Eduardo Valencia Castellanos

Expediente 1374/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 155 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1374/2013
Año
2013
Actuaciones
155
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil En Bucerías, Nayarit
  • Eduardo Valencia Castellanos
  • EDUARDO VALENCIA CASTELLANOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 155.

  1. Principal

    doce de septiembre de dos mil veintidós22266En doce de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con un oficio registrado bajo el número de folio 22266 y anexo. Conste. TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe comunicado. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, por las razones que expone solicita le sean remitido el pasaporte que en su oportunidad exhibió la parte quejosa en los presentes autos. Por tanto, agréguese a sus autos el comunicado y anexo que acompaña para que obre como corresponda en los autos del presente cuaderno de antecedentes. Envió de documento. Ahora bien, en atención a lo peticionado por la oficiante mediante oficio que para tal efecto se gire, remítase previa extracción de la caja de valores de este órgano jurisdiccional, el pasaporte original de la parte quejosa Eduardo Valencia Castellanos, para los efectos legales correspondientes, solicitándole acusar el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. Harfrey

  2. Principal

    ocho de julio de dos mil veintidós16147En ocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza, con el oficio registrado con el número de folio 16147. Conste. TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio enviado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a través del cual solicita le sea enviada la documentación que refiere con relación al juicio de amparo 1374/2013; al respecto infórmese que por proveído de seis del mes y año en curso, se ordenó remitir todas las pruebas documentales relacionadas con el juicio de amparo en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. María Teres

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de autos, se obtiene que el seis del mes actual, esta juzgadora federal, con base en el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Amparo, planteó la excusa para conocer del presente asunto, por los motivos ahí expuestos, para lo cual se ordenó remitir en su oportunidad los autos originales del juicio de amparo 1374/2013 del índice de este órgano jurisdiccional, en cuyo cual se acuerda, al tribunal de alzada en turno para que resuelva lo que en derecho proceda. Asimismo, se proveyó que quedara en suspenso el expediente de trato, hasta en tanto se determinara respecto de la excusa planteada. Sin embargo, se omitió dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, en obvio de mayores dilaciones, dado el estado procesal del expediente que nos ocupa, déjese sin efectos la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las once horas con catorce minutos del día de hoy, hasta en tanto, se reanude su trámite. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    seis de abril de dos mil veintidós6986 En seis de abril de dos mil veintidós, se da cuenta a la jueza con el libelo identificado con el número de folio 6986; asimismo, con el estado de autos. Conste. En Tepic, Nayarit, a seis de abril de dos mil veintidós. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito suscrito electrónicamente por el quejoso Eduardo Valencia Castellanos; en consecuencia, en atención a su contenido, de conformidad con el numeral 12 de la ley de la materia, se tiene como autorizada en términos restringidos a ELVA JUDITH MEDINA ULLOA, por así haberlo solicitado. Copias mediante el uso de medios electrónicos. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza obtener copias mediante el uso de medios electrónicos, para la reproducción de actuaciones que obren en el juicio en que se actúa, previa identificación y constancia que dejen en autos, sin que se haga extensivo a las documentos reservadas o confidenciales. Por otro lado, visto el estado actual que guardan los presentes autos, la suscrita Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, considero encontrarme impedida para seguir conociendo del presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Valencia Castellanos, por lo cual, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Amparo, planteo excusa en los siguientes términos. En efecto, considero encontrarme impedida para seguir conociendo del juicio 1374/2013 ya que estimo que se actualiza el motivo de impedimento previsto en la fracción la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.". De acuerdo con la fracción VIII del precepto transcrito, es motivo de impedimento cuando que juzgadores de amparo se encuentran ante una circunstancia que implique elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, distinta de las señaladas en las fracciones I al VII del mismo ordenamiento. Al respecto, el análisis de la causa de impedimento citada debe partir de la apreciación de los elementos objetivos de un caso concreto, para poder determinar que existe la posibilidad de que el juzgador corra riesgo de perder su imparcialidad, con independencia de la percepción del promovente. En esos términos, es necesario que se actualice al menos uno de los siguientes requisitos consistentes en que el juzgador: 1) Tenga una posición personal tomada en la controversia que le resulte inhabilitante. 2) Tenga preferencia o animadversión por alguna de las partes en el juicio. 3) Se encuentre involucrado en la controversia. Apoya lo anterior el criterio emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.C. J/36 K (10a.), consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, página 1920, que dice "IMPEDIMENTO. REQUISITOS PARA CALIFICAR DE LEGAL LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. En el análisis de la causa de impedimento para conocer del juicio de amparo prevista en el precepto citado, a la luz de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de imparcialidad judicial, para que a partir de la apreciación de los elementos objetivos de un caso concreto, el órgano jurisdiccional que califique un impedimento pueda determinar que existe la posibilidad de que el juzgador corra riesgo de perder su imparcialidad, con independencia de la percepción del promovente, es necesario que se actualice al menos uno de los siguientes requisitos consistentes en que el juzgador: 1) tenga una posición personal tomada en la controversia que le resulte inhabilitante; 2) tenga preferencia o animadversión por alguna de las partes en el juicio; o, 3) se encuentre involucrado en la controversia". Ahora bien, para evidenciar la existencia de elementos que impliquen pérdida de imparcialidad de mi parte, es oportuno mencionar que el quejoso Eduardo Valencia Castellanos, además del presente controvertido, tramitó otros los diversos juicios de amparo 1373/2013 y 65/2014. En el diverso juicio de amparo 1373/2013 se dictó sentencia el uno de junio de dos mil diecisiete, en la cual se sobreseyó respecto del acto reclamado por el quejoso, por falta de interés jurídico. Dicho fallo fue confirmado el por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán Sinaloa el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de revisión 746/2017. Respecto del diverso juicio de amparo 65/2014, se dictó sentencia el nueve de febrero de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó respecto del acto reclamado por el quejoso, por falta de interés jurídico. Ahora, en el presente juicio de amparo 1374/2013, por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, el aludido quejoso manifestó esencialmente que esta juzgadora: - Ha demorado injustificadamente más de 7 años en evacuarse la pericial de grafoscopía. - El retardo mencionado fue utilizado para sobreseer en el diverso expediente 65/2014, "de forma desapegada a estricto derecho", al considerar que 1 de 5 autoridades negaron el acto reclamado el acto reclamado; además, contraviniendo mis propias determinaciones, pues previamente se ordenó continuar el juicio respecto del quejoso, pero no respecto de Flamingos Acqua Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Enseguida, el quejoso hizo saber que -a su consideración- el actuar de esta juzgadora en los procedimientos descritos se encuentra contemplado en el Código Penal Federal como conductas punibles, por lo que me denunció con la finalidad de que me investiguen, procesen y, eventualmente, me impongan pena privativa de la libertad. Luego, el quejoso agregó que realizará todas acciones su alcance, para que me destituyan, inhabiliten y encarcelen, por favorecer ilegalmente a su contraparte, por supuestamente privarlo de sus derechos humanos, utilizando incorrectamente el encargo que ejerzo. Asimismo, el quejoso adjuntó la impresión fotográfica de la denuncia que presentó en mi contra el siete de marzo de dos mil veintiuno ante la Delegación en Nayarit de la Fiscalía General de la República. Ahora bien, en relación con las manifestaciones del quejoso, es oportuno destacar que inicié funciones como titular de este órgano judicial el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, de lo cual se dio vista a las partes el diecinueve de noviembre de ese mismo año. Luego, tomando en cuenta que el presente asunto dio inicio desde dos mil trece, es evidente que no se me puede imputar, en lo personal, la dilación en la tramitación del presente juicio ni la totalidad de las resoluciones que el quejoso reclama como adversas, en virtud de que recientemente tuve conocimiento del asunto. Aunado a esto, respecto a que las resoluciones judiciales dictadas por este órgano judicial que refiere el quejoso no le hayan resultado favorables, es oportuno destacar que esta juzgadora goza de total independencia judicial para determinar lo que en derecho corresponda, sin estar constreñida a resolver como las partes lo soliciten, sino sólo en el caso que existan razones fundadas para ello. En todo caso, el quejoso cuenta con los medios de defensa previstos en la ley, contra las determinaciones que estime incorrectas. Así, las circunstancias relatadas, en lo personal, me crean ánimo de aversión hacia el quejoso, pues se vale argumentos que, más allá del diferendo jurídico que tiene respecto de las resoluciones dictadas en juicio, atacan mi integridad personal y mi probidad como juzgadora. Esto, sin dejar de lado que el quejoso me atribuye conductas que, en todo caso, ni siquiera me correspondería afrontar, en virtud de que recientemente asumí el cargo como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, lo que, a mi parecer, constituye una conducta desleal y artera por parte del inconforme. Por otro lado, el hecho de que el quejoso haya presentado denuncia penal contra esta juzgadora, implica desgaste personal que conlleva la necesidad de acudir ante la representación social a responder los hechos denunciados y aportar elementos de prueba tendentes a controvertir una imputación, sobre todo porque se trata de imputaciones sin sustento que atentan contra mi persona. Es oportuno mencionar, además, que el pasado diecisiete de marzo de dos mil veintidós, me llegó requerimiento por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 Tepic del Estado de Nayarit, relativo a la carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000075/2022, en la cual se investiga la probable comisión del delito previsto en el artículo 215, fracción III del Código Penal Federal, en perjuicio de Eduardo Valencia Castellanos, por la cual me requirió información relativa a los juicios de amparo 1374/2013 y 65/2014, así como que remitiera diversas constancias de estos juicios. Al respecto, la atención a dicho requerimiento me provoca sobrecarga laboral y emocional que influye en mi estado físico, psicológico y personal, pues no obstante las elevadas cargas de trabajo que debo soportar por el ejercicio de la función judicial, aun debo coadyuvar con dicha investigación, pues a la vez que debo preparar mi defensa ante la acusación que la originó. Tampoco debe pasar inadvertido que, en su escrito, el inconforme enfatiza que, en adelante, enfocaría todos sus esfuerzos para que me destituyan, inhabiliten y encarcelen; lo que me genera gran sentimiento de inquietud, pues desconozco los alcances y maquinaciones del quejoso para realizar acciones en mi contra. Por otro lado, de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, advertí que el quejoso tiene relación en la tramitación de los impedimentos 1/2015, 4/2015, 3/2015, 9/2018 y 3/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, así como respecto de los impedimentos 1/2015, 8/2018, 5/2021, 7/2021 tramitados ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito Entre los impedimentos descritos, destaca el 8/2018, el cual deriva de la excusa planteada por Isaura Romero Mena, anterior Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit en el diverso juicio de amparo 65/2014; lo anterior, debido al planteamiento que el propio Eduardo Valencia Castellanos le hizo, relativo a que la juzgadora estaba afectada de imparcialidad, debido a que emitió diversas resoluciones que le resultaron adversas. Lo anterior, deja ver que el citado Eduardo Valencia Castellanos ha emprendido, de forma sistemática, increpar de imparcialidad a los jueces que conocen de los asuntos en los que está involucrado, por no recibir resoluciones favorables a sus intereses, lo cual me parece una conducta desleal que tiene como finalidad amedrentar a los impartidores de justicia. En esos términos, la suma las circunstancias narradas constituyen elementos corroborables que pueden derivar en riesgo de pérdida de imparcialidad, toda vez que, la suma de ellas, crean ánimo de animadversión de mi persona hacia el quejoso. De ahí que considero que, en el caso, se actualiza el motivo de impedimento previsto en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido el criterio emitido en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 38/2012 (10a.), consultable en el Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, página 469, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR ALGUNA DE LAS PARTES EN CONTRA DEL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS. De lo previsto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, se desprende que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37 de dicho ordenamiento legal, deben manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan si existe amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En ese sentido, se advierte que en relación con la presentación de una denuncia penal, existen tres supuestos que pueden ocurrir: a) que alguna de las partes en el juicio o sus representantes formulen una denuncia penal en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la Federación, ante el cual ha de desarrollarse o resolverse el juicio en que éstas se vean involucradas; b) que el juzgador denuncie a título personal a alguna de las partes o a sus representantes en un juicio de su competencia; y c) que el funcionario judicial comunique al Ministerio Público de la Federación hechos posiblemente constitutivos de delitos, cometidos por alguna de éstas. Al respecto, para efecto de acreditar la causa del impedimento a que se refiere el mencionado precepto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, cabe señalar, que en el caso de la denuncia formulada en contra del juzgador, por sí misma, es insuficiente para que se actualice el impedimento referido, pues su existencia no implica de manera patente e indubitable, que se actualice en éste un ánimo de aversión en contra de la parte en cuestión, así como tampoco que se haya visto mermada su imparcialidad, puesto que de ser invocada dicha causa de impedimento por alguna de las partes en el juicio, deberá probarse con los medios idóneos, ya que se trata de aspectos subjetivos atribuidos al juzgador; por otra parte, en aquellos casos en que el funcionario judicial hubiera denunciado a título personal a alguna de las personas que actúan en el proceso sujeto a su conocimiento, es suficiente la sola existencia de la delación de la probable comisión de hechos ilícitos constitutivos de responsabilidad penal formulada por él ante la autoridad persecutora, para acreditar que en el caso se ha mermado su imparcialidad; finalmente, cuando únicamente se trate de hacer del conocimiento de la autoridad investigadora de delitos, la posible comisión de un hecho que pudiera ser tipificado por la ley, como una obligación derivada de su función como juzgador, de modo alguno puede considerarse actualizado el impedimento, pues ésta deriva de su calidad como rector del proceso y como una exigencia derivada de las atribuciones encomendadas constitucional y legalmente, y de modo alguno de una cuestión personal que represente enemistad manifiesta". Sin embargo, si bien, la jurisprudencia invocada establece que la sola presentación de una denuncia penal por una de las partes contra el juzgador no implica la actualización del motivo de impedimento previsto legalmente como enemistad manifiesta, lo cierto es que dicho criterio surge de la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, vigente antes del tres de abril de dos mil trece, en la cual no se tenía previsto el motivo de impedimento consistente en la perdida de imparcialidad. De ahí que el criterio transcrito no es impedimento para invocar perdida de imparcialidad como motivo de impedimento, por las razones expuestas, previsto en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, en vista de las consideraciones expuestas en la presente excusa, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con sede en esta Ciudad, la excusa planteada por esta juzgadora, así como los medios de prueba que la sustenten, sin que por el momento haya lugar a remitir las constancias del juicio de amparo 1374/2013, en virtud de que estas se encuentran en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, a quien le fueron remitidas por virtud de la tramitación del diverso impedimento 3/2022, tramitado con motivo de recusación planteada por Eduardo Valencia Castellanos contra esta juzgadora. No obstante, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 46 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, quedará en suspenso el presente juicio, hasta en tanto se provea lo que corresponda en relación a la excusa planteada. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno que autoriza y da fe. Julia Esther

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