformidad con la fracción III del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los autos definitivos son decisiones que impiden la prosecución del juicio, es decir, la definitividad a que se refiere dicho precepto depende del efecto paralizante que por su contenido tenga la decisión en el proceso y no de la forma en que la determinación se haya emitido. En esas condiciones, la resolución por la que el tribunal de alzada decide desechar un recurso de apelación que previamente había admitido el Magistrado semanero no puede considerarse una sentencia, porque no está resolviendo el juicio en lo principal, tampoco es un auto que pone fin al juicio y no está decidiendo un incidente, sino que se trata de un auto definitivo, en términos de la citada fracción III del artículo 79 del código adjetivo civil, puesto que impide la prosecución de la apelación y, por ende, del proceso impugnativo. Así, de acuerdo con el artículo 686 del ordenamiento en cita, según el cual, de todos los decretos y autos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia fueran apelables, puede pedirse reposición, resulta que una resolución con las características descritas, es susceptible de impugnarse a través del recurso de reposición, en virtud de que finalmente se trata de un auto definitivo, por su efecto paralizante en el juicio. Esta consideración encuentra apoyo, incluso, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 45/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.", porque el segundo párrafo del artículo 1334 del Código de Comercio, que analiza dicha jurisprudencia, es de contenido idéntico al artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en su artículo 61, fracción XVIII. Al efecto, se cita la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además, en el supuesto no concedido que el acto reclamado pudiera calificarse como de imposible reparación, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con número de registro 2017117, de la Décima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."; explica que aun tratándose de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, prevalece el principio de definitividad. De ahí que, en el caso, el peticionario debe agotar el recurso de reposición. No obsta a lo anterior, que el impetrante venga en representación de una infante, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de la niñez, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga viable lo improcedente; pues sostener esta afirmación, implicaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Al efecto se invoca por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 173440, cuyo rubro y texto es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Cabe destacar que en similares condiciones se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 3/2018, donde determinó: "[.] En ese contexto, y conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, específicamente los Títulos Decimosegundo y Decimosexto que contienen respectivamente, las reglas para los recursos y para las controversias del orden familiar tenemos que contra las resoluciones que se dicten en las controversias del orden familiar en relación con la custodia provisional, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; recurso que también podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. [.] En este tenor, si la resolución impugnada está determinada la situación de guarda y custodia de una menor de edad, pero contra esa determinación procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata, que conforme a lo dispuesto por el artículo 696 puede suspenderse si así lo solicita la apelante; entonces es inconcuso que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previsto en la jurisprudencia invocada por la quejosa, puesto que para ello es forzoso que el recurso no admita la suspensión del acto reclamado. [.] Asimismo, el hecho de que el acto reclamado esté resolviendo sobre la situación de una menor de edad, respecto de la cual debe prevalecer su interés, ello tampoco constituye un caso de excepción a la regla contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha disposición es clara al establecer que contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hayan agotado los recursos previstos en la ley ordinaria, sin que establezca que la participación de un menor de edad constituya un caso de excepción. [.] Por lo tanto, la figura del interés superior del menor, es insuficiente para estimar que no se actualiza la obligación de agotar los recursos que la ley ordinaria prevé; pues lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja, pues al respecto cabe señalar que si bien es cierto que la misma opera invariablemente cuando está de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo; esta suplencia exclusivamente tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive a un menor de edad de los derechos que le asisten, pero de ninguna manera llega al extremo de permitir que se dejen de observar las reglas ya establecidas para cada procedimiento específico; ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, declarándose procedente lo improcedente y viceversa, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan [.]." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ... contra actos de la Quinta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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