Eduardo Velázquez Luciano

Expediente 925/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
925/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Velázquez Luciano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó la negativa del amparo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo en este asunto, y el incidente de suspensión de igual manera es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 925/2020-I; promovido por Eduardo Velázquez Luciano por propio derecho. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis noviembre de dos mil veinte en la Oficialía de Partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, Eduardo Velázquez Luciano, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que se precisarán más adelante en el considerando segundo. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo que se registró con el número 925/2020-I, dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, dio vista a las partes con el informe justificado que rindió la autoridad responsable, y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se llevó a cabo dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. DEFINICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa y, en ese tenor, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama:  Agente del Ministerio Público en Cuautitlán, Estado de México, encargado de la Mesa Única de Trámite de Carpetas de Investigación: El acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que se impuso al quejoso un arresto de treinta y seis horas.  Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México. La ejecución de dicho arresto TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público en Cuautitlán, Estado de México, encargado de la Mesa Única de Trámite de Carpetas de Investigación y el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tepotzotlán, ambos del Estado de México, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. No habiendo alguna causa de improcedencia propuesta por las partes ni alguna que de oficio deba examinarse en ese sentido se procede al análisis de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario realizar una relatoría de los antecedentes del acto combatido. 1. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, José Ricardo Morales Payán, presentó denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, en la que expuso que contrató los servicios del aquí quejoso, quien presentó una demanda de divorcio incausado sin firma ni consentimiento ante el Juzgado Primero Familiar de Cuautitlán, Estado de México, de la que se tuvo que desistir al no haberla suscrito. 2. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó cabo una diligencia en la que el Ministerio Público en Cuautitlán Estado de México, hizo constar que se llevaron pláticas conciliatorias entre las partes, quienes no llegaron a ningún acuerdo satisfactorio, por lo que estando presente el aquí quejoso, asistido de su abogada, se le requirió para que el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se presentara ante dicha autoridad a dar su entrevista por escrito, apercibido que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio un arresto por treinta y seis horas, en términos del artículo 104, fracción I, inciso d), del Código Nacional de Procedimientos Penales1 . 3. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso y se le impuso como medida de apremio un arresto de treinta y seis horas. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, ni ello abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. Estima el quejoso que el acto reclamado se le debió notificar y la autoridad tenía que cerciorarse que el destinatario de la acusación tuviera pleno conocimiento de la misma, a efecto de que pudiera defenderse. No obstante, el quejoso afirma que no sabe de la acusación que hay en su contra, y que de manera ilegal se le giró una orden de detención (arresto) con lo que le afecta su derecho a la libertad, toda vez que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, sin que se le haya hecho saber quién lo acusa y el derecho que tiene de defenderse, así como a ser representado por un abogado particular. Asimismo, aduce el peticionario de amparo que acto reclamado le causa perjuicio toda vez que fue ilegal la orden de arresto girada en su contra, ya que no fue oído y vencido en juicio. Los motivos de disenso resultan infundados en razón de lo siguiente. El artículo 14 Constitucional, contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) La de irretroactividad de la ley; 2) La de audiencia; 3) La de legalidad en materia penal, y 4) La de legalidad en el campo civil. En el presente caso se afirma que no se otorgó el derecho fundamental de audiencia al solicitante de amparo, además de que se ordenó ejecutar indebidamente el arresto reclamado. Al respecto, el derecho fundamental de audiencia se otorga frente a actos de autoridad, unilaterales, imperativos y coercibles; sin embargo, la peculiaridad específica que se debe presentar, consiste en que ese acto tenga como fin primordial privar definitivamente a las personas de derechos o posesiones, pues sólo será así cuando sea exigible la satisfacción del derecho humano de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional. Corolario a lo anterior, debe decirse que el artículo 14 constitucional prohíbe que en los actos privativos no se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que haya un proceso; 2) Que se siga ante un tribunal ya existente; 3) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento (entre ellas la audiencia previa); 4) Que se apliquen leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora, para el caso de que una autoridad pretenda sin observar las formalidades numeradas previamente, llevar a cabo en contra de quien se siente agraviado un acto privativo, es decir, que consista en un menoscabo en su esfera jurídica o en un impedimento para el ejercicio de algún derecho, es claro que contraviene el derecho en estudio. Expuesto lo anterior, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde a la institución del Ministerio Público, en ejercicio de la facultad investigadora de delitos, el practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del delito y la responsabilidad del imputado. De ese modo, en principio, el agente del Ministerio Público tiene la atribución de investigar y practicar cuanta diligencia sea indispensable para determinar si la conducta puesta en su conocimiento configura alguna figura típica y, en su caso, determinar sobre el ejercicio de la pretensión punitiva. En ese sentido, la citación al presunto participe o imputado como forma de allegarse de la verdad de los hechos ocurridos, forma parte de una de sus múltiples atribuciones. En el caso concreto, el agente del Ministerio Público responsable actuando en la carpeta de investigación llevó a cabo una diligencia el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve en la que se hizo constar que tanto el aquí impetrante y la víctima sostuvieron platicas conciliatorias y derivado de que no llegaron a algún arreglo fue que se citó al quejoso de manera personal en ese momento para que se presentara a rendir su entrevista en una fecha posterior, de ahí que sí se le dio el derecho de audiencia. Asimismo, debe destacarse que desde la fecha en que el quejoso se presentó a las pláticas conciliatorias lo hizo asistido de una abogada, y si bien en un sentido formal no se encuentra señalado quién lo acusaba y el derecho que tenía de defenderse, así como a ser representado por un abogado particular, lo cierto es que no era la etapa procesal para ello (se encontraban en pláticas conciliatorias), ya que era necesario que se presentara a realizar su entrevista para que se le hicieran saber sus derechos como imputado en términos del artículo 113, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales2 . Por otro lado, el quejoso considera que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, toda vez que el acto combatido no está fundado ni motivado. Es infundado lo alegado. En principio, conviene precisar que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación exigidos en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que en lo conducente dice: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". En ese contexto, se debe destacar que por cuanto hace a la fundamentación, es decir, la cita de los preceptos en los que se sustenta el acto, el ministerio público responsable señaló el precepto 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales del que se aprecia que puede imponer entre otras la medida de apremio consistente en el arresto de treinta y seis horas. Respecto de la motivación, consistente en que las autoridades al emitir sus actos, deben expresar las razones en particular que hayan tenido para actuar de tal o cual manera, que les sirva como apoyo para tal efecto, el ministerio público responsable destacó que la parte quejosa no acudió a rendir su entrevista en la fecha señalada, tal y como estaba ordenado en la capeta de investigación, por lo que como medida de apremio a la conducta omisiva se hizo efectivo el apercibimiento de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, consistente en un arresto de treinta y seis horas. Expuesto lo anterior, se advierte que la responsable dio cumplimiento con fundar y motivar de manera suficiente su actuar al imponer la medida de apremio consistente en el arresto reclamado. Aunado a que este juzgador, atendiendo al artículo 79 de la Ley de Amparo, no advierte alguna causa por la que opere la suplencia de la queja a favor del peticionario de amparo. Por otra parte, el quejoso pretende que se apliquen los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Unión de rubro: "CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO", "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DEL" y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", lo que no resulta procedente toda vez que ni siquiera precisó qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 123/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 859, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Así como la tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, página 3229, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD". Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, ya que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del arresto impuesto. Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve que no se emplazó a la parte tercera interesada; sin embargo, dada la negativa del amparo no se le irrogará perjuicio alguno. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo expuesto se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021 y SECNO/8/2021, SECNO/9/2021. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas las documentales que exhibe, sin perjuicio de hacer nueva relación de estas al celebrar la audiencia constitucional.

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