Eduardo Vega Gazpar

Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
790/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Vega Gazpar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se provee: atenta la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la audiencia incidental de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral 00055/2022; glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintidós de noviembre actual, se emitió la sentencia correspondiente en este sumario. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las doce horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 790/2022- II, promovido por Eduardo Vega Gazpar, por su propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, secretaria que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito inicial de demanda; auto de veintiuno de veinticinco de agosto del año que transcurre, que admitió la demanda, constancias de notificación a las partes; informe justificado rendido por la autoridad responsable, proveído que lo tuvo por recibido, oficios y anexos que remitió la Junta responsable, en atención al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, acuerdos que los tuvieron por recepcionados, autos a través de los cuales se difirió la audiencia constitucional. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede; y por rendido el informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de pruebas: La Secretaria da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su demanda y con las que allegó la autoridad responsable a su informe justificado, así como las diversas que remitió en atención al requerimiento formulado por este juzgado, por tanto, se cierra el presente periodo. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, a las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: La Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado responsable, no formuló intervención ministerial. Acto seguido, la Jueza acuerda: con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; con lo anterior se cierra este periodo. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 790/2022-II promovido por Eduardo Vega Gazpar, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, turnado en el mismo día a la Oficina de Correspondencia Común de los citados juzgados y remitido en esa misma fecha, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Eduardo Vega Gazpar, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y los actos reclamados que se transcriben a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- LA H. SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ACAPULCO, GUERRERO. De la autoridad ordenadora, reclamo el acuerdo dictado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el juicio que entablé en contra de José Alfonso Álvarez Uribe, y otros, radicado con el número 55/2022 . De la autoridad ejecutora, reclamo, la abstención de realizar las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio que entablé en contra de ******, y otros radicado con el número 55/2022." SEGUNDO. Trámite del Juicio. Mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 790/2022-II; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el sumario, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO . Competencia . Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del análisis al escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama: a).- El auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 55/2022, por el que se señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la especie, el treinta de noviembre del año citado. b).- La abstención de realizar las medidas necesarias para que desahogue la citada diligencia. CUARTO Existencia de actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS . TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esta tesitura, la autoridad responsable Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron; sin embargo, realizó manifestaciones de las cuales se advierte la certeza de los mismos. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente 0055/2022, de su índice, promovido por Eduardo Vega Gaspar (sic), en contra de Alfonso Álvarez Uribe y otros, en el que obra el acuerdo reclamado y la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, de manera oficiosa, se observa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Texto del que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar su constitucionalidad, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, nunca hubiese existido, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Puede afirmarse que han cesado los efectos de esos actos reclamados, cuando éstos se suspenden o acaban, es decir, cuando las autoridades de quienes emanan los actos, dejan de hacerlo, dicho en otras palabras, cuando los revoca o deroga, dejándolos insubsistentes, lo cual constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, ya que ha dejado de existir el acto mismo, pues ya no sigue surtiendo efectos, esto es, dejó de tener vida jurídica, imposibilitando con ello arribar al estudio de su constitucionalidad para determinar si existieron derechos fundamentales vulnerados. Sirve de apoyo a lo anterior el contenido de la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO . ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, las constancias que obran en autos, demuestran que el seis de septiembre de dos mil veintidós, data posterior al veinticuatro de agosto del año que transcurre, en que se presentó la demanda, la Junta responsable señaló las diez horas con treinta minutos del seis de octubre del mismo año, para que tuviera verificativo la citada diligencia, de lo cual se hizo del conocimiento a las partes, por tanto, se deduce que se tomaron las medidas necesarias para que se llevara a cabo. Preciso es destacar que del acta de audiencia de seis de octubre de dos mil veintidós, se desprende que se verificó la aludida diligencia, y que a petición de la demandada, fue suspendida para continuarse el veintiuno de octubre siguiente, empero, como la apoderada de la parte demanda planteó incidente de falta de personalidad, se suspendió en esa data, el juicio en lo principal para dar apertura al incidente. De lo expuesto se desprende que se configura la causal de improcedencia invocada, pues cesó el reclamó de la parte quejosa consistente en que la responsable señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y que no tomó las medidas necesarias para su verificativo, según se demostró con la narrativa anterior. De ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." En ese sentido, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. La conclusión que antecede, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página 1947. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eduardo Vega Gazpar, por su propio derecho, por los motivos que quedaron expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con residencia en esta ciudad, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de veinticuatro octubre del año en curso, y al efecto remite copia certificada de diversas actuaciones practicadas en el juicio laboral 55/2022; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En términos del numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la autoridad citada, las documentales que exhibe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en la etapa procesal respectiva. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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