Eduardo Torres Nepomuceno
Expediente 1085/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eduardo Torres Nepomuceno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, con las constancias del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. A fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias, que le fueron requeridas mediante acuerdo de quince del mes y año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto:.....
- Principal
Glósese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el alegato ministerial número 251/2017, presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, sin perjuicio de que sea tomado en consideración en la etapa procesal oportuna. Por otra parte, en relación a su petición de expedirle copia de la resolución que se dicte; dígasele que una vez se emita la misma, se proporcionará lo solicitado. En otro orden, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que dicha autoridad, no remitió las constancias relativas al juicio natural; en consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita en copias certificadas debidamente legibles y autorizadas de las constancias correspondientes a los escritos presentados por la parte quejosa el diez de noviembre del año próximo pasado, el diecinueve de mayo y el diecisiete de agosto del año en curso, derivados del expediente laboral 1028/2006 y sus acumulados 114/2007 y 242/2008, toda vez que resultan indispensables para el estudio del fondo del asunto; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 260, fracción II, de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." A fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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