Eduardo Torres Porras
Expediente 950/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Eduardo Torres Porras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, en primer término, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió al quejoso para ratificar el escrito presentado ante este juzgado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desistía del presente juicio de amparo, toda vez que el citado acuerdo se le notificó por medio de lista el dieciséis de octubre del año en curso, surtió efectos el diecisiete siguiente y transcurrió del dieciocho al veinte de octubre de la actual anualidad, sin que hubiera comparecido a ratificar dicho escrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la citada resolución y se le tiene por no desistido, continuando con el trámite de este juicio constitucional. Así mismo, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 06 DE OCTUBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual se desiste del presente juicio de garantías. En ese sentido, tomando en consideración la naturaleza del desistimiento en cuestión, las consecuencias que acarrea y el hecho de que con el mismo se contravienen los intereses que pueda tener la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al quejoso para que en un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual se desiste del presente juicio de garantías. En ese sentido, tomando en consideración la naturaleza del desistimiento en cuestión, las consecuencias que acarrea y el hecho de que con el mismo se contravienen los intereses que pueda tener la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al quejoso para que en un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ratifique el escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se detallan: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 950/2017-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Eduardo Torres Porras, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, Eduardo Torres Porras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables a las siguientes: a) ORDENADORAS 1. Ciudadano Agente del Ministerio Público titular de la mesa tres de investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional. 2. Ciudadano Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 3. Ciudadano Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 4. Ciudadano Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 5. Ciudadano Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 6. Ciudadano Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 7. Ciudadano Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 8. Ciudadano Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) 9. Ciudadano Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (.) b) EJECUTORAS 10. Fiscal General de Justicia en el Estado de Puebla. 11. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Puebla. 12. Directora de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla. 13. Director de Asuntos Metropolitanos de la Procuraduría General de Justicia de Puebla. (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Señalo como actos reclamados los siguientes: a).- La falta, retardo u omisión de dictar acuerdo por escrito que recaiga a mi escrito presentado con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por virtud del cual mi defensor particular solicitó se señale día y hora para que tenga verificativo el desahogo de un interrogatorio al denunciante, acordado en autos de la averiguación previa número 1934/2015/SUR. b).- La consignación de la averiguación previa número 1934/2015/SUR, radicada en la Agencia del Ministerio Público, la mesa tres de investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional de la Ciudad de Puebla. c).- La orden de búsqueda, aprehensión y detención librada en mi contra a fin de privarme de mi libertad personal y de que sea puesto a disposición con de las autoridades mencionadas con antelación, derivado de la consignación de la averiguación previa número 1934/2015/SUR, radicada en la Agencia del Ministerio Público, la mesa tres de investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional de la Ciudad de puebla. V.- De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo: d).- La ejecución que pretendan darle a la orden de búsqueda ,aprehensión y detención o comparecencia librada en mi contra a fin de privarme de mi libertad personal y de ser puesto a disposición de la ordenadora, a que se refiere el inciso c), del presente ocurso." (foja 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 8 a 12), se registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 950/2017-D y se admitió a trámite la demanda de garantías, con incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas fojas 25 a 27). TERCERO. Cita para audiencia. En el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 8 a 12), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que el quejoso, esencialmente, reclama lo siguiente: De la 1. Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Tres de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, lo siguiente: I. La falta, retardo u omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en autos de la averiguación previa número 1934/2015/SUR; II. La consignación de aquella indagatoria; De los Jueces Primero a Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, así como Fiscal General del Estado de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y Director de Asuntos Metropolitanos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, lo siguiente: III. La orden de presentación o comparecencia emitida por un Juez Penal; y, IV. La orden de aprehensión o reaprehensión girada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes justificados, manifestaron lo siguiente: No. Orden Autoridades responsables Sentido del informe Foja 1 1. Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Tres de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional Niega 45 2 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 28 3 Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 29 4 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 30 5 Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 31 6 Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través de la Secretaria de Acuerdos. Niega 32 7 Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 33 8 Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 34 9 Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 35 10 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de la Directora de Mandamientos Judiciales. Niega 36 11 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 37 12 Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega 38 13 Director de Asuntos Metropolitanos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 42 I. Inexistencia y sobreseimiento. En relación con los actos reclamados identificados con las fracciones II, III y IV precisados en el considerando que antecede, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Tres de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto reclamado consistente en: "I. La falta, retardo u omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en autos de la averiguación previa número 1934/2015/SUR" (foja 45). Sin embargo, de las constancias que remitió como justificante a su informe, consistentes en las copias certificadas deducidas de la indagatoria 1934/2015/SUR -documental con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°- se advierte que, efectivamente, a la presentación de la demanda (dieciocho de agosto de dos mil diecisiete), la autoridad responsable no había notificado a la parte quejosa el auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que contenía la respuesta que la autoridad responsable dio al escrito de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, depositado por el quejoso ante la autoridad responsable. Por tanto, al momento de la presentación de la demanda, el quejoso no conocía la respuesta que la autoridad responsable dio a su petición, por lo que se desvirtúa la negativa del acto que se le reclama y se tiene como cierto. Resulta aplicable al caso la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, al ser el acto reclamado de naturaleza omisiva, se traduce en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el término genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse aquellos de actos omisivos que crean una afectación permanente mientras se subsanan, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: La falta, retardo u omisión de dictar el acuerdo que recaiga al escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en autos de la averiguación previa número 1934/2015/SUR, en el cual, medularmente, solicitó a la autoridad responsable que se señalara nuevo día y hora para el desahogo del interrogatorio solicitado por dicha parte procesal. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Tres de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, y de las constancias remitidas como justificante a su informe (fojas 45 a 52), se aprecia que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Por acuerdo emitido el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la la averiguación previa número 1934/2015/SUR, tuvo al aquí quejoso, a través de su defensor particular, realizando las manifestaciones contenidas en el escrito fechado el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (depositado ante la autoridad responsable el uno de febrero siguiente); y, ordenó girar citatorio al indiciado en la indagatoria de mérito, para que compareciera a las diez horas del treinta de agosto de dos mil diecisiete, al desahogo de una diligencia consistente en el interrogatorio ofrecido por la defensa del indiciado en la indagatoria de mérito. Resolución que notificó al peticionario de garantías el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. (foja 50 vuelta). Por tanto, con la emisión del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso, y su correspondiente notificación, se han destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el mencionado acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del promovente del amparo, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por tanto se sobresee en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, la suscrita Juzgadora Federal se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Torres Porras, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
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