Eduardo Valentin Segura Castillo

Expediente 1356/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1356/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Valentin Segura Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta relativa al auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada no desahogó dicha oportunidad procesal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Bajo esa tesitura, si el amparo fue concedido a la parte actora a efecto de que la Junta responsable llevara a cabo el desahogo de las pruebas que se encontraban pendientes, lo cierto es que el mismo ha dejado de ser jurídicamente posible, toda vez que la parte actora, aquí quejosa, manifestó ante la autoridad su voluntad para desistirse de la acción ejercida ante la misma. Ante las circunstancias narradas, se concluye la imposibilidad jurídica de tener por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, toda vez que aconteció un cambio de situación jurídica del juicio de origen, ya que se actualizó un obstáculo para su continuación. Por tanto, la autoridad se encuentra imposibilitada en dar cumplimiento a la protección constitucional concedida al peticionario de amparo, ya que no tendría sentido práctico requerirle su cumplimiento En esa tesitura, se declara que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento al fallo constitucional. En consecuencia, una vez que transcurra el término previsto en el numeral 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad y sin mediar mayor acuerdo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente expediente PRINCIPAL, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, de que no es de RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiendo conservar el citado expedientes, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuente, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno PRINCIPAL, transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Por otro parte, se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes. También se hace constar que NO existe anexo alguno pendiente de devolución, toda vez que la autoridad responsable no exhibió documentales voluminosas que ameritaran la formación de anexos. Asimismo, una vez que se remita el presente expediente al archivo, la Secretaria (o) deberá hacer constar que el expediente físico, coincide con el expediente electrónico en su totalidad.

  2. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante la cual asentó su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, en virtud de las razones expuestas en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el referido acuerdo, y aún los subsecuentes, por medio de lista que se fije en las instalaciones de esta sede constitucional. Por último, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "AGREGA RAZÓN ACTUARIAL, SE ORDENAN NOTIFICACIONES POR LISTA".

  3. Principal

    PERSONAL POR LISTA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE OBRA EN AUTOS.- Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponde el oficio signado por mediante el cual informa con copia certificada del auto dictado el once de marzo del año en curso, en la cual se levantó comparecencia a la parte actora en el juicio laboral 1113/2019 de su índice, mismo que se le tuvo por desistiéndose de la acción, demanda y prestaciones reclamadas en dicha contienda, ordenando el archivo del mencionado expediente como asunto totalmente concluído. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que en caso de no hacerlo, este Juzgador Federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: VISTA TRES DÍAS PARA CUMPLIMIENTO.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En esas condiciones, se procede a proveer lo siguiente:se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a pesar de existir requerimientos previamente formulados y notificados de conformidad a la ley de la materia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere NUEVAMENTE a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que, en un término no mayor a cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe el estado procesal que guarda el juicio laboral ***de su índice. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de TRESCIENTAS Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia.

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