Eduardo Suarez Peña

Expediente 1415/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1415/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Suarez Peña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Célula IV-6, con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1415/2021-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia subsiste porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Los extremos apuntados se actualizan en el caso de nuestra atención, porque este juzgador considera que este juicio es improcedente contra el acto reclamado, porque la quejosa omitió observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en tanto que no agotó el remedio procesal que la ley prevé contra una determinación de la naturaleza que se destacó en párrafos precedentes. En efecto, conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el principio de definitividad que ahí se establece consiste en la obligación de quien se considera agraviado con el acto de autoridad, de agotar todos y cada uno de los recursos, juicios o medios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, siempre que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. No obstante, esa obligación no es exigible cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña a juicio típica o por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la resolución definitiva, pues en caso contrario, se entiende que el afectado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a interponer o promover los medios de defensa que la ley que rige el acto pone a su disposición. Ahora bien, en la especie la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión del agente del Ministerio Público de negarse a realizar las detenciones en flagrante delito continuo derivado de la carpeta de investigación FED/HGO/0002168/2020 del índice de la Fiscalía General de la Republica con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Cabe mencionar, que la inconforme merece el carácter de víctima en la carpeta de investigación aludida, lo que significa que tiene legitimación para impugnar aquellos actos que estime lesivos de su derecho fundamental a conocer la verdad de los hechos que se investigan y, eventualmente, obtener la reparación del daño; por ende, puede afirmarse que es parte en el procedimiento penal. Ante esas circunstancias, resulta evidente que el peticionario del amparo se encuentra obligado a agotar los recursos o medios de defensa que el Código Nacional de Procedimientos Penales le ofrece para defender sus intereses, si considera que se cometió alguna irregularidad en su contra o que el fiscal no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones; pues no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa metaprocesal únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En ese tenor, esta juzgadora federal estima que si de lo que se duele el solicitante del amparo es, como ya se dijo, de la omisión de solicitar al juez de control audiencia para la formulación de imputación o en su caso de emitir orden de aprehensión contra el imputado (s), entonces, antes de promover el juicio de amparo debió acudir ante el juez de control, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese sentido, conforme a dicho precepto la quejosa está en posibilidad de acudir ante el juez penal competente, a efecto de someter a control la omisión que atribuye al agente del Ministerio Público; tanto más si se tiene en cuenta que la víctima tiene derecho a impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en términos de la fracción XXI del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual evidentemente debe hacerse ante el juez de control correspondiente, quien tiene facultades para analizar la conducta de la autoridad investigadora y en consecuencia conminarlo a que actúe de acuerdo a sus facultades. Por tanto, se reitera, si en el caso a estudio la quejosa tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo debe acudir ante el juez de control a impugnar las irregularidades que asegura se están cometiendo. Lo anterior es así, y se toma en consideración el criterio que se ha sostenido rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad, de manera limitativa, de que la víctima u ofendido pueda impugnar ante el Juez de Control actuaciones puntuales de la representación social, siendo éstas la determinación sobre la abstención de investigar, el archivo temporal de la indagatoria, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", realizó una interpretación armónica del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y concluyó que no solamente son impugnables ante el Juez de Control las determinaciones contenidas en el artículo 258 citado, las cuales tienen como objeto paralizar, suspender o terminar una investigación, sino también las omisiones en las que incurra la representación social durante la indagatoria ministerial, puesto que éstas suponen la paralización de su función investigadora. Por tanto, las conductas de la representación social que pueden impugnarse por la víctima u ofendido durante la etapa de investigación, se encuentran perfectamente delimitadas por el artículo 258 señalado (la determinación sobre la abstención de investigar, el archivo temporal de la indagatoria, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal), así como por la jurisprudencia referida (omisiones ministeriales). Sin embargo, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la negativa de la autoridad ministerial de permitir acceder a la indagatoria de mérito a la víctima o al ofendido, el resolutor constitucional no puede desechar la demanda, bajo la premisa de que no se agotó el principio de definitividad, por no promover el recurso previsto en el artículo 258 citado, toda vez que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia de ese recurso, ni deriva de la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.)." En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por el peticionario del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime si no se está en presencia de alguna hipótesis de excepción. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida, de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo presentada por Eduardo Suarez Peña, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la Materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, esto es, las listas que se fijen en los estrados de este órgano federal y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cirilo Martínez Vergara, esto por no contar con registro de su cedula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito. Finalmente, proporciona como forma especial y expedita de contacto un número telefónico y correo electrónico, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. PRECISIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente por lista al quejoso por así haberlo señalado

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano