Eduardo Torres Flores

Expediente 302/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
302/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Torres Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio 792/2016 de cuenta, que signa el ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en once de agosto del presente año, en la cual se calificó de legal el impedimento planteado por éste órgano jurisdiccional, remitiéndose los autos originales del juicio 302/2016, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuadernillo de antecedentes como totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno. Por último, se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso II y III, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO. N O T I F Í Q U E S E.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio 911/2016-III de cuenta, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, quedando enterado este Juzgado que el doce de julio del año en curso, ese Tribunal admitió a trámite el impedimento de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de garantías, el cual quedó registrado con el número 13/2016. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la notificación personal que antecede, realizada con esta fecha por la Actuaria Judicial Adscrita, al licenciado Alejandro García Martínez, Defensor Público Federal del quejoso Eduardo Torres Flores, sentenciado en la causa penal 172/2015-A del índice de este Juzgado, de la que se desprende que el citado defensor expresamente manifestó que se desiste de la demanda de amparo presentada el veinticuatro del presente mes y año, debido a que, dijo, cesó el acto reclamado, en virtud de que ya se pronunció la resolución cuya falta de determinación, constituyó el mencionado acto. Atento al párrafo que antecede, no lugar de acordar de conformidad, toda vez que por proveído de veintisiete de los corrientes, este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer del presente juicio de garantías, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Ampro; por tanto, no corresponde a este Juzgador emitir la determinación que le recaiga al desistimiento que hace el defensor del mencionado sentenciado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo de cuenta, formulada por el licenciado Alejandro García Martínez, Defensor Público Federal del quejoso Eduardo Torres Flores, dentro de la causa penal 172/2015-A, contra actos de este órgano jurisdiccional, fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 302/2016. Ahora bien, previo a realizar pronunciamiento legal respecto a la admisión de la demanda, debe decirse que de la certificación de cuenta, se considera justificado el impedimento establecido en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, el que dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] IV. Si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; [.]". De dicha transcripción se advierte que el precepto aludido se refiere a las causas de impedimento para conocer de los juicios en que intervengan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, cuya finalidad es apartar del conocimiento de un asunto a un juzgador cuando la imparcialidad se encuentra menoscabada; por tanto, la naturaleza del impedimento estriba en la parcialidad que en él presume la ley. El análisis de la invocada porción normativa, también permite advertir que son dos las hipótesis que dan lugar a que un funcionario judicial federal deba considerarse impedido para conocer de un juicio de amparo: a) Tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo; y, b) Haber emitido en otra instancia o jurisdicción, la resolución impugnada. Acotados tales supuestos, debe decirse que la primera hipótesis nombrada es la que constituye la materia del actual impedimento, la cual adverso a la generalidad de las causas de impedimento, se advierte que tiene en consideración primordial a las autoridades responsables; esto es, al órgano jurisdiccional así señalado en una demanda de amparo y no exclusivamente a la persona que es titular o encargada del mismo, es decir, tiene en cuenta un criterio objetivo y no subjetivo, atendiendo al tribunal del que deriva el acto reclamado con independencia del individuo que lo haya suscrito, porque aun cuando este último cambiara, ese mismo ente judicial conocería de una resolución impugnada que ahí fue emitida. En ese orden, se establece que, como se dijo, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza el impedimento contemplado en el artículo 51, fracción IV de la Ley de Amparo, por los razonamientos lógicos jurídicos y fundamentos de ley que se abundarán mediante el oficio y constancias que deriven de este auto, por lo que se ordena hacer la anterior situación de manera pormenorizada del conocimiento del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para que se sirva calificar el impedimento planteado y en su caso, determinar qué órgano jurisdiccional deberá conocer de este juicio de amparo; para tal efecto, remítase el cuaderno original en que se actúa y copias simples que anexó la parte quejosa, debiendo integrarse lo que aquí se proveyó al cuaderno de antecedentes correspondiente. Atento a lo anterior notifíquese personalmente el presente proveído a el licenciado Alejandro García Martínez, Defensor Público Federal del hoy quejoso Eduardo Torres Flores, dentro de la causa penal 172/2015-A, en el domicilio ubicado en la Oficina de Defensoría Pública Federal, ubicada en calle Obregón y Cuarta número 389, Altos, zona centro de esta ciudad. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE EN SUS TÉRMINOS.

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