Eduardo Tovar Colunga

Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Tovar Colunga

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, al que transcribe el auto de uno de los presentes, del que se advierte, en lo que interesa, que acusa recibo del oficio por el que se le notificó el acuerdo de veintisiete de febrero de este año, y se le devolvió el original del toca ***** de su índice en un tomo. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento, para los efectos a que haya lugar. Vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de nueve de febrero del año en curso, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado en sentido contrario y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, devuélvanse a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, el original del toca de apelación ********** -solicitando el acuse de recibo correspondiente- y al Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, la copia certificada del expediente *********** en un tomo, respectivamente, por resultar innecesaria su conservación. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE PROMOVENTE

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso ****, el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, girado en el juicio de amparo directo 125/2023, por el que remite las constancias asentadas en la certificación que antecede. Ello, en virtud que ese órgano declaró que carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Eduardo Tovar Colunga. Acúsese recibo. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que se recibe. TOMOS DE PRUEBA Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense dos cuadernos de pruebas, (tomos I y II), correspondientes al expediente de origen. REGISTROSe ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno electrónico con el número 116/20231. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, de la revisión integral de la demanda se advierte que el quejoso se duele de lo siguiente: - La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca *****, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por la que se confirmó la audiencia de remate en primera almoneda celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el juicio especial civil hipotecario *****, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, En ese sentido, tocante al acto señalado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de remate, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, este requisito persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en el procedimiento de remate, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, la cual debe ser entendida como aquélla en que se ordena la entrega o la escrituración del bien inmueble rematado, de forma indistinta, con lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar su actualización. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2011474, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENESINMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Esto significa que la acción constitucional procede solo una vez que se ha declarado firme el remate y que, como efecto, el juez ordena que se lleve a cabo la escrituración correspondiente (tratándose de inmuebles) o la entrega de la posesión. Cualquier otra actuación anterior vinculada con el trámite del remate, se considera un acto intermedio que puede combatirse en amparo hasta que se emita aquella orden -de escrituración y/o entrega- pues es hasta ese momento que el particular puede ejercer la acción constitucional haciendo valer vicios de esa actuación y de todas las anteriores del procedimiento. Del análisis e interpretación conjunta y sistemática de la citada porción normativa, el invocado criterio jurisprudencial obligatorio así como de la ejecutoria de la cual deriva, se desprende justamente que la previsión legal de que en el remate, la procedencia del amparo por la vía indirecta se constriña a combatir la última resolución, como se dijo, se dirige a evitar la dilación y entorpecimiento del trámite. De esta forma, al identificar que el juicio constitucional procede hasta que se emita la determinación que en forma definitiva ordene la escrituración o entrega del bien ya adjudicado, se parte de que la adjudicación ha quedado firme y que esto se materializa a través de la orden respectiva de escriturar o entregar la posesión. Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, y de las constancias allegadas por la Sala responsable, consisten en los siguientes: 1. La parte promovente es demandada en el expediente ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. 2. Seguido que fue el juicio en sus trámites legales, se condenó a la parte demanda a pagar a favor de la parte actora. 3. En la etapa de ejecución de sentencia, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia de remate en primera almoneda sobre el bien inmueble del aquí promovente, se decretó la adjudicación y se precisó que una vez que esa diligencia causara estado, se requiriera a la ejecutada por la escrituración correspondiente. 4. Diligencia contra la que el solicitante del amparo interpuso recurso de apelación, resuelto el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro de los autos del toca ****, que confirmó dicha diligencia (que tuvo al actor por adjudicándose el bien inmueble rematado y ordenó que una vez que causara estado dicha actuación, se emitiera requerimiento al aquí promovente sobre la escrituración). Resolución que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que el juicio de origen se encuentra en procedimiento de remate, sin embargo, en este caso la determinación reclamada no corresponde a la última en esa etapa, ya que con la ejecutoria de apelación causó estado la diligencia de remate y, de acuerdo con lo expresamente acordado en ella, se requiere que posterior a ello, se haga el requerimiento de escrituración a la parte ejecutada. Entonces, la sentencia que se impugna en este juicio no corresponde a la "que en forma definitiva orden el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados". En efecto, la resolución reclamada corresponde a la etapa de remate dentro del juicio de origen, pero no es la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura ni la entrega del bien, pues solo se trata de la firmeza de la diligencia de remate en su primera almoneda en la que se declaró fincado el remate del inmueble que defiende el promovente a favor de la adjudicataria y condicionó a que una vez que causara estado dicha diligencia, se requiriera al aquí promovente para que otorgara a favor de la adjudicataria la escritura correspondiente. Entonces, esa sentencia es un acto intermedio en la etapa de remate. Es así, porque el remate de bienes embargados o hipotecados se integra por varias actuaciones que de acuerdo con la Ley de Amparo se colma con la orden definitiva, específica y directa de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte alguna de esas determinaciones, cuando la parte promovente podrá acudir al juicio biinstancial, en tanto que la definitividad de la resolución a la que se refiere el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aunado a que la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. Lo que incluso se vincula con que el procedimiento de remate tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución que, en el caso, será la orden de entrega del bien rematado o su escrituración; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve es improcedente. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, si bien el acto reclamado puede causar alguna afectación a los derechos sustantivos del promovente, dicha circunstancia no hace procedente la presente instancia constitucional, en tanto que aquél versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, pues tiene como objetivo dar cumplimiento a la condena impuesta al demandado, aquí quejoso, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En conclusión, el acto reclamado no causa una afectación irreparable y como se vio, tampoco es el último en el procedimiento de remate porque gira en torno al cumplimiento de lo sentenciado, por lo que, de ningún modo puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que, en su caso, ordene forzosamente la entrega o escrituración de los bienes rematados. Por tanto, se concluye que el amparo promovido es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo y, como consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES El promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?page Name=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, de su libelo accionario se desprende que el solicitante del amparo, señaló tener domicilio en esta ciudad; por tanto, a efecto de no conculcar derechos procesales, por única ocasión, se comisiona al actuario de esta adscripción que corresponda para que se constituya en el domicilio que indicó y notifique al promovente de referencia el presente auto. AUTORIZADO Del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que la parte promovente haya designado a persona alguna con ese carácter. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por así solicitarlo la parte promovente, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LAINFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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