Eduardo Torres Villafuerte
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Torres Villafuerte
Actuaciones
- Principal
VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.
- Principal
VII... Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo ... por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 70/2022-VII. En ese orden, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que restringe la prosecución del juicio de amparo cuando el acto tildado de inconstitucional constituya una resolución dictada en un proceso constitucional, o bien, se pronuncie en ejecución de una sentencia protectora de derechos fundamentales. Del análisis a la demanda se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en: la sentencia de once de enero de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable, donde se ordena el cambio de guarda y custodia provisional, se decreta una pensión alimenticia y el régimen de visitas y convivencias, lo anterior dentro de la controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, expediente 1991/2019. En ese tenor, es pertinente señalar como un hecho notorio que en este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, se tramitó el juicio de amparo número 220/2021-IV, promovido por Lorena Abigail Juárez Madrigal, donde fue tercero interesado el aquí quejoso Eduardo ... Con el propósito de exponer por qué se concretiza el supuesto legal que imposibilita la procedencia de este controvertido constitucional, es necesario hacer una reseña de los antecedentes que originaron la emisión de los actos combatidos, los cuales se extraen de la demanda de amparo, así como de los que se asentaron al dictar la sentencia en el juicio de amparo 220/2021-IV, del índice de este juzgado. 1) Al quejoso le reviste la calidad de parte actora, dentro de la controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, expediente 1991/2019, radicado ante el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. 2) Con motivo de que el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dictó la interlocutoria de cinco de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación que interpuso Lorena Abigail Juárez Madrigal -demandada en el citado expediente-, contra la medida provisional de guarda y custodia emitida en esa misma fecha, que le fue negada en el expediente 1991/2019, relativo al juicio sobre el estado civil de las personas y el derecho de familia, la citada promovió juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado en este órgano de control constitucional con el número 220/2021-IV. 3) El indicado proceso garante de derechos humanos se resolvió en el sentido de conceder la protección solicitada, por lo que, entre otros efectos de esa determinación, se conminó al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para que dejara sin efectos la medida provisional de guarda y custodia y régimen de visitas decretadas en la audiencia de la misma fecha. Asimismo, emitiera una nueva determinación donde decretara la guarda y custodia del infante de iniciales A. I. T. J., a favor de la quejosa Lorena Abigail Juárez Madrigal, por la razones expuestas y hacer el pronunciamiento respectivo en relación a la pensión alimenticia en favor del menor y el régimen de convivencias respecto del allá tercero interesado Eduardo Torres Villafuerte -actor en el citado expediente-. 4) En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 220/2021-IV, se requirió al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, el cumplimiento a la sentencia de amparo al haber causado ejecutoria. 5) En atención a dicho requerimiento, el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución de once de enero de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la determinación de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 1991/2019; igualmente dejó sin efectos la medida provisional de guarda y custodia y en su lugar, la otorgó de manera provisional a la ahí quejosa Lorena Abigail Juárez Madrigal. 6) Posteriormente, decretó un régimen de visitas y convivencias entre el tercero interesado, aquí quejoso Eduardo Torres Villafuerte y su menor hijo. Como es dable advertir, el acto reclamado se dictó en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto número 220/2021-IV del índice de este juzgado; es por ello, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. En efecto, según quedó asentado, el referido precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia de amparo y, en el caso concreto, la autoridad responsable se encuentra vinculada a los efectos de la sentencia dictada en el amparo 220/2021-IV de la propia estadística, en la que se le conminó de manera concreta a dejar sin efectos la medida provisional de guarda y custodia y régimen de visitas decretadas; en su lugar, emitiera una nueva determinación donde decretara la guarda y custodia del infante de iniciales A. I. T. J., a favor de la quejosa Lorena Abigail Juárez Madrigal, por la razones expuestas, así como a pronunciarse en relación a la pensión alimenticia en favor del menor y un régimen de convivencias. En esas circunstancias, es evidente que la responsable no emite consideraciones propias con plenitud de jurisdicción respecto a la modificación de la guarda y custodia provisional, que es lo que toralmente ataca el hoy quejoso, y que amerite un nuevo análisis por el suscrito; es decir, en casos en los que la autoridad responsable no hace más que sostener las consideraciones prefijadas y jurídicamente sustentadas por la autoridad de amparo que en cumplimiento de una ejecutoria hizo, es claro que no existe un tema novedoso que se pudiera analizar cuando se interpone un segundo amparo para combatirlas, como en la especie sucedió. Lo anterior es así, toda vez que la disposición en análisis se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que necesariamente tiene que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, por lo que el nuevo amparo que se intente en contra del actuar de la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues darle cabida al nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional. Circunstancia que en el caso concreto se actualiza, ya que en cumplimiento al fallo protector dictado por este órgano jurisdiccional, el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, dejó insubsistente la determinación de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio 1991/2019; igualmente dejó sin efectos la medida provisional de guarda y custodia y en su lugar, otorgó de manera provisional la misma a la quejosa Lorena Abigail Juárez Madrigal. Posteriormente, decretó la pensión alimenticia provisional y un régimen de visitas y convivencias entre el actor Eduardo Torres Villafuerte y su menor hijo. De lo que se deduce que el acto ahora reclamado obedece a la orden dada a la responsable en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo a que se ha hecho referencia. Cabe precisar que si se autorizara la interposición del juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que la autoridad judicial emite un acto en cumplimiento de una sentencia de amparo que le resulta totalmente vinculatoria, se estaría planteando el análisis de la sentencia de amparo en sí, a través de un segundo proceso garante de derechos humanos, sin que exista un planteamiento diverso qué abordar al analizado previamente por el órgano de control constitucional. Por consiguiente, es inconcuso que el acto reclamado en este juicio de garantías fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada en un diverso juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción IX, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el boletín judicial que señala no es un medio reconocido para oír y recibir notificaciones en la ley que rige la materia. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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